Demandamos al Gobierno de la Ciudad por los rechazos que enfrentan niñas/os con discapacidad en escuelas privadas

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) con el patrocinio de la Clínica Jurídica de Interés Público y Derechos Humanos del Centro de Derechos Humanos (CDH) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, presentó ante la justicia un amparo colectivo contra el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que se adopten las medidas necesarias para evitar los rechazos de inscripción por motivos de discapacidad en escuelas comunes de gestión privada.

Mediante esta acción judicial, ACIJ y la Clínica del CDH denuncian que las escuelas comunes privadas de la ciudad rechazan sistemáticamente la inscripción y reinscripción de niñas, niños y adolescentes debido a su discapacidad, y que el gobierno porteño omite controlarlas y sancionarlas. De los testimonios de personas con discapacidad y sus familias incluidos en la demanda, surge que estas instituciones utilizan diversos argumentos para fundar su negativa, como la inexistencia de vacantes, la imposibilidad de las/os niñas/os para adaptarse a las exigencias de la escuela y la falta de personal idóneo para llevar adelante el proceso de inclusión, entre muchas otras. Una de las personas que dio su testimonio para la acción judicial, manifestó: “Ya nos ganó el tiempo, por más que en su momento nos dirigimos a unas 80 escuelas en CABA y me haya comunicado con unas cinco aproximadamente en Provincia. Pero desafortunadamente no hay escuelas comunes que lo reciban”. 

La niñez con discapacidad tiene derecho a educarse en escuelas comunes con el resto de las/os niñas, niños y adolescentes. Este derecho está garantizado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que Argentina ratificó en el año 2008 y que goza de jerarquía constitucional desde 2014. Dicho tratado establece en su artículo 24 que los Estados deberán asegurar un sistema de educación inclusivo en todos los niveles y prohíbe expresamente que las personas con discapacidad sean excluidas del sistema general de educación. La normativa nacional y local de CABA también prohíbe el rechazo de la inscripción o reinscripción de un/a estudiante por motivos de discapacidad. A su vez, los organismos internacionales de derechos humanos han sido contundentes en que todas las escuelas, incluidas las privadas, deben respetar el derecho a la educación inclusiva y que los Estados tienen la obligación indelegable de garantizar que efectivamente lo hagan.

Aunque el Ministerio de Educación porteño tiene entre sus funciones la de controlar y sancionar a las escuelas, no adopta las medidas necesarias para asegurar el acceso de las/os alumnas/os con discapacidad a escuelas privadas comunes. De este modo, el Gobierno de la Ciudad tolera y agrava las violaciones sistemáticas del derecho a la educación inclusiva. Actualmente, no existen mecanismos efectivos e independientes que permitan a las personas con discapacidad y sus familias reclamar frente a un rechazo de matriculación basado en la discapacidad, ni se imponen sanciones a las escuelas comunes de gestión privada que discrecionalmente lo hacen.

Producto de la omisión sistemática de fiscalización por parte de aquellos encargados de velar por el cumplimiento del derecho a la educación inclusiva, discriminar a niñas, niños y adolescentes con discapacidad en el ingreso a la educación común hoy no tiene ningún costo. En ese contexto, la justicia tiene el deber y la oportunidad de revertir esta situación obligando a las autoridades de CABA a ejercer su función de control y a diseñar e implementar políticas públicas adecuadas para que las/os estudiantes con discapacidad puedan acceder en igualdad de condiciones a la escuela común, primera condición para el efectivo ejercicio de su derecho a la educación inclusiva.