Por Olivia Sohr (@olisohr)
La ACIJ relevó el nivel de acceso a las declaraciones juradas de los funcionarios provinciales. Sólo seis jurisdicciones cumplen con la normativa nacional de libre acceso.
En doce provincias las declaraciones juradas tienen carácter secreto, es decir que no se puede acceder a ellas sin una orden judicial. En otras seis provincias el acceso es restringido, y, por ejemplo, hay que demostrar interés legítimo para acceder a ellas. En sólo seis jurisdicciones el acceso a las declaraciones es libre para cualquier ciudadano que lo pida.
Estas son las conclusiones de un relevamiento realizado por la Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia (ACIJ) sobre las diferentes normas provinciales, que analizó la repercusión de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Esta fue sancionada hace 15 años y estableció el libre acceso a las declaraciones juradas de los funcionarios públicos a nivel nacional.
El acceso a la información pública está garantizado en la Constitución Nacional en forma expresa desde 1994, en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 19 del pacto de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
“Declaraciones juradas claras, completas e integrales permiten alcanzar una mayor transparencia en la función pública, garantizar una efectiva rendición de cuentas gubernamental, así como prevenir y combatir la corrupción”, advierte el informe.
A nivel nacional la Ley 26.857, sancionada en mayo de 2013, cambió el formato y la modalidad de las declaraciones de los funcionarios del Poder Ejecutivo. Estas tienen menos información que antes (ya no están los patrimonios de los cónyuges o los ingresos por otras actividades) y están disponibles on line.
Las declaraciones juradas en su formato actual sólo permiten ver el crecimiento patrimonial declarado y algunos posibles conflictos de interés a través de las participaciones en sociedades y deudas (ver: Declaraciones, bienes e inversiones del gabinete nacional).
La normativa también incluyó al Poder Legislativo y Judicial, aunque éste último estableció su propio sistema (ver “¿Y los bienes de los jueces, fiscales y defensores?” y “El patrimonio de los legisladores que aspiran a la Presidencia”).