Cerramos la semana Presupuesto y Derechos 2019

Te compartimos algunas de las observaciones que surgieron, y te invitamos a seguir discutiendo hasta que el Congreso defina la asignación de recursos para el 2020. 

Durante la quinta edición de la “Semana Presupuesto y Derechos” dialogamos con organizaciones, activistas y periodistas para analizar el proyecto de Presupuesto que presentó el Poder Ejecutivo al Congreso, definir acciones de incidencia y discutir otras propuestas de política pública para que en 2020 la asignación presupuestaria permita garantizar los derechos. 

El diálogo en las mesas de trabajo y el análisis de diferentes políticas públicas, nos llevó a reflexionar sobre la transparencia presupuestaria y las medidas necesarias en este contexto de austeridad y crisis y concluimos que:

Es necesario y urgente fortalecer la inversión en las políticas públicas de las que dependen los derechos. Tal como señaló el Comité de DESC en sus observaciones finales para  Argentina, en contextos de crisis debe analizarse especialmente el impacto en la garantía de los DESC de las medidas de contingencia y debe fortalecerse la inversión en políticas sociales y la planificación presupuestaria para asegurar el mejor uso de los recursos.

La transparencia presupuestaria es fundamental para monitorear la correcta ejecución de las políticas públicas. En los últimos años se han anunciado numerosos  planes nacionales que involucran la articulación de diferentes ministerios o agencias, para fortalecer el trabajo en ciertas áreas. Los planes nacionales contra la Violencia de Género, para la Prevención del Embarazo Adolescente, para la Primera Infancia y Tres Mil Jardines, son algunos ejemplos de políticas cuyos anuncios no se reflejan claramente en las partidas presupuestarias asociadas, dificultando el correcto monitoreo de sus acciones y su implementación. El Congreso debe promover mayores niveles de claridad en la identificación de las acciones previstas en el presupuesto nacional, para posibilitar un debate informado y profundo.

Persiste una preocupante práctica de reasignación y sub-ejecución de partidas. Esto preocupa especialmente cuando conduce a desconocer las asignaciones realizadas por el Congreso al cumplimiento de derechos humanos, en el proceso de debate parlamentario. Es necesario asegurar mecanismos adecuados que permitan intervenciones a lo largo del ciclo presupuestario, para corregir los desvíos que llevan a desconocer el mandato legal en materia de presupuesto. 

Este año, el proceso electoral genera características particulares para el debate presupuestario. El proyecto del Poder Ejecutivo fue elaborado y presentado poco tiempo antes de las elecciones nacionales, y especialistas refieren que su contenido puede variar sustancialmente según el resultado electoral y la definición de las variables económicas, que sufrieron fuertes cambios después de las PASO. En cualquier caso, será clave la discusión que se pueda dar en el Congreso, y los cambios que se discutan y definan en esa instancia.  

Para comenzar a discutir, te dejamos algunos datos sobre la medida en que la asignación y ejecución presupuestaria contribuye a garantizar los derechos: 

Junto con organizaciones de género y diversidad, activistas, periodistas y asesoras legislativas analizamos las partidas propuestas y la inversión a lo largo del tiempo para eliminar la violencia de género, asegurar políticas de cuidado que promuevan la igualdad y garantizar el derecho de las y los adolescentes a la salud sexual y reproductiva. Observamos con mucha preocupación que el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (PNA) contaría con un 78% menos de presupuesto que el planeado para 2019, y la proyección para el Instituto Nacional de las Mujeres no alcanza a revertir la tendencia decreciente de los últimos dos años, ya que sigue estando un 24% por debajo -en términos reales- del presupuesto vigente para el año 2017. En lo que va del año, el PNA sólo ejecutó el 4% de los fondos disponibles y el Programa “Protección de Víctimas de Violencia” un 10%.

Nos reunimos con activistas, investigadoras, y asesores del poder legislativo para discutir cómo poner un freno a la regresividad en la política para la prevención y el control del Chagas en Argentina. A pesar de ser la mayor enfermedad endémica en nuestro país, que afecta a miles de niñas y niños que lo contraen durante la gestación por transmisión congénita, y a millones de personas expuestas a adquirir el parásito que genera la enfermedad por transmisión vectorial, el Estado Argentino lleva años reduciendo de forma constante la inversión financiera y las acciones que se propone para controlar esta enfermedad. Para 2020 el proyecto estima acciones y recursos en un 60% menos que en 2018, a pesar de haber su notoria insuficiencia. Durante el debate identificamos la necesidad urgente de contar con políticas adecuadas de educación y comunicación, y una mejora sustancial en las políticas de vigilancia y fumigación, así como de detección de casos de transmisión vertical y tratamiento. 

Junto con las organizaciones que integran el colectivo Infancia en Deuda, referentes, especialistas y activistas por los derechos de niñas, niños y adolescentes analizamos el cumplimiento de los criterios de intangibilidad y progresividad de la inversión en infancia. La clase política argentina tiene una deuda con la infancia: el 52,8% de niñas y niños de hasta 14 años, transitan su infancia en situación de pobreza. La AUH sólo cubre el 77% de la Canasta Básica Alimentaria, que determina si una persona vive en la indigencia, con lo que no permite garantizar el derecho más básico a la alimentación. 

Las políticas de cuidado para la primera infancia se caracterizaron por la reducción de sus fondos, la subejecución de partidas y una implementación mucho menor de la planificada. La subejecución de los recursos destinados a Espacios de Primera Infancia superó el 50% de los recursos disponibles desde 2016 y en 2019 el presupuesto se redujo un 73% con respecto a 2017. Para 2020 se sostiene esta reducción. Algo similar sucede con el Programa de Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles: a pesar de haberse anunciado la construcción de 3.000 jardines, en 2018 la sub-ejecución presupuestaria fue del 66% sobre el presupuesto original y se re-asignó la mitad del presupuesto. A esto se suma la grave reducción de objetivos para los años 2019 y 2020: la cantidad de aulas proyectadas se redujo a la cuarta parte en relación a las que se harían en 2018 y para 2020 la caída presupuestaria con respecto a 2018 es de un 68%. Las familias necesitan espacios educativos y de cuidado que promuevan y garanticen los derechos de niñas y niños, y permitan a las familias desarrollarse económicamente, facilitando el derecho a las mujeres a acceder a trabajos remunerados. 

En materia de salud mental comunitaria, se observa que a pesar de que la Ley de Salud Mental obliga al Estado a destinar el 10% del presupuesto nacional de salud a salud mental, este porcentaje no alcanza el 1% y se sostiene la reducción y sub-ejecución de los recursos destinados al apoyo y la promoción de la salud mental. A su vez, la mayor parte del presupuesto de los hospitales monovalentes nacionales se destina al sostenimiento de la internación psiquiátrica en lugar de dirigirse a transformar estos centros, asistir a las personas en su externación y cumplir con la ley. 

También identificamos una caída del presupuesto para financiar las pensiones destinadas a personas con discapacidad y la merma de las metas físicas. Las pensiones a otorgar en 2020, si no cambian el proyecto, serán la meta más baja al menos desde 2015. Esta situación es sumamente grave si se considera que las pensiones son el único ingreso con el que cuentan muchas personas con discapacidad para su supervivencia, poniendo en riesgo sus derechos y la satisfacción de sus necesidades básicas. 

El presupuesto para los programas de vivienda e infraestructura urbana del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda proyecta una caída del 60% para el año 2020 respecto de 2019 y se reducen en más del 90% los recursos destinados a acciones para la construcción de viviendas sociales. El programa de Integración Socio Urbana, responsable de llevar adelante la integración de más de 4.000 barrios informales mediante el mejoramiento de la infraestructura urbana y del hábitat, tan solo ejecutó el 33,7% del presupuesto asignado para este año y para el año 2020 se proyecta una reducción del 20%.

Te compartimos nuestros informes y te invitamos a seguir discutiendo, analizando el presupuesto, promoviendo la circulación de información basada en evidencia y sosteniendo el debate, que debe involucrar a las y los integrantes del Congreso y a quienes se encuentran proponiendo sus candidaturas para el siguiente periodo.

Cómo poner un freno a la regresividad en la  prevención y control del Chagas

Inversión en los derechos de la niñez  

Pensiones no contributivas por invalidez. Recortes presupuestarios que vulneran derechos

La insuficiencia en la asignación de recursos para la promoción de la Salud Mental Comunitaria

Vivienda y Hábitat