Instituciones de defensa de derechos y de control

El adecuado funcionamiento de las instituciones de la democracia demanda la existencia de mecanismos de control eficientes en su rol de prevenir y controlar que las políticas públicas se adecúen a los compromisos constitucionales del Estado en materia de derechos y diseño institucional. Nuestro país presenta serias debilidades en la materia que hacen que las instituciones que tienen a cargo esta tarea no cumplan de forma correcta con la finalidad para la que fueron creadas. Además de los problemas de diseño institucional o de funcionamiento, estas instituciones presentan todavía una limitada autonomía o bien instancias de participación ciudadana insuficientes que les aseguren priorizar en el ejercicio de sus funciones la plena garantía de los derechos humanos. En ese sentido, es fundamental promover el trabajo de las instituciones públicas de defensa de derechos y de control, encargadas de garantizar y monitorear que el Estado cumpla con estos objetivos. Como parte de esta propuesta, desde ACIJ impulsamos agencias que cumplan adecuadamente sus roles, como es el caso de la Defensoría del Pueblo o la Auditoría General de la Nación, entre otras, promoviendo que sus políticas públicas se definan en forma participativa.