Avanza la selección de candidatos para ocupar dos vacantes en la Corte y la Fiscalía General de la Ciudad

Habrá una Audiencia Pública a las 14 en la Legislatura porteña. Los nombres fueron propuestos por Horacio Rodríguez Larreta, pero dos de ellos fueron impugnados por distintas ONG por su “falta de independencia” del poder político local y de “idoneidad”.

Mientras todas las miradas se posaron esta semana sobre la Corte Suprema de la Nación, hoy se realizará la Audiencia Pública en la Legislatura porteña en las que se presentarán los candidatos para cubrir dos vacantes en el Tribunal Superior de la Justicia de la Ciudad – el equivalente a la Corte local- y el cargo de Fiscal General del Ministerio Público.

Los candidatos propuestos por el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, para integrar la Tribunal Superior de Justicia son Santiago Otamendi, actual secretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y Marcela Vivian De Langhe, jueza desde 2003 en la Cámara en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad.

En tanto que para cubrir el cargo de Fiscal General fue propuesto Juan Bautista Mahiques, actual subsecretario de Asuntos Penitenciarios, y representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación.

Tanto Otamendi como Mahiques recibieron impugnaciones de distintas ONGs, como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) “por considerar que no satisfacen el requisito de idoneidad ni ofrecen las garantías de independencia necesarias para desempeñar los cargos para los que son propuestos“.

Por su parte, Memoria Activa también cuestionó a Otamendi por la actuación del Ministerio de Justicia en el juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA.

“Otamendi y Mahiques son funcionarios de mucha confianza de la mesa político-judicial del Ejecutivo Nacional, que es del mismo color político que el gobierno de la Ciudad, y llegaron a su cargo por una designación política, no por concurso”, advirtió Renzo Lavin, co-director de ACIJ, ante Infobae.

“Si bien hay cierto margen de discrecionalidad de quien propone los candidatos para ocupar las vacantes en el Supremo Tribunal y la Fiscalía General, ¿la discrecionalidad es absoluta?, ¿puede poner a cualquiera? Como mínimo, tienen que ser idóneos. Y nosotroscuestionamos también la idoneidad de estos dos funcionarios. Ninguno es especialista en una materia del Derecho, y sus antecedentes académicos no son sobresalientes, ni se destacan por su formación. Creemos que son elegidos por su simpatía política, no por ser los mejores“, agregó.

Dictamen a favor de la Junta de Ética

Los tres postulantes cuentan con dictamen de la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control de la Legislatura de la Ciudad, que preside el diputado porteño Eduardo Santamarina, e integran Ariel Álvarez Palma, Agustín Forchieri, Guillermo Suárez, Christian Bauab, Claudio Romero y Daniel Presti, todos de la vertiente porteña de Cambiemos, Vamos Juntos; María Rosa Muiños, del Bloque Peronista; Javier Andrade, de Unidad Ciudadana; Marcelo Guouman, de Evolución; y Marcelo Defiero, de Mejor Ciudad.

“Le hicimos lugar a las impuganciones que llegaron, las tuvimos en cuenta, pero eso no signifca que las compartamos. Su condición de funcionarios no les impide, según la ley, integrar el Supremo Tribunal o asumir el cargo de Fiscal General“, sostuvo en diálogo con Infobae Santamarina.

La audiencia pública comenzará a las 14, en el Salón Dorado de la Legislatura, en una reunión conjunta de los miembros de la Junta de Ética y de los integrantes de la Comisión de Justicia, que preside el diputado oficialista Presti. Pueden participar el resto de los diputados que deseen estar presentes, así como los vecinos en general, ya que la audiencia es una instancia de consulta y participación ciudadana previa a la aprobación de sus pliegos por la Legislatura.

Los candidatos tendrán cinco minutos para hacer una exposición personal, y luego será el turno de los representantes de las organizaciones que presentaron impugnaciones. Los candidatos tendrán otros cinco minutos para responder en forma oral, o podrán hacerlo por escrito.

Una vez finalizada, los integrantes de la Junta de Ética y de la Comisión de Justicia se reunirán para acordar una resolución aprobando – o no- los nombres de los candidatos. Esa decisión deberá ser luego votada en el pleanrio de la Legislatura por una mayoría espeical de dos tercios, 40 votos sobre 60.

En principio, el oficialismo – con los votos de Evolución (de Martín Lousteau)- tendría los 40 necesarios para aprobar los candidatos porpuestos por Rodríguez Larreta, por lo cual no necesitaría los votos del kirchnerismo.

“Si bien la audiencia es el momento de evaluación de los candidatos con participación ciudadana, en la gran mayoría de los casos, los acuerdos políticos están cerrados de antemano“, advirtió Lavin.

Sin embargo, hubo un antecendente en el que la candidata propuesta por el Ejecutivo porteño para el máximo tribunal de la Ciudad de Buenos Aires, Daniela Ugolini, no obtuvo los votos necesarios en el plenario. Fue en 2010, cuando Mauricio Macri era jefe de gobierno porteño.

Las impugnaciones a Otamendi

En relación a Otamendi, ACIJ, el CELS e INECIP cuestionaron que “el candidato es actualmente un alto funcionario político dependiente directamente del Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación -del que a su vez fue socio en su estudio jurídico- y que participa activamente de acciones de proselitismo del partido de gobierno -como los “timbreos” de campaña-“.

Por esos motivos, consideraron que “la cercanía del candidato con el partido que ejerce el gobierno tanto a nivel Nacional como de la Ciudad, puede condicionar su accionar en el ejercicio del cargo, impidiendo la resolución de sus asuntos sin restricciones y sin influencias. Dicho conflicto se ve potenciado si se tiene en cuenta que, de asumir el cargo al que aspira, un gran proporción de las causas que deberá resolver tienen al Gobierno de la Ciudad como una de las partes”.

Asimismo, las ONGs advirtieron que “del análisis de su currículum vitae se desprende que el candidato no cuenta con los antecedentes de formación académica y trayectoria profesional necesarios para ocupar el cargo de mayor relevancia en la estructura judicial de la Ciudad de Buenos Aires”.

Si bien reconocen que Otamendi tiene experiencia como juez de primera instancia en el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 27, “para ser designado en ese cargo, atravesó un concurso ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, en el que si bien resultó seleccionado, se ubicó en la posición 33 del orden de mérito, lejos de los primeros lugares. Tampoco surge de su currículum una formación o producción académica sobresaliente. Las funciones que ha desempeñado en los últimos años fueron en cargos de designación política”.

Consultado por Infobae, Otamendi señaló que es juez de la Ciudad desde 2005, actualmente en uso de licencia, y que “nunca tuvo ningún tipo de sumario”. “Tampoco fui recusado, y cuando tuve que inhibirme, lo hice. Hay resortes institucionales previstos, llegado el caso”, agregó.

También destacó que desde su cargo de secretario de Justicia de la Nación, se ocupó de “cuestiones técnicas” por su conocimiento de las Justicias provinciales. “Si bien es un cargo de carácter ejecutivo, las decisiones que tomé fueron de acuerdo a derecho y con ecuanimidad“.

Y en este sentido, agregó: “Veo como una fortaleza el hecho de haber pasado por el Ejecutivo, porque te da otro ángulo en la visión de las cosas. Además, no hay ningún artículo en la ley que diga que para ser miembro del Supremo Tribunal no se puede haber sido funcionario“. Y recordó el caso de un miembro de la Corte actual, cuyo pliego fue aprobado por el Senado, que también fue ministro de Justicia del gobierno anterior. Sin nombrarlo, hizo así referencia a Horacio Rosatti.

Memoria Activa también lo impugnó porque, en su rol de secretario de Justicia, “tuvo participación directa en la escandalosa maniobra que se llevó a cabo desde esa cartera para encubrir la responsabilidad penal de los ex fiscales de la causa AMIA, Eamon Mullen y José Barbaccia, acusados de desviar la investigación del atentado terrorista”.

Al rechazar esta acusación, Otamendi sostuvo que la denuncia por ese tema -realizada por el titular de la Unidad AMIA Mario Cimadevilla y por el ex reducidor de autos Carlos Teilledín- fue desestimada por inexistencia de delito por el fiscal deferal Carlos Rívoloy archivada por el juez Luis Rodríguez.

También señaló que la Unidad AMIA no dependía de él en el organigrama del Ministerio y que “las dos únicas actuaciones” que tuvo, fueron “por expresa indicación del ministro de Justicia, que no estaba en ese momento en el país”.

Los cuestionamientos a Mahiques

ACIJ, el CELS e INECIP impugnaron a Mahiques por considerar que la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios que tiene a cargo, depende de la Secretaría de Justicia, a cargo de Otamendi. “Esto significa que quien hoy es su jefe directo podría llegar a convertirse en uno de los jueces ante quien Mahiques deba litigar en caso de que las designaciones propuestas se confirmen”, advirtieron.

En este sentido, señalaron que “además de carecer de los antecedentes de formación, técnicos o académicos necesarios para un puesto de tanta relevancia, el candidato no tiene la autonomía y la independencia que se requieren para encabezar de manera adecuada el Ministerio Público Fiscal”.

Por último, advirtieron que “organizaciones como Human Rights Watch denunciaron su reciente actuación -en su rol de representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura- en el impulso de juicio político contra el juez que se encuentra a cargo de la investigación sobre vínculos indebidos entre el Poder Judicial y los servicios de inteligencia en el “Caso D´Alessio”, lo que consideraron como una afectación a la independencia judicial”.

En el entorno del funcionario señalaron que “nunca militó en ningún partido político, y desarrolló toda su carrera en el Poder Judicial, desde los 19 años“.

Tras destacar que “no hay impedimento en la ley para ejercer en otro Poder del Estado,” advirtieron que “se tratan de roles distintos” y que el cargo de Fiscal General “es la cabeza de un poder independiente que tiene a cargo la política criminal de la Ciudad”.

El CELS , en tanto, también le cuestionó “la falta de perspectiva de género“. Allegados a mahiques rechazaron esa acusación, y señalaron que como subsecretario de Asuntos Penitenciarios fue quien puso a cargo de la Unidad de Ezeiza, por primera vez, a una mujer y que “de las cinco direcciones que tiene a cargo, tres están en manos de mujeres”.

Los antecedentes de los candidatos

Marcela Vivian De Langhe es abogada por la Universidad de Buenos Aires (UBA), especialista en Políticas Públicas en Seguridad y en Derecho Penal. Cursó posgrados internacionales en Italia, Estados Unidos y España y se encuentra Doctorando en Derecho Penal y Ciencias Penales, por la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador.

Desde 2003 es Jueza en la Cámara en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad. Previamente, fue Jueza de Garantías del Departamento Judicial de San Isidro, Provincia de Buenos Aires. Recibió 524 adhesiones y ninguna impugnación.

Santiago Otamendi es abogado por la  Universidad Católica Argentina y tiene un Posgrado en Actualización en Derecho Penal, también de la UCA. Completó el Programa Ejecutivo en Administración y Modernización Judicial de la Universidad Carlos III de Madrid, España.

Fue juez de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad a cargo del Juzgado N° 27 desde el 1 de diciembre de 2005, en uso de licencia actualmente. A partir del 10 de diciembre de 2015 fue designado Secretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Fue presidente, vicepresidente y miembro del Comité Ejecutivo de la presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional -GAFI- y miembro del Comité Ejecutivo “Steering Group” desde el 1 de julio de 2018 hasta la actualidad. Además, fue Secretario General de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires (2012-2014) y Consejero en el Consejo de la Magistratura porteño (2010 al 2012). Otamendi recibió 534 adhesiones y dos impugnaciones.

Juan Bautista Mahiques es abogado por la UBA y Magister en Administración de Justicia por la Universitá Degli Studi Di Roma Unitelma Sapiens. Ingresó al Poder Judicial en 2004.

Es subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial del Ministerio de Justicia de la Nación, y consejero representante del Poder Ejecutivo Nacional en el Consejo de la Magistratura de la Nación, y miembro suplente del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal de la Nación. También es  representante del Consejo de la Nación ante la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación.

Anteriormente, fue Secretario Letrado del Consejo de la Magistratura de la Nación, Secretario del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal de la Nación y Secretario del Tribunal Oral en lo Criminal Nº17 (2010 a 2014). Fue docente en la materia Derecho Penal en la UBA y la UCA. Su propuesta recibió 506 adhesiones y una impugnación.