Amparo para que el Congreso designe al titular de la Agencia de Acceso a la Información

Las organizaciones Directorio Legislativo, ACIJ y Poder Ciudadano presentaron un amparo ante la Justicia Federal, demandando al Congreso por no designar al titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública y no poner en funcionamiento el órgano que la Ley 27.275 obliga a crear en cada uno de los poderes del Estado.

La Ley N° 27.275 de Acceso a la Información Pública, sancionada y publicada en el año 2016, estableció en su artículo 28 un plazo máximo de 90 días contados desde su publicación para crear la Agencia. A su vez, el artículo 24 de la ley instó a designar a su director “mediante un procedimiento de selección abierto, público, y transparente que garantice la idoneidad del candidato”, proceso que hasta el momento no fue convocado.

Recién el 22 de febrero de 2018 ambas Cámaras crearon, mediante la Resolución Conjunta 03/2018, la Agencia de Acceso a la Información Pública en el ámbito del Poder Legislativo Nacional. Sin embargo, a casi un año de aquella resolución, no hubo avances respecto de su efectiva conformación, advirtieron las organizaciones demandantes.

En el amparo, que cuenta con el patrocinio letrado del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC) de Poder Ciudadano, se señala que “la inacción de las demandas en el inicio del proceso de selección del titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública violenta, en los hechos, el libre ejercicio del derecho humano de acceso a la información reconocido por los artículos 1, 33, 41 y 42 de la Constitución Nacional, y los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional consagrados en el artículo 75 inc. 22, como así también, los principios y procedimientos establecidos en la Ley 27.275”.

En este sentido, el amparo destaca que el incumplimiento en la designación del titular mediante un proceso abierto, público y transparente, genera que la Agencia no pueda organizarse, ni diseñar su estructura orgánica o prever su presupuesto, lo que obstaculiza su principal función, que es la de garantizar la implementación de la Ley de Acceso a La Información Pública en el Poder Legislativo Nacional.