Ajuste a la educación pública: un pedido de informes para que Horacio Rodríguez Larreta dé explicaciones

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentó ante el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires un pedido de acceso a la información pública sobre el “preocupante desvío de 370 millones de pesos” correspondientes al presupuesto 2020 del Plan Sarmiento, que fueron derivados a subsidios a la educación privada. El objetivo de la presentación es “conocer las razones que justificaron el desfinanciamiento de este programa, la utilización específica de los fondos en la DGEGP y la cantidad de dispositivos adquiridos en 2020 y que se obtendrán en 2021”.

“El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desvió 370 millones de los fondos asignados al Plan Sarmiento BA para subsidiar la educación privada”, advirtió la ACIJ sobre el nuevo recorte en educación pública por parte del gobierno porteño, en medio de un contexto de tarifazos y ajuste generalizado.

Antes esta situación, la ACIJ solicitó formalmente explicaciones “para conocer las razones que justificaron el desfinanciamiento” del Plan Sarmiento, “la utilización específica de los fondos dentro de la Dgegp” y “la cantidad de dispositivos digitales que se adquirieron durante el 2020 y la cantidad que se prevé obtener y poner a disposición de las y los estudiantes durante el 2021”.

La ACIJ advirtió que la decisión del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta “se enmarca en una preocupante desinversión a la educación pública por parte del GCBA, que para este año prevé la asignación más baja para el Ministerio de Educación en los últimos 9 años”. Un dato que toma todavía más relevancia si se tiene en cuenta que el presupuesto educativo desciende año tras año desde que Mauricio Macri asumió la Jefatura de Gobierno.

El Plan Sarmiento fue lanzado en 2011 junto al Programa Conectar Igualdad para garantizar el acceso a computadoras a estudiantes de escuelas públicas. Los 370 millones de pesos recortados fueron destinados a la órbita de la Dirección General de Escuelas de Gestión Privada (Dgegp), un área que destina gran parte de su partida a subsidios para escuelas privadas. A eso se suma a un ajuste del 70 por ciento en el presupuesto destinado a la infraestructura escolar de la Ciudad.

En un contexto de pandemia de covid-19, que “implicó la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles educativos durante el 2020 y puso en evidencia la necesidad de que los gobiernos inviertan en el acceso igualitario a recursos digitales, computadoras e internet, como herramientas educativas”, y “frente a un año en el que se prevé un sistema alternado de clases presenciales y a distancia”, la ACIJ consideró inadmisible tal desvío de fondos, por lo que realizó un pedido de acceso a la información pública.

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