Advierten sobre riesgos "catastróficos" en las viviendas precarias de Retiro

Dicen que las de la villa 31 no respetan cálculos estructurales; vidas en peligro

El fenómeno comenzó hace unos cuatro años. Ante la falta de espacio, las construcciones comenzaron a ganar en altura y, de a poco la villa 31, en Retiro, empezó a llenarse de edificaciones de hasta cuatro plantas. Ante la falta de controles gubernamentales, la Academia Nacional de Ingeniería advirtió sobre la posibilidad de “accidentes catastróficos”.

“No nos desentendemos de la problemática social que ha dado lugar a la aparición y desarrollo de estos conglomerados habitacionales. No obstante, como ingenieros, nos vemos obligados a enfocar el tema de la seguridad de esas estructuras ante la posibilidad de accidentes catastróficos”, advirtió la Academia Nacional de Ingeniería, mediante una declaración firmada por Arturo J. Bignoli y Ricardo Schwarz, presidente y secretario académico, respectivamente.

Ramón Ojeda vive en la manzana 13 de la villa 31 bis. Es delegado del asentamiento y trabaja por la urbanización del barrio. “Que no hay control en las construcciones es una realidad. Si el Estado controlara, el lugar ya tendría que estar urbanizado. Pero también es verdad que las personas que construyen no son improvisados. Acá [en la villa] está el 60 o 70 por ciento de los trabajadores de la mayoría de las empresas contratistas que hacen las obras en la ciudad; saben lo que hacen”, se ufanó Ojeda.

En la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que tiene un programa denominado Redes de Trabajo en Villas Urbanas, sostuvieron que el problema va más allá de las edificaciones en altura.

“El problema de la villa no es si hay casas bajas o altas. El problema es estructural: la ausencia total del Estado. Existe una postergación histórica. Existe riesgo sanitario, riesgo eléctrico. Por acción u omisión, el Estado siempre actúa“, coincidieron Luciana Bercovich y Mauro Chellillo, del programa Redes de Trabajo en Villas Urbanas de ACIJ.

Según estimaciones de organizaciones sociales que trabajan allí, en la villa 31 y 31 bis, separadas por la autopista Illia, viven hoy casi 10.000 familias. El crecimiento poblacional crece año tras año. En 2001, cuando se realizó el último censo nacional, los asentamientos estaban habitados por 13.290 personas. En 1998, eran 9442 los habitantes.

Ni ensayos ni verificaciones

En el comunicado de la Academia Nacional de Ingeniería se advierte: “No se tiene conocimiento de que se realicen en esas obras verificaciones ni ensayos de materiales, ni estudios de fundaciones, ni los más elementales cálculos estructurales. Estas estructuras responden al conocimiento empírico de sus constructores [generalmente albañiles]. Probablemente, prime la economía sobre la seguridad. El riesgo de daño para personas y bienes puede ser muy grande, en particular, porque se construye sobre terrenos de mala calidad y escasa resistencia que, además, no están bien drenados ni cuentan con sistemas cloacales”.

Javier Fernández Castro es arquitecto, profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires e integrante del Proyecto Barrio 31 Padre Carlos Mujica. Antes de opinar sobre las construcciones en altura, el profesional explicó a La Nacion que hace cinco años trabaja en la villa 31. “Somos contrarios a cualquier proyecto de erradicación, nuestro escenario es la urbanización del lugar.”

Respecto de las edificaciones que cada vez suman más pisos, Fernández Castro sostuvo: “Las construcciones las realizan albañiles que durante los días de semana trabajan en las obras formales. Construyen, digamos, por usos y costumbres. Obviamente, hay que verificar lo que hacen, pero no podés exigirles que cumplan las normativas cuando el Estado está ausente en todo lo demás. El riesgo lo tienen las 10.000 familias que viven en el lugar, pero no por las construcciones, sino por las terribles condiciones de vida”.

Agregó que puede haber casos en los que las personas que viven en la villa y tengan la posibilidad de construir en altura, ante la crisis habitacional hagan su negocio y ejerzan “cierta especulación inmobiliaria”.

Héctor Guanco vive en la manzana 14 de la 31 bis, también es delegado del barrio y piensa igual que su vecino Ojeda. “Las obras están certificadas porque las hacen personas que trabajan en las construcciones formales.”

Medidas correctivas

En el último párrafo del comunicado, Bignoli y Schwarz afirmaron: “Es deseable que se avance con una adecuada urbanización de esos aglomerados o con el traslado de sus habitantes a viviendas bien construidas. Sería conveniente que las autoridades competentes hagan intervenir equipos técnicos en esta cuestión para analizar la estabilidad de las construcciones existentes y disponer las medidas correctivas en caso de verificarse riesgo estructural”.

Los vecinos no quieren escuchar la palabra erradicación, ellos sólo desean la urbanización de la villa.

Todo lo contrario quiere el jefe de gobierno, Mauricio Macri, según reveló en la entrevista con La Nacion publicada ayer. “No se puede urbanizar, por el peligro de su ubicación y porque se trata de un lugar insalubre. Pero es un proceso que hay que realizar de a poco, mediante el diálogo con la gente y con el compromiso de darles vivienda en otro lugar. Lamentablemente, yo puedo mandar a los inspectores a verificar construcciones peligrosas, que aparecen todos los días, pero no tengo poder de policía para ordenar el desalojo.”

Parte de las villas están situadas sobre tierras del Organismo Nacional Administrador de Bienes del Estado (Onabe) y portuarias, sobre las que tiene jurisdicción el gobierno nacional.

La Nación