ACIJ interpuso un amparo por negación de apoyos a la inclusión escolar

Martina tiene 13 años y está por ingresar a 6° grado, pero la posibilidad de al colegio a encontrarse con sus compañeros y acceder a la educación en igualdad de oportunidades encontró profundas barreras el año pasado. Su madre, con el patrocinio de la ACIJ, presentó un amparo judicial contra el colegio y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) para que la escuela y el Ministerio de Educación garanticen el ingreso de la persona adecuada que facilite el proceso de aprendizaje, recomendada por el equipo terapeútico, y que se implementen los ajustes necesarios.

Martina es una niña con Trastorno Generalizado del Desarrollo no especificado y se comunica de formas alternativas al lenguaje oral. Para esto necesita una persona con conocimientos específicos en comunicación alternativa como apoyo para la educación y nexo con su entorno. Las barreras a su inclusión impiden que una persona adecuada asista con ella y por lo tanto no puede ingresar a la escuela.

El 2 de febrero la jueza Amanda Liberatori ordenó una medida cautelar para que el GCBA elimine “cualquier dificultad burocrática o administrativa que obstaculice o impida la concurrencia de la niña al establecimiento escolar”. Además, citó a las partes a una audiencia en la cual se estableció, que la niña debe poder ingresar con la persona adecuada y que la escuela privada se compromete a “garantizar la participación del equipo terapéutico tratante en la elaboración del Proyecto Pedagógico Individual”.

La mamá de Martina refiere a los días que la niña no pudo ingresar al colegio: “La verdad es que Martu está sufriendo ya que es una nena donde su mundo gira alrededor del colegio, donde tiene 15 compañeritos que la aceptan y la integran y los extraña. Lo que más me duele es verla sufrir, cuando a las 4 de la madrugada me viene a despertar con el uniforme del colegio. Ahí no hay explicación que valga”. Luego de que en septiembre de 2014 renunciara la maestra integradora que apoyaba a Martina, la niña y sus padres atravesaron un sinfín de negativas y barreras que obstaculizaron la continuidad de su escolaridad. Durante los últimos tres meses del año, Martina no pudo ir a la escuela con regularidad porque, principalmente, la escuela y el Estado incumplieron sus obligaciones y mantuvieron trabas al ingreso de una acompañante adecuada como apoyo para la inclusión.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad prevé en su art. 24 el derecho a la educación, la cual debe ser inclusiva, y resalta la obligación de los Estados Parte a garantizar la educación de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones y sin discriminación. También deben asegurar que se realicen los ajustes razonables y que se presten los apoyos personalizados según las necesidades de cada persona.

A partir de un relevamiento realizado por la ACIJ de denuncias y reclamos ante el INADI y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, se evidenció que los principales problemas estructurales se repiten en todo el país, en todos los niveles, tanto en públicas y privadas. La falta de accesibilidad física en los establecimientos educativos, la negación de vacantes para personas con discapacidad en escuelas comunes y la negación de apoyos para la educación – en particular, maestros integradores- encabezan la lista de violaciones al derecho a la educación inclusiva. El caso de Martina y su familia es solo uno entre muchos.

ACIJ asesora el caso a partir del trabajo articulado con el Grupo Art. 24 por la Educación Inclusiva, el cual promueve estrategias de incidencia en políticas públicas para que se garantice el derecho a la educación inclusiva. Más información acá.