Según un relevamiento de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, el incumplimiento es “sistemático”. Unos 70 representantes de villas demandaron hace tres días al gobierno porteño para que active la primera ley, de 1998.
Por: Gustavo Sarmiento
Mientras la emergencia edilicia en la Ciudad de Buenos Aires afecta a casi medio millón de personas, la inversión y ejecución en vivienda disminuye. “Existe un sistemático incumplimiento de las leyes que prevén el mejoramiento en infraestructura y la urbanización de muchas de las villas de la Ciudad, convirtiéndose en meras promesas legislativas”, según afirma el reciente informe “Sin vivienda para los más vulnerables en la Ciudad de Buenos Aires” de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
Existen en territorio porteño unos 26 asentamientos precarios (algunos como Scapino, en Soldati, no reconocidos por Ciudad), 16 villas de emergencia, 19 conjuntos habitacionales, dos núcleos habitacionales transitorios, 172 inmuebles intrusados, 3288 familias con subsidios alojadas en hoteles, 21 conventillos propiedad del Instituto de Vivienda de Ciudad (IVC), 4 hogares de tránsito, 21 viviendas transitorias y 1950 personas en situación de calle. Según el Censo 2010, la población en villas es de 163.587 habitantes, lo que representó un crecimiento de más del 50% respecto a diez años antes.
A esto se le agrega que casi un 40% de la población en barrios de emergencia es inquilina en condiciones informales. En este marco, existen al menos siete leyes o programas de urbanización ya aprobados en estos años que fueron “sistemáticamente incumplidos”. Es el caso de la ley 403 (aprobada en 2000) que crea el Programa de Planeamiento y Gestión Participativo de la Villa 1-11-14, donde viven más de 50 mil personas, para ejecutar el Plan Integral de Urbanización. La comisión que debía comenzar a tratar el tema nunca se reunió. “Ninguna ley de urbanización se está cumpliendo, y esta emergencia habitacional hace que muchos barrios como la 31 o la 21-24 se estén movilizando pidiendo que se cumplan las normas, que hasta ahora son sólo promesas legislativas”, aseguró María Trevisani , de la ACIJ, a Tiempo Argentino.
La Villa 20 también tuvo su ley de urbanización (la 1770), en una sesión de 2005, cuando el macrismo era oposición. Votaron en “un paquete” esa norma, la del hospital de Lugano y la del polo farmacéutico. En la actualidad, sólo el Polo avanzó. “Es una barbaridad, demuestra el desinterés de falta de política de todos los gobiernos para urbanizar las villas. De San Juan y Directorio hacia el sur es una cosa y hacia el norte es otra”, remarcó Gustavo Moreno, Asesor Tutelar ante la Cámara de Apelaciones de la Ciudad.
Otro caso judicializado es la urbanización de la Villa Rodrigo Bueno, aprobada por la jueza Elena Liberatori, que el gobierno de la Ciudad apeló. Los trabajos de urbanización en el Barrio Carrillo también fueron llevados a la justicia, que obligó a Ciudad a efectuarlos. Esta decisión nuevamente fue apelada por el gobierno porteño aduciendo que “es inadmisible el involucramiento del Poder Judicial en las políticas públicas”.
El dictamen que define cómo urbanizar la Villa 31 y 31 Bis está a pocos días de perder estado parlamentario, mientras que en la 21-24, donde no existe la norma de urbanización, deben ser relocalizadas 1334 familias ubicadas en el Camino de Sirga, por la causa del Riachuelo. A pesar de la intimación de la Corte, sólo obtuvieron tres terrenos para construir 732 viviendas, y faltan lugares para las 602 familias restantes.
Pero existe una ley macro que tampoco es cumplida: la 148, sancionada el 30 de diciembre de 1998, que demandaba la creación de una comisión coordinadora participativa para resolver “la problemática social y habitacional en las villas y núcleos habitacionales transitorios”. En casi 15 años nunca se avanzó. Cerca de 70 representantes crearon la organización Villas y Barrios Unidos por la Ley 148, que presentó hace tres días un amparo ante la justicia para que el gobierno porteño efectivice la norma.
Para el ex legislador Facundo Di Filippo (creador de la Ley del Barrio Mugica y parte de la organización Villas y Barrios Unidos por la Ley 148) “claramente el PRO desoye la normativa vigente y hace trabajos muy puntuales con cooperativas afines que corresponde más a clientelismo político. Desde que creó la Secretaría de Hábitat hace tareas que no son de urbanización, sino pequeñas intervenciones de mejoramiento barrial, discrecionales, y hasta con donaciones, como las pinturas en la 31 o la Villa 19”.
Gustavo Moreno agregó: “Los legisladores han sido generosos en sus leyes, pero sistemáticamente el Ejecutivo no sabe, no puede o no quiere ponerlas en funcionamiento”.