Más de 200 organizaciones solicitamos al Congreso el rechazo de la reforma a la Ley Nacional de Salud Mental

En el marco del tratamiento del proyecto de ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, más de 200 entidades de todo el país (organizaciones de personas usuarias, de familias y de derechos humanos, colegios profesionales, cátedras universitarias, dispositivos de salud e inclusión comunitaria, entre otras) manifestamos nuestra preocupación por las reformas a la ley 26.657 propuestas en dicha iniciativa. En una carta enviada a nuestros legisladores y legisladoras, les solicitamos que las rechacen por resultar violatorias de los derechos de las personas con discapacidad.

En primer lugar, de aprobarse la reforma en estas condiciones, esta sería inválida por haber omitido la participación de usuarios y usuarias de los servicios de salud mental en el proceso de su elaboración y discusión. El artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), tratado internacional con jerarquía constitucional en nuestro país, establece que los Estados deben celebrar consultas estrechas con las personas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan, en el diseño de aquellas políticas que las afecten directa o indirectamente. 

Más allá de lo anterior, el proyecto elimina la obligación de sustituir los hospitales psiquiátricos por dispositivos basados en la comunidad y de asegurar las internaciones en hospitales generales. Con ello ataca el corazón mismo de la ley 26.657, viola el principio de no regresividad que rige en materia de derechos humanos y desconoce abiertamente el deber de garantizar que las personas con discapacidad no sean segregadas en instituciones y accedan a los servicios y apoyos que necesiten para vivir en la comunidad, previsto en el artículo 19 de la CDPD. 

También contraviene las exhortaciones que formuló el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU al Estado argentino. Hace tan solo unos pocos meses, este organismo instó a nuestro país a cerrar los hospitales psiquiátricos, a avanzar en los procesos de externación de las personas institucionalizadas y a implementar redes de atención en salud mental de base comunitaria (el informe completo está disponible acá). En igual sentido se viene pronunciando la Organización Mundial de la Salud desde hace más de 40 años. 

El proyecto también facilita las internaciones involuntarias, al ampliar sus causales de procedencia y otorgar a jueces y juezas la facultad de internar sin evaluación interdisciplinaria previa. Múltiples organismos internacionales han calificado las internaciones involuntarias como una privación ilegítima de la libertad, que incrementa el riesgo de sufrir tortura, violencia, e incluso de morir. Además, impiden a las personas vivir con dignidad, desarrollar vínculos afectivos y sociales, estudiar, trabajar, disfrutar de actividades de ocio y esparcimiento; les coarta el derecho a emprender proyectos de vida de acuerdo a sus intereses e inquietudes; y torna remotas sus posibilidades de inclusión social. 

Por otra parte, el proyecto modifica la composición del Órgano de revisión y redefine la función de los abogados y abogadas de las personas internadas, entre otras cuestiones que resultan problemáticas. 

No desconocemos que en la actualidad la atención de la salud mental exhibe falencias. Sin embargo, dichos problemas son consecuencia de la falta de implementación de la ley, por lo que su solución no está en dejarla atrás sino en fortalecer su aplicación efectiva. Esperamos que el Congreso elija en esta ocasión garantizar los derechos de las personas con discapacidad y mantener el imperio de la Constitución Nacional.

Accedé a la nota que enviamos a legisladores y legisladoras acá.