13 años de la Ley Nacional de Salud Mental: un paso histórico en la garantía de derechos

El 25 de noviembre de 2010, luego de un amplio debate plural, intersectorial e interdisciplinario del que resultó un extendido consenso entre diferentes fuerzas políticas, el Congreso Nacional sancionó la ley 26.657. De esta manera, Argentina se convirtió en un país pionero en aprobar una norma que se proponga como meta desmanicomializar la vida de las personas.

La Ley Nacional de Salud Mental obliga a la sustitución progresiva y definitiva del abordaje manicomial, basado en la internación y segregación de las personas con discapacidad psicosocial  en hospitales psiquiátricos, por uno de base comunitaria, conformado por una red de dispositivos de distinto tipo (servicios de inclusión social y laboral, apoyo a las personas y grupos familiares y comunitarios, servicios para la promoción y prevención en salud mental, viviendas asistidas, cooperativas de trabajo, entre otros). 

Está demostrado que el objetivo de la desmanicomialización que persigue la ley genera beneficios para toda la población. Por un lado, implica garantizar que todas las personas que hoy no pueden decidir sobre sus vidas por estar alojadas en hospitales psiquiátricos puedan salir de ellos y vivir en la comunidad con los apoyos que requieran. Por otro lado, la apertura de nuevos servicios y su descentralización permite responder de manera más eficiente y adecuada a la demanda creciente de asistencia y, de esta manera, alcanzar a miles de personas que hoy no reciben ningún tipo de atención en salud mental. Además, contribuye a que los y las profesionales de la salud desarrollen prácticas humanizadas y respetuosas de los derechos, y a la edificación de sociedades inclusivas con herramientas para combatir la discriminación y valorar la diversidad humana.

En estos 13 años, la ley permitió avanzar en la revisión de las prácticas manicomiales. Desde su sanción, se crearon Órganos de Revisión en diferentes provincias del país, que monitorean su cumplimiento y supervisan las condiciones de internación, y se consolidó un movimiento robusto en torno a la salud mental comunitaria que encuentra en la ley 26.657 una herramienta fundamental para promover cambios en la vida de personas que han sido históricamente postergadas. 

A pesar de lo anterior, la implementación de la ley todavía enfrenta grandes barreras. Aunque se han registrado algunos avances en ciertas jurisdicciones, se observa con preocupación la ausencia de políticas estructurales de desinstitucionalización, la falta de adecuación de los hospitales psiquiátricos a lo que establece la norma, la deficiente cobertura por parte del Estado y de las obras sociales y prepagas de las prestaciones de salud mental y la escasez de recursos humanos y presupuestarios para el desarrollo de políticas públicas integrales en la materia. En este sentido, es relevante recordar que la ley establece en su artículo 32 que en forma progresiva y en un plazo no mayor a 3 años, el Poder Ejecutivo debe incluir en los proyectos de presupuesto un incremento en las partidas destinadas a salud mental hasta alcanzar un mínimo del 10 % del presupuesto total de salud. Sin embargo, si analizamos el presupuesto etiquetado en el año 2023 para las “Políticas de Salud Mental”, este alcanza apenas un 3,1% de la inversión total en salud prevista para este año. 

Por todo esto, el Estado Nacional y todas las jurisdicciones locales deben avanzar en la coordinación de acciones que reviertan esta situación y salden aquellas deudas que todavía existen en relación con esta población. 

En este nuevo aniversario de la Ley Nacional de Salud Mental, desde ACIJ reafirmamos, una vez más, que desmanicomializar es posible, necesario y urgente. Es tiempo de tomarse la salud mental en serio.