Salud mental: “Se prohíben las internaciones” y otros mitos frecuentes sobre la ley

Según los especialistas, hay un gran desconocimiento y falsas creencias vinculadas a la Ley Nacional de Salud Mental; cuáles son y por qué es tan importante derribarlas.

Por María Ayuso.

En las últimas semanas y a raíz de distintos episodios que llegaron a los medios de comunicación vinculados a personas con padecimientos psíquicos, se habló mucho sobre la Ley Nacional de Salud Mental (26.657). Sin embargo, los especialistas advierten con preocupación que aún existe un gran desconocimiento y varias creencias falsas entorno a lo que establece esta normativa sancionada hace más de 10 años en la Argentina.

En el Día Mundial de la Salud Mental, Eduardo Quiroga, abogado del Programa de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), afirma: “Los mitos son barreras para la aplicación de la ley y por eso es tan importante derribarlos. Las problemáticas de salud mental son cada vez más frecuentes y la sociedad tiene mayores necesidades de atención”. En ese sentido, considera clave que la sociedad conozca la ley, que exija su cumplimiento y que el Estado tenga “la voluntad política de aplicarla”.

Las situaciones de crisis social y económica y los efectos de la pandemia en general en la salud mental de la población son, para Quiroga, indudables. “Según la Organización Panamericana de la Salud, estas problemáticas resultan cada vez más frecuentes. En ese contexto, es aún más importante que el Estado le dé prioridad a la ley. Su aplicación repercute en la comunidad en general, no solo en las personas internadas en neuropsiquiátricos, como a veces se piensa”, reflexiona el abogado.

Desde Acij, enumeran algunos de los mitos más frecuentes vinculados a la ley sobre los que hay que trabajar:

1. “La ley prohíbe las internaciones”

Al contrario de lo que muchos piensan, la normativa permite dos tipos de internaciones:

Las voluntarias, en las que la persona presta su consentimiento libre e informado.

Las involuntarias, en las que se prescinde del consentimiento ante una situación de riesgo cierto e inminente para la persona o para terceros.

“No solo no están prohibidas sino que, de hecho, solo en 2020 en la provincia de Buenos Aires hubo 19.000 internaciones por motivos de salud mental”, señala Quiroga. Sin embargo, aclara que la internación debería ser siempre un recurso excepcional, lo más breve posible y que debe prolongarse mientras subsistan las causas que la originaron. Todas las internaciones, tanto las voluntarias como las involuntarias, deben realizarse, según la ley, en hospitales generales.

“Lo que determina la normativa en base a todas las recomendaciones de organismos internacionales, es que las internaciones son un recurso excepcional que implica una privación de derechos y, por eso, debe estar precedido por otras intervenciones que no los restrinjan sino que impliquen un tratamiento ambulatorio”, dice Quiroga. Y agrega: “Además, la persona debe tener un abordaje integral que implique su inclusión comunitaria. Un equipo interdisciplinario debe evaluar la internación, que debe tener un control judicial”.

2. “Si se implementa, las personas que viven hoy en neuropsiquiátricos van a quedar en la calle”

La norma no busca dejar a las personas sin asistencia, sino reemplazar el modelo manicomial, basado en el encierro, por uno que asegure una mejor atención de la salud y les permita vivir en la comunidad con las mismas oportunidades que las demás. Por eso, obliga al Estado a crear una red de dispositivos comunitarios que promuevan su inclusión social (consultas ambulatorias, viviendas asistidas, centros de capacitación sociolaboral, entre otras) y a garantizar el abordaje de la salud mental en todos los hospitales generales y centros de atención primaria (públicos y privados).

Esta transformación requiere que el área de salud trabaje con otras áreas de gobierno, como vivienda, educación y trabajo. En ese sentido, Quiroga explica que la ley “reemplaza un sistema de atención que no dio resultado, por uno que garantice la mejor atención e inclusión de las personas en la comunidad, porque nadie debe vivir en un hospital”. No solo está previsto el cierre de los hospitales monovalentes (neuropsiquiátricos), sino una descentralización de los servicios para ampliar el acceso de las personas “a una atención de calidad y respetuosa de sus derechos dentro de sus comunidades”. Según las últimas cifras oficiales, hay más de 12.000 personas internadas en los 162 neuropsiquiátricos de la Argentina. ¿Cuál es el promedio de tiempo que pasan allí? Ocho años. El 25% llevan entre 11 y 90 años internadas.

3. “El sistema de atención que establece es inaplicable”

Desde Acij señalan que en diversas jurisdicciones argentinas (como Río Negro y la provincia de Buenos Aires) y en otros países (como Italia, Chile y Brasil), existen experiencias exitosas de salud mental comunitaria, que muestran que el modelo de la ley no solo es posible, sino que también garantiza la salud y favorece la inclusión social de las personas usuarias. “Hay experiencias que muestran que la salud mental comunitaria es exitosa y un modelo a aplicar. Los casos de fracaso a los que usualmente se alude para sostener este mito no fueron consecuencia de este tipo de leyes, sino de su mala implementación”, dice Quiroga. Y advierte: “Para esto, se requiere aumentar los recursos financieros y humanos para garantizar su aplicación”.

Sobre este punto, señala que la ley establece una pauta presupuestaria de al menos un 10% del gasto total en salud. “Sin embargo, lo que observamos es que esta pauta prevista para la salud mental está muy lejos de cumplirse. Los recursos disponibles para este año no superan el 1% de los gastos totales de salud y gran parte está concentrado en los hospitales psiquiátricos. Es decir, no solo falta presupuesto sino que se destine a la aplicación de la ley”, enfatiza el abogado de ACIJ.

4. “Se excluye a las y los psiquiatras”

En ninguna de sus disposiciones la ley excluye a las y los psiquiatras de la atención de la salud mental ni cuestiona su accionar, enfatizan desde Acij. Por el contrario, dispone que los tratamientos deben estar a cargo de un equipo interdisciplinario que incluya las áreas de la psiquiatría, la psicología, el trabajo social y la terapia ocupacional, entre otras. “En su momento salieron varias publicaciones de organizaciones de psiquiatras que difundiendo este mensaje que es equivocado, porque no es una ley antipsiquiatría, lo que contempla es un abordaje interdisciplinario e integral de la salud mental”, señala Quiroga. Y agrega: “La salud mental es un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos”.

5. “Las personas con padecimientos psíquicos son violentas y no deben estar fuera de los neuropsiquiátricos”

Los mitos que continúan instalados socialmente no solo están, para Quiroga, vinculados a la ley, sino también a las personas con padecimientos psíquicos: es decir, son prejuicios que “legitiman la exclusión social y el encierro, y sirven como fundamento para el incumpliendo de la ley”.

“Se dice muchas veces que las personas con padecimientos psíquicos son violentas, sin embargo, la mayor parte son víctimas de violencia y no hay evidencia que demuestre lo contrario. Por casos aislados se construye un discurso donde de piensa: ‘¿cómo van a cerrar los psiquiátricos y a dejar a estas personas en las calles si son peligrosas? ‘”, plantea Quiroga. El abogado sostiene, además, que este tipo de ideas repercuten negativamente sobre ellas y el que vivan en comunidad. Y concluye: “Hay que desmitificar o deconstruir, es momento de cuestionar las miradas estigmatizantes que tanto daño hacen y legitiman el encierro y la discriminación social”.

Más información:

Campaña de concientización: El año pasado, a diez años de la ley, Acij lanzó Argentina Sin Manicomios, una plataforma para visibilizar la situación actual de la salud mental en nuestro país y exigir el cumplimiento de los derechos humanos. “La Ley Nacional de Salud Mental se sancionó el 25 de noviembre de 2010, y dispuso la sustitución definitiva de los manicomios por dispositivos que permitan a las personas vivir en la comunidad con las mismas oportunidades que las demás. Sin embargo, a 10 años de su sanción, el sistema de atención se sigue basando en el aislamiento de las personas”, explican desde la organización. El sitio web cuenta historias de personas que sobrevivieron al encierro psiquiátrico y busca desarticular los prejuicios que pesan sobre ellas. Además, llama a la movilización para exigir que se cumpla la Ley de Salud Mental.

La salud mental en datos: En 2020 venció el plazo establecido por ley para el cierre de todos los hospitales psiquiátricos del país y desde Acij reclaman que “el Estado incumplió su obligación y las personas encerradas en hospitales psiquiátricos no pueden esperar más”. Haciendo click aquí podés conocer, en cifras, la realidad de la salud mental en el país.

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