En el marco de un amparo colectivo que inició ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) en 2019, la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires declaró inconstitucional la conducta omisiva del gobierno porteño y ordenó presentar una propuesta de implementación de políticas públicas para terminar con la discriminación de las personas con discapacidad en escuelas de gestión privada y garantizar el derecho a la Educación Inclusiva, pero la respuesta del Soledad Acuña y el GCBA fue apelar al fallo.
En Argentina, las personas con discapacidad enfrentan significativas barreras para ejercer su derecho a la educación. Muchas de ellas deben recorrer decenas de escuelas hasta encontrar una que les abra las puertas y, si no lo logran, son expulsadas del sistema o forzadas a asistir a centros especiales.
“El estado debe garantizar los establecimientos públicos tanto como el control en establecimientos privados, no por ser escuelas de gestión privada tienen derecho a decidir quién puede estudiar o no”. Explicó Belén Arcucci, politóloga y coordinadora del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.
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