A pesar de las condiciones adversas que presenta la superpoblación infantil en dependencias escolares del Estado porteño, no cesa la demanda por vacantes. A principios del corriente año 6.000 niños quedaron sin enseñanza inicial pública en la ciudad Autónoma.
La enseñanza inicial está destinada a infantes de 45 días a 5 años. El Estado porteño atiende 219 niños por establecimiento mientras que la actividad privada se ocupa de 138.
En el mes de febrero, representantes del gobierno de Mauricio Macri y de la Asociación por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), suscribieron un acuerdo por el que las autoridades de la ciudad se comprometieron a realizar obras y acciones destinadas ampliar las vacantes.
El convenio fue el resultado de una acción judicial iniciada por ACIJ en el 2006 y después de que esa ONG superara dos apelaciones oficiales.
La constitución de la Ciudad Autónoma y la ley de Educación Nacional amparan a las familias que demandan respuestas positivas al gobierno porteño en materia de educación inicial pública.
El artículo 24 de la Constitución porteña establece “la responsabilidad indelegable de la ciudad de asegurar y financiar la educación pública, estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los 45 días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar”.
El artículo 4 de la ley de Educación Nacional 26.206 dispone que el Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos/as los/as habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho, con la participación de las organizaciones sociales y las familias”.
El acuerdo firmado entre ACIJ y el gobierno porteño, establece un plan de obras para construcción, ampliación o traslado de una veintena de establecimientos educativos. A seis meses de firmado el convenio, el gobierno de la Ciudad sólo concluyó 3 de las 14 obras que deberían estar terminadas a la fecha.
No ha sido falta de recursos monetarios lo que impidió que se hicieran, ya que existen las fuentes de financiación para esas obras. Ocho de los proyectos cuentan con partida presupuestaria concedida por el gobierno nacional.
En agosto del 2010 la legislatura porteña autorizó que el ejecutivo de la ciudad utilice 36 millones de dólares de un fondo de 475 millones de esa moneda que el gobierno de Macri obtuvo mediante un bono de deuda destinado a financiar obras de subterráneos que nunca fueron licitadas.
Los fondos para educación autorizados por la legislatura debían destinarse a obras de mantenimiento e infraestructura de 18 escuelas de la Ciudad. Cuatro de esas escuelas, están contempladas por acuerdo realizado entre el gobierno porteño y ACIJ.
El Gobierno porteño también cuenta con 386.000 pesos para obras escolares que le fueron otorgados por la legislatura porteña (ley nº 3232), a partir de la venta de predios de dominio público declarados innecesarios.
El acuerdo ACIJ-GCBA especifica 9 obras a desarrollarse con este presupuesto.
El gobierno de la Nación concurre con los programas PROMEDU II y Programa 700 escuelas destinados a la construcción de 410 y 700 escuelas, respectivamente. Esos programas suman un presupuesto total de más de 1.500 millones de dólares en beneficio de la capital federal y de las distintas provincias del país.
*Material elaborado por el equipo de investigación periodística de la Agencia Télam.