Por Laura Serra
Un grupo de ONG presentó en la Justicia amparos para que ambas Cámaras transparenten los datos de los empleados y los gastos de gestión.
Distintas organizaciones de la sociedad civil presentaron ante la Justicia sendos amparos contra la Cámara de Diputados y el Senado ante la sistemática negativa de los presidentes de ambos cuerpos a hacer pública información referida a su funcionamiento interno, información que las ONG demandantes consideran que es pública.
Los datos pedidos están relacionados con el listado de empleados contratados como planta permanente y transitoria; monto en pesos asignado a cada uno de los bloques, y becas y subsidios entregados por diputados nacionales, entre otros aspectos. Según las ONG, la apertura al público de esta información -que actualmente es reservada- dotaría al Congreso de una mayor transparencia.
Las organizaciones que presentaron los amparos son la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); la Asociación por los Derechos Civiles (ADC); la Fundación Directorio Legislativo, y Poder Ciudadano. El 11 de agosto del año pasado formularon una serie de pedidos de información a la Cámara de Diputados y al Senado en los que solicitaban información pública que no se encuentra en sus páginas web.
Sin embargo, no obtuvieron respuestas de las autoridades competentes, encabezadas por los oficialistas Amado Boudou, en el Senado, y Julián Domínguez, en la Cámara de Diputados. Por ello, a fines de febrero pasado presentaron dos amparos para demandar a ambas Cámaras ante el Fuero Contencioso Administrativo Federal.
Las organizaciones consideran que la “falta de respuesta (a los pedidos de información) vulnera el derecho humano de acceso a la información pública y priva a los ciudadanos de conocer cómo se ejecutan los recursos públicos”. Asimismo, señalaron que las acciones judiciales interpuestas tienen como fin lograr que la Justicia condene a ambas Cámaras a brindar la información requerida, en reconocimiento del derecho que todo ciudadano tiene de peticionar a las autoridades, y que puedan conocerse las distintas actividades que desarrollan el Congreso y nuestros legisladores de forma abierta y transparente.
De todas maneras, en el último tiempo se observaron algunos avances en materia de transparencia legislativa, aunque todavía tímidos. En efecto, se comenzaron a elaborar informes de auditoría internos en la Cámara de Diputados, al tiempo que se publican los salarios de los legisladores y de los empleados. Asimismo, se hizo pública la información sobre viajes y viáticos al exterior, sobre canje de pasajes (aunque acotada) y sobre pasajes y becas, pero sin detallar el legislador que realiza el beneficio.
El Senado, en cambio, evidenció una regresión en cuanto al acceso a la información pública, por cuanto no actualiza su ejecución presupuestaria ni entrega las declaraciones juradas de los senadores.
INFORMACIÓN PÚBLICA “Estos amparos van más allá de Boudou o Domínguez; buscamos sentar un precedente sobre qué información que maneja el Congreso de la Nación es pública y debería estar disponible de forma libre y gratuita en sus páginas web. La demora de más de ocho meses en la respuesta de los pedidos que hicimos de forma conjunta, más que demora, consideramos es una negativa en brindar la información”, sostuvo Noel Alonso Murray, directora general de Directorio Legislativo.
Lamentablemente, nuestro país ha sido reprobado en materia de transparencia legislativa. El Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa de 2014 ubicó a la Argentina en el séptimo lugar sobre nueve países que fueron medidos en la región, por encima de Bolivia y Venezuela. Son los tres países del Cono Sur que aún no cuentan con una ley nacional de acceso a la información pública.
” La ausencia de respuesta de las autoridades administrativas de las Cámaras no hace más que confirmar el total desinterés por la transparencia institucional -enfatizó Pablo Secchi (Poder Ciudadano)-. En el caso de la Cámara de Diputados la situación es desconcertante. Habiendo Julián Domínguez firmado un compromiso de transparencia, no sólo no avanzó con ninguno de los puntos firmados, sino que ni siquiera responden los pedidos de información.”
“El Congreso, como todas las instituciones públicas, debe rendir cuentas de sus actos. Por eso presentamos estos amparos. Queremos saber si sus recursos son utilizados adecuadamente”, concluyó Renzo Lavin, de ACIJ.
HISTORIAL DE UN RECLAMO DE MÁS TRANSPARENCIA
2011
Un grupo de ONG reclamó a ambas cámaras un mayor acceso a la información sobre empleados, gastos de bloque, viajes al exterior de los legisladores, entre otros puntos
2014
Si bien la Cámara baja publicó algunos datos en su página web, las ONG creen que aún la información es acotada. El Senado, en tanto, restringió la difusión de sus datos
2015
ACIJ, ADC, Poder Ciudadano y Directorio Legislativo presentaron ahora dos amparos ante la Justicia.