por Karina Deschamps
El Gobierno porteño respondió 52 mil solicitudes de un total de 69 mil. La Defensoría del Pueblo exige que se resuelva la situación de los alumnos que quedaron afuera y amenaza con abrirles un sumario administrativo a los funcionarios responsables. Las ONG denuncian falta de inversión.
Se acerca el comienzo del ciclo lectivo 2014 y llueven los mismos reclamos de siempre: la falta de vacantes en los colegios estatales de la Ciudad. El nuevo sistema de inscripción escolar porteño fue muy criticado desde el principio por su exclusividad en lo que respecta a su metodología online, que excluyó a aquellos que no tienen acceso a una PC y menos a Internet. El Gobierno porteño logró responder 52 mil de las 69 mil solicitudes online que recibió desde noviembre pasado, pero dejó a la deriva a 17 mil alumnos que a poco más de un mes no saben lo que les deparará el destino. Esto provocó el enojo de padres desorientados que no saben dónde ubicar a sus hijos y que tampoco cuentan con los ingresos suficientes para anotarlos en escuelas privadas. En simultáneo, desató el descargo de las ONG y el apriete de la Defensoría del Pueblo que ya amenazó con abrirles un sumario administrativo a algunos funcionarios públicos.
Las advertencias hacia la cartera del ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Esteban Bullrich, arrancaron el noviembre de 2013, pero el nuevo sistema online se mantuvo firme con su implementación moderna y resultados no tan prometedores. A pesar de la elevada cifra de alumnos que quedaron sin escuela, el Gobierno de la Ciudad dice haber recibido sólo 4.800 reclamos de padres, de los cuales habría respondido con éxito 4.100 casos. Sucede que, ante la proximidad del inicio de clases, muchas familias optaron por inscribir a sus hijos en escuelas privadas para evitar correr el riesgo de que pierdan el año.
Si bien Bullrich defendió el sistema al afirmar que agilizaría los trámites, el mismo Gobierno tuvo que implementar la atención al público por ventanilla para hacerle frente a la demanda. El funcionario afirmó que “hay escuelas muy demandadas que han cubierto sus vacantes y que no todos van a tener la escuela que querían”. “Sabíamos que al hacer un sistema centralizado se iba también a centralizar el reclamo, con lo cual las miles de personas que eligieron una escuela y por ahí no podían ir a la que querían, ahora concentran su reclamo en el sistema”, explicó en su momento en radio Continental.
Las deficiencias del sistema fueron varias: no aparecían todas las escuelas públicas de la Ciudad, el sistema colapsaba y se caía, en muchos casos (y dependiendo del nivel escolar) no existía la posibilidad de anotar a dos hermanos en un mismo colegio, entre otras. A esos impedimentos, se les sumaron los que vienen acarreando hace años y que Bullrich justifica como “falta de presupuesto”, mientras que la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) los caratula como desinterés en el área.
“A dos años de haber firmado el compromiso para remediar el problema, desde ACIJ realizamos un informe analizando lo realizado -y lo no realizado- en relación con cada una de las obligaciones asumidas por el Gobierno de la Ciudad. Cada año miles de niños/as siguen estando fuera del nivel educativo inicial (de 45 días a los 5 años de edad) debido a la falta de vacantes en escuelas de gestión estatal, y el Gobierno se encuentra incumpliendo los plazos de finalización de las obras de construcción a los que se había comprometido”, cita el informe. Y prosigue: “Constatamos que durante el 2011, el Ministerio de Educación no utilizó los 171 millones de pesos asignados al área de Infraestructura Escolar” así como tampoco cumplió con la construcción de escuelas a la que se habían comprometido. (Ver informe)
Al respecto, Dalile Antúnez, codirectora de ACIJ, le explicó a ARGnoticias que el problema se centra no sólo en la parte operativa del nuevo sistema online de inscripción sino también en la desatención gubernamental de ciertas prioridades establecidas en el reglamento escolar. “Muchas personas no tuvieron las prioridades que debían por ley, como son los casos de hermanitos que terminaron siendo inscriptos en distintos colegios. Hubo fallas técnicas en la implementación del sistema, pero el problema también radica en la falta de escuelas que el Gobierno se comprometió con nosotros a construir y que no existen”, sentenció.
En ACIJ presentaron una demanda judicial contra el Gobierno porteño porque no construyeron las más de 20 escuelas para 2012 como habían prometido así como tampoco presentaron el plan de obras adicional para resolver el problema en profundidad, como habían acordado las partes. “Han dado innumerables excusas. La falta de recursos económicos no es una justificación válida porque todos los años reciben dinero por ley y no lo utilizan (en 2012 recibieron 200 millones de pesos para la construcción de colegios y salitas). Tampoco la falta de espacios para construirlas porque abundan propiedades adecuadas en la Ciudad para levantar jardines”, explicó tras resaltar que el nivel Inicial es el más afectado: en 2011 más de 6 mil nenes se quedaron sin ir al jardín.
En tanto, el responsable de Derechos de la Educación de la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires, Gustavo Lesbegueris, lanzó: “Debido a las graves deficiencias del nuevo sistema, que fueron oportunamente advertidas por nosotros, pedimos por medio de esta resolución- se le otorgue las vacantes a los miles de niños, niñas y adolescentes que a la fecha no cuentan con un lugar confirmado”.
Para Lesbegueris, “haber aplicado el nuevo sistema, a pesar de las advertencias nuestras, de la Defensoría General y de los gremios, creó problemas en Primaria y Secundaria, donde nunca se habían registrado dificultades y puso en riesgo datos personales de las familias que se registraron”.
La resolución se basa en el incumplimiento de lo previsto en las las leyes 26.206, de Educación Nacional (arts. 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 11, 12 y 16); la Ley 26.061, de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; y la Ley 1845 de la Ciudad de Buenos Aires, de Protección de Datos Personales, entre otras normas.