La Coalición UNCAC advierte sobre el incumplimiento de objetivos del milenio si no se tiene en cuenta la corrupción

La corrupción está directamente relacionada con la violación a los derechos humanos y perjudica el desarrollo económico de los países, produciendo altos niveles de inequidad e injusticia en la sociedad.

Es por esto, que hoy, día en que la Asamblea General de la ONU está reunida, la Coalición UNCAC –una red global que nuclea a más de 350 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas ACIJ, que trabajan para que los gobiernos logren una mejor implementación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC)– le envió un mensaje al Presidente de la Asamblea General, John Ashe, y a sus líderes nacionales para demandarles una mejor implementación de la Convención de la ONU contra la Corrupción. El objetivo de la iniciativa es dar conocer que ““la corrupción no es un crimen cualquiera. Daña y, muchas veces, destruye la vida de millones de personas alrededor del mundo. Perjudica el desarrollo económico y produce inequidad e injusticia. Y viola los derechos humanos socavando la dignidad de las personas”.

La declaración enviada trata sobre seis puntos en particular: En primer lugar llama a incitar a los países que no son parte actualmente de la Convención a que ratifiquen la Convención. Luego, con respecto a los Estados Parte de la Convención, enfatiza la importancia que tiene el acceso a la información para prevenir la corrupción, y es por esto que les exige a los mismos que implementen leyes en la materia. Y en especial, sobre las personas políticamente expuestas, que se publiquen, a través de registros públicos nacionales, las declaraciones patrimoniales, de manera que puedan ser consultadas por la sociedad.

Con respecto a la penalización, se solicita que se establezcan pautas para la protección de denunciantes, y pautas comunes aplicables a acuerdos extrajudiciales en casos de corrupción. A su vez, se insta a los Estados Parte a que garanticen que las inmunidades que tienen los funcionarios públicos sean limitadas y que existan procedimientos transparentes y efectivos para suspenderlas, y asegurar que no se utilicen para evitar que los responsables por delitos de corrupción rindan cuentas. También se solicita a los Estados Parte que aseguren la independencia de los organismos especializados de aplicación y del Poder Judicial.

Asimismo, la declaración, le exige a los Estados Parte negarse a recibir fondos obtenidos por la corrupción, y a reconocer los perjuicios causados por la corrupción y asegurar un resarcimiento a los estados que se hayan visto afectados.

Por último, se solicita la incorporación de un proceso para el seguimiento de las recomendaciones formuladas en los exámenes de cada país, en el que participe la sociedad. Y se pide al GEA (Grupo de Examen de Aplicación) que prepare un informe sobre la posibilidad de establecer una autoridad internacional contra la corrupción.