El escandaloso intercambio de chicanas entre el gobierno y la oposición respecto de la provisión o no de vacunas por parte del laboratorio Pfizer desdibuja un debate más profundo sobre la adquisición de vacunas anti covid-19 por parte del Estado argentino: hasta dónde permitir las cláusulas de protección y confidencialidad a los laboratorios sin afectar el derecho de la ciudadanía al control y la transparencia de los actos de gobierno en un tema tan sensible como la salud de millones de personas.
Apenas desatada la pandemia, se produjo una doble carrera contrarreloj: una entre los principales laboratorios del mundo para conseguir una inmunización eficaz contra el coronavirus y otra entre los Estados nacionales para asegurarse la provisión de vacunas para proteger a su población. Desgraciadamente, las evidencias marcan que en este proceso primaron los intereses comerciales, geopolíticos y nacionalistas ante la solidaridad y cooperación internacional. De allí la enorme desigualdad en la negociación y acceso a las vacunas entre países ricos y pobres.
La situación de emergencia, la propiedad sobre las vacunas y la concentración del mercado farmacéutico global le dieron a los laboratorios un enorme poder de negociación frente a Estados que buscan desesperadamente acceder a los fármacos. Por eso, han logrado imponer duras cláusulas de jurisdicción, limitación de responsabilidad civil y penal en caso de reclamos y una estricta confidencialidad en los contratos firmados para la provisión de los inmunizantes.
La cláusulas de confidencialidad tienen cierta lógica: las empresas quieren proteger información técnica de sus vacunas, métodos de investigación científica, situación financiera, clientes y planes comerciales, de sus competidores. La mayoría de los contratos tienen cláusulas que blindan acceso a fórmulas, algoritmos, diseños, planos y estudios no publicados, entre otros. En el caso de Argentina, se sancionó una Ley de Vacunas Destinadas a Generar Inmunidad Adquirida Contra el covid-19 (N°27.573) que habilitó al gobierno a firmar cláusulas de confidencialidad e indemnidad. Se complementa con dos resoluciones del Ministerio de Salud, que no son de acceso público.
Este procedimiento ha sido cuestionado por entidades que defienden la transparencia y la lucha contra la corrupción, como Poder Ciudadano y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) que advierten que los Estados no pueden renunciar a estándares mínimos de publicidad de actos de gobierno y de control ciudadano sobre millonarias erogaciones que provienen de impuestos que pagamos todos y con efecto en la salud pública.
Una presentación de la alianza “Vigila la pandemia” de la ACIJ y “eldiarioAR” pudo constatar que entre octubre de 2020 y marzo de 2021 Nación firmó 5 contratos para acceder a 58.924.000 dosis por 478.254.000 dólares, un promedio de us$ 10,62 dólares por vacuna/habitante. Para garantizarse el acceso, se pagaron millonarios adelantos a los laboratorios, pero sólo se recibió el 16,7% de las dosis prometidas, sin que se pueda saber si algún fabricante incumplió contratos o plazos de entrega. El acceso a los contratos tanto de la Auditoría General de la Nación como de las comisiones de seguimiento en el Congreso es muy limitado. El argumento es que si se brinda demasiada información “se pondría en grave riesgo la provisión de vacunas”.
En momentos en que la entrega de dosis adquiere mayores volúmenes y se autoriza a las provincias a negociar con laboratorios, el secretismo sobre pagos, comisiones, cronogramas de entrega, condiciones y cláusulas de protección no es razonable y abre la puerta a abusos y corrupción.
Es necesario trasparentar las condiciones de las farmacéuticas al Estado nacional. Las empresas u otros gobiernos no pueden imponer sus propios intereses sobre los derechos de los ciudadanos a la información y la obligación del Estado argentino a publicar los actos de gobierno.