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Un proyecto daría más poder a De Vido en el sistema ferroviario (La Nación)

La cita será en el Congreso. Allí, los legisladores tratarán un proyecto que se elaboró en mayo del año pasado y fue una de las respuestas oficiales a los violentos incidentes que se produjeron en Plaza Constitución el 15 de ese mes. La otra fue quitarle la concesión de la explotación de los ramales Roca y Belgrano Sur a Trenes Metropolitanos, compañía del empresario Sergio Tasselli.

El mencionado proyecto es la ley de reordenamiento ferroviario, mediante la cual el Estado tendría facultades para intervenir más en el sector. Básicamente, la norma que descansa desde mayo pasado en el Congreso creará más organismos ferroviarios en el ámbito estatal y le dará aún más funciones al Ministerio de Planificación Federal y a la Secretaría de Transporte en este sector.

De aprobarse tal como está la iniciativa, los legisladores les sacarán el polvo a las llamadas sociedades del Estado, un régimen que había caído en desuso con las privatizaciones. De hecho, ni el kirchnerismo las utilizó para crear concesionarias de servicios públicos propias como Agua y Saneamientos (AySA) o la petrolera Energía Argentina (Enarsa), que nacieron como sociedades anónimas. Pero lo cierto es que en este proyecto aparecen dos: la Administración Ferroviaria Sociedad del Estado y la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.

Nuevas empresas

La primera tendrá a su cargo la administración de la infraestructura ferroviaria actual, la que se construya en el futuro, su mantenimiento y la gestión de los sistemas de control de circulación de trenes.

La segunda tratará de poner un poco de orden a una situación de hecho que ya lleva un tiempo. Sucede que desde que el Gobierno le quitó la concesión a Trenes Metropolitanos, los empleados que hasta ese momento pertenecían a esa empresa quedaron en una suerte de limbo. Algunos, por ejemplo, pasaron a ser dependientes de una sociedad llamada Belgrano Cargas y a través de ella se abonaron los sueldos a todos los trabajadores.

La forma societaria no es una cuestión menor. De formarse conforme a ese tipo, a esas empresas no se les aplicarán las previsiones de la ley de administración financiera que regulan la programación de la ejecución del gasto y las leyes de obras públicas y procedimientos administrativos, lo que constituye un desafío adicional a la hora de garantizar transparencia en la gestión.

“El artículo 15 dispone las funciones de control y fiscalización en materia de transporte ferroviario, que el Ministerio de Planificación Federal encomendará a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, organismo que actualmente ya tiene asignadas funciones de regulación y fiscalización de este servicio público”, dice un trabajo elaborado conjuntamente por Poder Ciudadano y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Según este documento, las funciones del ministerio que conduce Julio De Vido serán excesivas. “Las competencias asignadas al Ministerio de Planificación Federal pareciera desprenderse que esta jurisdicción tendrá, al mismo tiempo, funciones de regulación, control y aplicación. La teoría sobre regulación de servicios públicos recomienda que estas funciones sean ejercidas por actores separados”, señala el trabajo.

Interrogantes

“¿Qué quiere que le diga? Hay más interrogantes que certezas”, se sinceró un ejecutivo de una compañía ferroviaria que pidió con mucho énfasis que LA NACION no publique su nombre. Las dudas vienen por varios lados. Los operadores actuales de trenes urbanos de pasajeros (Trenes de Buenos Aires, Ferrovías y Metrovías) se preguntan qué pasará con los procesos de renegociación de contratos que aún descansan, sin mucho movimiento, en la Uniren, organismo encargado de esa tarea.

Menos todavía se sabe cuál será el futuro de los nuevos emprendimientos ferroviarios, como el tren de alta velocidad que uniría Buenos Aires con Rosario y Córdoba.

Tampoco se aporta nada sobre los cada vez más grandes subsidios que llegan a los concesionarios ferroviarios: las transferencias oficiales a esas empresas registraron un fuerte crecimiento en los últimos años y en 2007 alcanzaron a $ 953 millones, lo que implica un alza interanual superior al 50 por ciento.

También es una incógnita qué pasará con los empleados que antes eran de Trenes Metropolitanos. Pero eso no es todo. Todo este nuevo sistema barre cualquier iniciativa que pueda tener la ciudad o la provincia de Buenos Aires en materia ferroviaria.

Por Diego Cabot
De la Redacción de LA NACION

La Nación