Prensa22.12.15
ACIJ / PrensaUn joven con síndrome de down reclama la entrega de su título secundario
22/12/15
En Infonews
21-12-2015.
Un joven de 21 años con síndrome de Down presentó un recurso de amparo ante la Justicia porteña para que las autoridades educativas le expidan el título oficial de estudios secundarios que le niegan desde hace tres años, a pesar de haber asistido a clases, aprobado los cinco años y recibido el diploma de graduación, como el resto de su curso en un colegio privado común.
Además de presentar el recurso el martes pasado ante el Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario N°1 a cargo de Elena Liberatori, Alan Rodríguez inició una petición en ese sentido en la plataforma Change.org que logró más de 23.200 adhesiones en seis días.
“Yo terminé el quinto año del secundario en (Instituto) Jesús María (de San Vicente de Paul), pero me falta el título oficial y lo necesito para seguir estudiando”, afirmó el joven en un video difundido por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) -que además lo patrocina legalmente- y el Grupo Artículo 24 por la Educación Inclusiva, que integran 130 organizaciones, entre ellas Asdra. El título oficial es imprescindible, además, para postular a cualquier trabajo.
“Alan fue compañero de curso mío en el colegio secundario. El se esforzó tanto o más que todos nosotros para aprobar las materias y merece el título por el cual peleó, al igual que los 42 alumnos que integrábamos esa camada”, escribió Nazarena Bazo Lombardi tras firmar la plataforma de Change.org.
Según la denuncia, el argumento de la Dirección General de Educación de Gestión Privadapara no otorgarle el título a Alan es que el joven, que completó sus estudios con el acompañamiento de una maestra integradora y con una currícula adaptada, no cumplió los contenidos mínimos exigidos porque las materias con contenidos adaptados no cuentan como aprobadas.
En cambio, el Instituto privado al que Alan asistió entre los tres y los 17 años y que depende de esta Dirección, sí estaría dispuesto a extenderle el título, según la madre del joven, Florencia Innamorato.
“El colegio se lo quiere dar, pero no puede pasar por encima del Ministerio”, dijo la mujer a Télam. Innamorato tiene claro que la lucha por el título de Alan no es sólo por su hijo, sino para que no se siente un precedente que desanime a otros padres.
“En esa escuela mi hijo fue cuidado e integrado perfectamente, pero todo eso no puede terminar de esta manera, borrando con el codo lo que se escribió con la mano”, dijo.
La madre explicó que Alan está viviendo todo este proceso “con angustia”, aclaró que la educación inclusiva no apunta sólo a lo “social” y que “no hay excusas para que no le den su título: lo que quiera hacer después es su decisión, pero nadie le puede poner un techo”.
“No entiendo quién se perjudica con que una persona con discapacidad intelectual reciba su título y por qué no se valora el hecho de que Alan fue el primer niño integrado de su escuela, que nunca repitió de grado y tiene un boletín brillante. Todos aprendieron con Alan y hay cuatro o cinco compañeras que están estudiando psicopedagogía para trabajar como maestras integradoras gracias a él”, explicó.
El caso de Alan tiene como antecedente inmediato el de Melina Quereilhac, la joven con síndrome de Down que el año pasado, y después de nueve años de haber terminado y aprobado el secundario, obtuvo su título porque así lo ordenó un fallo del titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño N° 2, a cargo de Roberto Gallardo.
Otra chica con síndrome de Down fue noticia por motivos muy diferentes el pasado 12 de diciembre en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz: Agustina Seniow, de 20 años, recibió su título junto con 13 compañeros del Instituto Estatal Tierras del Sur.
Por su parte, la coordinadora del área de Discapacidad y Derechos Humanos de ACIJ, Mariela Galeazzi, afirmó que un error generalizado es “pensar al alumnado como una norma homenégea: esto en las personas con discapacidad impacta muy fuertemente porque terminan siendo excluidas”.
“Aún hoy pocos niños y niñas con discapacidad intelectual terminan la secundaria porque no se establecen apoyos y ajustes curriculares necesarios, aunque así lo mande la constitución, las normas y los convenciones internacionales”, sostuvo.
“Por ser la educación un derecho humano fundamental, el Estado tiene la obligación de garantizarla y todas las escuelas -públicas y privadas- deben adaptarse para recibir al alumnado en su diversidad. Ser inclusivas consiste en no rechazar alumnos con discapacidad, brindarles el apoyo necesario con maestras integradoras, permitir el ajuste que se tenga que hacer en la currícula y el ingreso de acompañantes”, explicó.
Solicitado de opinar sobre el caso, el Inadi emitió un dictamen el pasado 18 de noviembre donde concluye que “la conducta denunciada se encuadraría como discriminatoria”.
Además de presentar el recurso el martes pasado ante el Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario N°1 a cargo de Elena Liberatori, Alan Rodríguez inició una petición en ese sentido en la plataforma Change.org que logró más de 23.200 adhesiones en seis días.
“Yo terminé el quinto año del secundario en (Instituto) Jesús María (de San Vicente de Paul), pero me falta el título oficial y lo necesito para seguir estudiando”, afirmó el joven en un video difundido por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) -que además lo patrocina legalmente- y el Grupo Artículo 24 por la Educación Inclusiva, que integran 130 organizaciones, entre ellas Asdra. El título oficial es imprescindible, además, para postular a cualquier trabajo.
“Alan fue compañero de curso mío en el colegio secundario. El se esforzó tanto o más que todos nosotros para aprobar las materias y merece el título por el cual peleó, al igual que los 42 alumnos que integrábamos esa camada”, escribió Nazarena Bazo Lombardi tras firmar la plataforma de Change.org.
Según la denuncia, el argumento de la Dirección General de Educación de Gestión Privadapara no otorgarle el título a Alan es que el joven, que completó sus estudios con el acompañamiento de una maestra integradora y con una currícula adaptada, no cumplió los contenidos mínimos exigidos porque las materias con contenidos adaptados no cuentan como aprobadas.
En cambio, el Instituto privado al que Alan asistió entre los tres y los 17 años y que depende de esta Dirección, sí estaría dispuesto a extenderle el título, según la madre del joven, Florencia Innamorato.
“El colegio se lo quiere dar, pero no puede pasar por encima del Ministerio”, dijo la mujer a Télam. Innamorato tiene claro que la lucha por el título de Alan no es sólo por su hijo, sino para que no se siente un precedente que desanime a otros padres.
“En esa escuela mi hijo fue cuidado e integrado perfectamente, pero todo eso no puede terminar de esta manera, borrando con el codo lo que se escribió con la mano”, dijo.
La madre explicó que Alan está viviendo todo este proceso “con angustia”, aclaró que la educación inclusiva no apunta sólo a lo “social” y que “no hay excusas para que no le den su título: lo que quiera hacer después es su decisión, pero nadie le puede poner un techo”.
“No entiendo quién se perjudica con que una persona con discapacidad intelectual reciba su título y por qué no se valora el hecho de que Alan fue el primer niño integrado de su escuela, que nunca repitió de grado y tiene un boletín brillante. Todos aprendieron con Alan y hay cuatro o cinco compañeras que están estudiando psicopedagogía para trabajar como maestras integradoras gracias a él”, explicó.
El caso de Alan tiene como antecedente inmediato el de Melina Quereilhac, la joven con síndrome de Down que el año pasado, y después de nueve años de haber terminado y aprobado el secundario, obtuvo su título porque así lo ordenó un fallo del titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño N° 2, a cargo de Roberto Gallardo.
Otra chica con síndrome de Down fue noticia por motivos muy diferentes el pasado 12 de diciembre en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz: Agustina Seniow, de 20 años, recibió su título junto con 13 compañeros del Instituto Estatal Tierras del Sur.
Por su parte, la coordinadora del área de Discapacidad y Derechos Humanos de ACIJ, Mariela Galeazzi, afirmó que un error generalizado es “pensar al alumnado como una norma homenégea: esto en las personas con discapacidad impacta muy fuertemente porque terminan siendo excluidas”.
“Aún hoy pocos niños y niñas con discapacidad intelectual terminan la secundaria porque no se establecen apoyos y ajustes curriculares necesarios, aunque así lo mande la constitución, las normas y los convenciones internacionales”, sostuvo.
“Por ser la educación un derecho humano fundamental, el Estado tiene la obligación de garantizarla y todas las escuelas -públicas y privadas- deben adaptarse para recibir al alumnado en su diversidad. Ser inclusivas consiste en no rechazar alumnos con discapacidad, brindarles el apoyo necesario con maestras integradoras, permitir el ajuste que se tenga que hacer en la currícula y el ingreso de acompañantes”, explicó.
Solicitado de opinar sobre el caso, el Inadi emitió un dictamen el pasado 18 de noviembre donde concluye que “la conducta denunciada se encuadraría como discriminatoria”.