En la sala de primeros auxilios del asentamiento de Parque Roca hay apenas una mesa de plástico y una silla; una camilla sucia, un anaquel con algunos remedios y en la pared, una imagen de la Virgen de Luján. De las canillas no sale una gota de agua y los sanitarios están, por esa misma carencia, en condiciones deplorables. En el lugar no se ven médicos ni enfermeros. Esa situación se mantiene desde hace más de dos meses, aunque ahora, de 8 a 20, se instala una ambulancia del SAME con un médico a bordo. Para el juez Roberto Gallardo, sin embargo, no es suficiente para garantizar la atención sanitaria de una población de más de 1500 personas, entre las que se incluyen 473 niños. Por eso, después de considerar cumplidos todos los plazos e incumplidas las medidas judiciales solicitadas, resolvió imponer al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, a partir del miércoles próximo, una multa de 1500 pesos por cada día en que no se cumpla la orden de poner en funcionamiento la sala durante las 24 horas, con un pediatra y un médico clínico permanente. La sanción se extiende al ministro de Salud, Jorge Lemus, para quien dispone una multa diaria de 1000 pesos. Es una suerte de incentivo, pero inverso al que había dispuesto el propio Macri para los ministerio más eficientes de su gestión.
Gallardo visitó el jueves el asentamiento, que en realidad es un centro de evacuados construido por el propio Estado para albergar a los habitantes de Villa Cartón, destruida por el fuego hace 20 meses. El centro habitacional fue construido en los fondos del Parque Roca, en Villa Soldati. En ese asentamiento, el 13 de agosto pasado, falleció un bebé de cuatro meses. En la sala no había médicos y el niño tuvo que ser llevado al Hospital Piñero, pero el traslado demoró más de una hora.
En rigor, la orden de poner en condiciones la sala de primeros auxilios fue ordenada por Gallardo a fines de 2007. Pero la orden nunca se cumplió, según pudo corroborar la veedora designada por el juez, Luciana Bercovich, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, la organización que promovió la demanda.
Tras el fallecimiento del bebé, Gallardo citó a Macri y al ministro de Salud, entre otros funcionarios, para que den explicaciones sobre el incumplimiento de la medida. Pero ninguno concurrió. Entonces el juez dispuso a principios de septiembre una serie de allanamientos al Palacio de Gobierno, los ministerios de Salud y Desarrollo Social, el Instituto de la Vivienda y la Corporación del Sur, en busca de documentación sobre el caso. El gobierno de Macri respondió con una recusación masiva contra Gallardo, que fue rechazada por la Cámara de Apelaciones (ver recuadro)
La causa volvió al juzgado de Gallardo, quien esta semana apuró una resolución: es que el Consejo de la Magistratura declaró en feria a su juzgado, a partir del lunes y por quince días, “para cambiar las alfombras de ese tribunal”.
Tras visitar el centro de refugiados junto a sus colaboradores y tomar decenas de fotografías que fueron incorporadas al expediente, Gallardo redactó el fallo, que notificó de inmediato a la Procuración de la ciudad. La resolución, a la que accedió PáginaI12, destaca que “transcurridos casi dos meses, nada ha cambiado favorablemente sino, más bien, el cuadro ha empeorado ya que a la falta de atención durante las 24 horas “se agregó la falta de agua”.
En la resolución Gallardo reconoce “las respuestas aptas y responsables” del Ministerio de Educación porteño, tendientes a “garantizar la escolaridad de los menores allí alojados”, en total 473 chicos, según el censo realizado por esa cartera. Pero el fallo es lapidario con el ministro de Salud, de quien Gallardo dice: “O bien no puede, porque no sabe o carece de recursos, o no quiere cumplir con lo ordenado. O es inepto o incapaz o bien se ha decidido dolosamente a desconocer sus obligaciones legales”.
La sentencia dispone que el jefe de Gobierno “se avoque a cumplir las medidas” solicitadas, esto es, que “tome en sus manos la responsabilidad que hasta ahora no asumió su ministro”, según explicaron fuentes del juzgado. También ordena que la veedora judicial Luciana Bercovich realice reportes diarios sobre el cumplimiento de la medida (hasta ahora eran semanales). Y le da un plazo al jefe de Gobierno hasta el 5 de noviembre, para cumplir con las medidas exigidas. En caso contrario, “por cada día de mora una multa diaria de 1500 pesos al jefe de Gobierno”, y de 1000 para el ministro de Salud.
Gallardo notificó el fallo a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, al Inadi, y a la Defensoría del Pueblo nacional. También denuncia penalmente al ministro Lemus por los delitos de desobediencia, abandono de persona e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Entre los fundamentos del fallo, Gallardo se permite una ironía. “Casi como una metáfora, en la estructura casi vacía de la salta de emergencias médicas se ha emplazado una Virgen de Luján. Si alguien mayor o menor sufre alguna dolencia grave, sólo le queda presentarse ante la imagen de la Virgen y rezar.”
Por Eduardo Videla
Página/12
Gallardo visitó el jueves el asentamiento, que en realidad es un centro de evacuados construido por el propio Estado para albergar a los habitantes de Villa Cartón, destruida por el fuego hace 20 meses. El centro habitacional fue construido en los fondos del Parque Roca, en Villa Soldati. En ese asentamiento, el 13 de agosto pasado, falleció un bebé de cuatro meses. En la sala no había médicos y el niño tuvo que ser llevado al Hospital Piñero, pero el traslado demoró más de una hora.
En rigor, la orden de poner en condiciones la sala de primeros auxilios fue ordenada por Gallardo a fines de 2007. Pero la orden nunca se cumplió, según pudo corroborar la veedora designada por el juez, Luciana Bercovich, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, la organización que promovió la demanda.
Tras el fallecimiento del bebé, Gallardo citó a Macri y al ministro de Salud, entre otros funcionarios, para que den explicaciones sobre el incumplimiento de la medida. Pero ninguno concurrió. Entonces el juez dispuso a principios de septiembre una serie de allanamientos al Palacio de Gobierno, los ministerios de Salud y Desarrollo Social, el Instituto de la Vivienda y la Corporación del Sur, en busca de documentación sobre el caso. El gobierno de Macri respondió con una recusación masiva contra Gallardo, que fue rechazada por la Cámara de Apelaciones (ver recuadro)
La causa volvió al juzgado de Gallardo, quien esta semana apuró una resolución: es que el Consejo de la Magistratura declaró en feria a su juzgado, a partir del lunes y por quince días, “para cambiar las alfombras de ese tribunal”.
Tras visitar el centro de refugiados junto a sus colaboradores y tomar decenas de fotografías que fueron incorporadas al expediente, Gallardo redactó el fallo, que notificó de inmediato a la Procuración de la ciudad. La resolución, a la que accedió PáginaI12, destaca que “transcurridos casi dos meses, nada ha cambiado favorablemente sino, más bien, el cuadro ha empeorado ya que a la falta de atención durante las 24 horas “se agregó la falta de agua”.
En la resolución Gallardo reconoce “las respuestas aptas y responsables” del Ministerio de Educación porteño, tendientes a “garantizar la escolaridad de los menores allí alojados”, en total 473 chicos, según el censo realizado por esa cartera. Pero el fallo es lapidario con el ministro de Salud, de quien Gallardo dice: “O bien no puede, porque no sabe o carece de recursos, o no quiere cumplir con lo ordenado. O es inepto o incapaz o bien se ha decidido dolosamente a desconocer sus obligaciones legales”.
La sentencia dispone que el jefe de Gobierno “se avoque a cumplir las medidas” solicitadas, esto es, que “tome en sus manos la responsabilidad que hasta ahora no asumió su ministro”, según explicaron fuentes del juzgado. También ordena que la veedora judicial Luciana Bercovich realice reportes diarios sobre el cumplimiento de la medida (hasta ahora eran semanales). Y le da un plazo al jefe de Gobierno hasta el 5 de noviembre, para cumplir con las medidas exigidas. En caso contrario, “por cada día de mora una multa diaria de 1500 pesos al jefe de Gobierno”, y de 1000 para el ministro de Salud.
Gallardo notificó el fallo a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, al Inadi, y a la Defensoría del Pueblo nacional. También denuncia penalmente al ministro Lemus por los delitos de desobediencia, abandono de persona e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Entre los fundamentos del fallo, Gallardo se permite una ironía. “Casi como una metáfora, en la estructura casi vacía de la salta de emergencias médicas se ha emplazado una Virgen de Luján. Si alguien mayor o menor sufre alguna dolencia grave, sólo le queda presentarse ante la imagen de la Virgen y rezar.”
Por Eduardo Videla
Página/12