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Un censo para saber la cantidad de habitantes (La Nación)

El gobierno porteño no tiene aún delineado el plan integral de urbanización para la villa 31, a pesar de que la semana pasada, con el fin de evitar que los habitantes de la villa paralizaran la ciudad con cortes de tránsito en 14 puntos de la Capital, se comprometió a avanzar con un programa que dé solución a la crisis habitacional del asentamiento.

Pero a partir de ese principio de acuerdo con los pobladores de la villa, el Ministerio de Desarrollo Social porteño, que hasta el corte de la autopista Illia sólo asistía con alimentos y la provisión de algunos servicios a los vecinos, tuvo que tomar las riendas de un proyecto aún incierto.

Según reveló a LA NACION María Eugenia Vidal, titular del área, el primer paso será realizar un censo de los habitantes de la 31 y de la 31 bis. “Empezamos a reunirnos con los vecinos y acordamos mantener una mesa de trabajo. Nos comprometimos a ir resolviendo los problemas poco a poco hasta que lleguemos a un plan de urbanización integral. Una cosa fundamental es realizar un censo, con el que muchos pobladores están de acuerdo e incluso quieren colaborar”, explicó la funcionaria.

El censo, que comenzaría en marzo del año próximo, buscará establecer el número de habitantes de las villas 31 y 31 bis (las últimas cifras oficiales hablan de más de 7000 familias), la composición de los hogares, la antigüedad de residencia, los niveles de ingreso e instrucción, y las edades y géneros.

El relevamiento será realizado por el área de Desarrollo Social, que todavía trabaja en los detalles de las preguntas y en la posible operatoria.

“El censo es absolutamente necesario porque conocer la población permite limitar el crecimiento explosivo que la villa 31 ha tenido en el último tiempo. Mientras tanto, ya hay equipos del gobierno trabajando en soluciones para la prestación de servicios en distintos sectores”, agregó Vidal.

Según contó la ministra, esta semana comenzarán a trabajar con los habitantes del asentamiento para establecer, cuadra por cuadra, las necesidades referidas a los servicios básicos, como el agua y la electricidad.

“Ya hay algunos proyectos de urbanización e iremos discutiéndolos con ellos. Mientras tanto, esperamos el diálogo con el gobierno nacional porque necesariamente se requiere la transferencia de los terrenos”, dijo.

Respecto del proyecto de censo, Claudio Freidin, director nacional de Villas en la Subsecretaría de Vivienda y ex titular del Instituto de Vivienda de la ciudad durante la gestión de Jorge Telerman, advirtió: “No se puede desarrollar un censo tradicional, dada la complejidad de la estructura física y social de los barrios. Sobre todo, hay que tener en cuenta los distintos cuadros de población existentes, por ejemplo: los históricos, los inquilinos, los habitantes golondrina, las familias ampliadas”.

Además, sugirió que midieran datos que “permitan definir con claridad propuestas de acción, como el imaginario respecto a su futuro habitacional y los esquemas de financiamiento”.

El conflicto con los vecinos se desató después de que el gobierno porteño presentara una demanda ante la Justicia por el posible derrumbe de las edificaciones con varios pisos de altura. La Justicia hizo lugar a la presentación de la administración local y ordenó al gobierno nacional que no permitiera nuevas edificaciones.

Demoliciones
Luciana Bercovich, del programa de villas de la Asociación por Igualdad y la Justicia (ACIJ), que trabaja desde hace tres años en la villa, explicó: “Por un lado, se da la discusión pública y, por el otro, avanza la demanda para demoler las casas de la villa. Los funcionarios porteños están yendo a la villa, pero no basándose en un plan de urbanización. Lo que pedimos es que nos sentemos a discutir seriamente todos los actores”.

Hoy habrá una nueva audiencia ante la Justicia. Y mañana se presentará en la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña el proyecto de urbanización que realizó la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA.

“Estamos preocupados porque vemos que se avanza sin un plan que tampoco está reflejado en el presupuesto 2009 para la intervención en la villa”, agregó Bercovich, que trabaja en la Mesa de Urbanización conformada en el asentamiento hace tres años.

Según se indicó en la Legislatura, el presupuesto para el año próximo para obras de infraestructura en villas será de 160 millones de pesos, distribuidos en distintos programas y áreas del gobierno.

La actual administración deslindó al Instituto de la Vivienda de la urbanización de los asentamientos en la ciudad. En las villas de la zona sur (son 13 de las 14 reconocidas oficialmente) interviene la Corporación del Sur con el programa Pro Sur.

Pero también tiene injerencia el Ministerio de Desarrollo Económico, que tiene una unidad específica para los trabajos de infraestructura. Por su parte, Desarrollo Social cumple su papel en materia asistencial. La villa 31 y la 31 bis no están incluidas dentro de estos planes, pero después del conflicto todos los actores la pusieron en su agenda.

Por Laura Rocha

La Nación