Te esperamos en la 9° edición de la Semana “Presupuesto y Derechos” | Jaque a los privilegios. Derechos en juego

Todas las políticas públicas (desde la construcción de escuelas hasta los subsidios a empresas) requieren financiamiento. En general, impactan de diferente manera en términos de equidad: aumentando o reduciendo la desigualdad. Por eso, no da lo mismo qué políticas se priorizan y cuáles no, ni cómo se decide financiarlas.

En un contexto en el que las discusiones públicas se centran en la austeridad y la reducción del déficit fiscal, al mismo tiempo que se exacerban opiniones que desconocen el rol del Estado en la garantía de los derechos humanos, es fundamental que el presupuesto público se analice y discuta como lo que verdaderamente debe ser: una herramienta para transformar y mejorar la realidad y para definir en qué condiciones se renuncia a recursos que podrían orientarse a los derechos.

El 15 de septiembre el Ministerio de Economía presentó el proyecto de presupuesto para 2024 donde estima un gasto 5,7% menor, en términos reales, comparado con el presupuesto vigente de 2023. Pero si la inflación restante para 2023 se calcula en base al Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) la reducción es del 15,2%. Dentro de Servicios Sociales la función que más cae es Vivienda y Urbanismo (en -18,5% según REM). Se proyecta una reducción real en todas las jurisdicciones a excepción del Poder Judicial, que se mantiene prácticamente igual, y de Obligaciones a Cargo del Tesoro, que aumenta considerablemente (50%).

Antes de que termine el año, el Congreso debe discutir la propuesta del Ejecutivo y puede realizar modificaciones al momento de aprobarla. Es por eso que nos reunimos en la Cámara de Diputados/as –donde comienza el debate del presupuesto– con diputados/as, asesores/as, referentes/as de organizaciones de la sociedad civil y activistas, a analizar el presupuesto proyectado para 2024 y exigir la asignación de recursos adecuados para garantizar los derechos en condiciones de igualdad.