La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) afronta actualmente una severa crisis financiera que impacta de manera notable en la capacidad que el organismo tiene de cumplir sus funciones esenciales. La realización de estas funciones propias de la Comisión resulta determinante para la protección y la promoción de los derechos humanos en nuestra región.
A pesar de este difícil contexto, varios Estados se mostraron renuentes a mejorar los magros aportes que hacen a la OEA en general, y al fondo específico de la Comisión en particular. Por eso, en este breve documento proponemos hacer una aproximación inicial sobre cuánto representa el gasto dirigido a la CIDH que hace el Estado argentino concretamente, y qué nivel de prioridad evidencia ese gasto.
La información utilizada a los fines de este análisis es información pública oficial, que evidencia que el gasto que el Estado argentino realiza para financiar a la CIDH es llamativamente menor que otros gastos no vinculados de manera tan directa con la protección de los derechos humanos. A la misma conclusión se llega cuando se evalúan los recursos que el Estado deja de recaudar, por ejemplo, al eximir del pago del impuesto a las ganancias a los jueces provinciales y nacionales.
Estas cifras son indicios de que la crisis que afronta la CIDH no obedece a una verdadera escasez de recursos, sino a una falta de voluntad política para sostenerla.
El informe se puede descargar acá.