En el fallo el juez federal Daniel Rafecas consideró que “estas organizaciones sociales representan el interés colectivo”.
“Nuestro objetivo fue sentar un precedente en materia de casos de corrupción, para que otros ciudadanos y miembros de la sociedad civil pueda tener acceso a causas en las que existan actos de corrupción” dijo Pedro Biscay, director ejecutivo del CIPCE.
En tanto para uno de los directores de ACIJ, Ezequiel Nino, esta decisión “marca un antes y un después en materia de investigaciones de causas vinculadas a la corrupción. Sienta un precedente para lograr la publicidad de las causas, hasta ahora secretas”.
“En nuestro país no se investigan los hechos de corrupción cometidos por funcionarios públicos de jerarquía, casi no hay condenados por estos actos. Y en este sentido, los que tienen mucho poder discrecional son los jueces de instrucción, y las investigaciones se llevan a cabo con los tiempos que ellos marcan pero sin generarse avances sustanciales” remarcó Biscay del CIPCE y agregó que “este fallo es fundamental porque además de la prevención de la corrupción y el mejoramiento de la transparencia, ahora la sociedad civil puede inmiscuirse más en los casos, acompañar la actuación del fiscal y de los jueces y hacer propuestas para que esas causas se aceleren”.
“Nuestras organizaciones se han planteado luchar contra la cultura del secreto que hay en torno a casos que tanto preocupan a la sociedad civil. Tenemos la firme convicción que los casos en los que se investigan hechos de corrupción, deben ser de público conocimiento” manifestó Biscay.
Ahora las organizaciones temen ante la posibilidad de que la causa quede en la nada, ya que “si hasta setiembre de este año, no se eleva a juicio oral y público, la causa corre serio riesgo de prescribir”.
El caso de las coimas en el Senado fue uno de los casos de corrupción más trascendentes de la última década en nuestro país y que desató una importante crisis política, afectando la credibilidad de una de las instituciones más importantes de la República.
La causa se encuentra aún en etapa de instrucción. El magistrado ordenó para los últimos días de febrero, entre otras cosas, el análisis del patrimonio de 20 ex senadores justicialistas y de sus colaboradores, un estudio técnico de las llamadas telefónicas de todos los involucrados en el caso, un peritaje contable de la SIDE y otro peritaje sobre los movimientos en el octavo piso del organismo de inteligencia, donde se encuentra la bóveda.
En diciembre pasado, el juez federal había confirmado los nueve procesamientos de la causa: Mario Pontaquarto; Emilio Cantarero; el ex secretario de inteligencia Fernando de Santibáñez; el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique; y los ex senadores José Genoud, Ricardo Branda, Augusto Alasino, Alberto Tell y Remo Costanzo.