El gobierno de Argentina logró la aprobación parlamentaria de la reforma del cuerpo que selecciona jueces y evalúa su actividad, pese a que organizaciones de la sociedad civil y opositores políticos consideran que el giro dado es un retroceso en la calidad institucional.
Con 148 votos a favor, 89 en contra y dos abstenciones, el oficialismo logró en la madrugada de este jueves en la Cámara de Diputados la sanción que faltaba para concretar los cambios en el Consejo de la Magistratura, un organismo mixto de representantes de distintos estamentos de la sociedad creado con la reforma constitucional de 1994 para nominar y enjuiciar a los jueces.
Los críticos de la reforma hacen hincapié en que la nueva conformación que tendrá el Consejo –uno de los aspectos centrales del proyecto aprobado– implica un avance del poder político sobre otros sectores en ese ámbito, como los abogados o los propios jueces y, más aún, una mayor influencia del gobierno que pasa de 25 a 38 por ciento en su representación.
El gobierno centroizquierdista de Néstor Kirchner propuso en diciembre reformar ese Consejo sin que antes mediara consulta alguna a organizaciones no gubernamentales ni se buscara consenso con la oposición, como es habitual en Argentina ante asuntos de esta envergadura institucional y que requiere una mayoría especial en el Congreso para su modificación.
El proyecto presentado por la senadora Cristina Fernández, esposa de Kirchner, se aprobó ese mismo mes en el Senado y este jueves corrió igual suerte y sin modificación en la cámara baja, en un clima de polémica y críticas de la sociedad civil organizada.
El punto de mayor controversia es el que establece la reducción de la cantidad de integrantes del Consejo, que baja de 20 a 13, donde se altera según los críticos la actual pluralidad y el equilibrio exigido por la Constitución entre los sectores que lo integran: legisladores por las mayorías y minorías, jueces, abogados, académicos y representantes del Poder Ejecutivo.
La reforma estipula, además, la publicidad de las reuniones de consejeros, a diferencia de la actualidad que algunas son de carácter secreto, fija un plazo de tres años y luego ordena la prescripción del enjuiciamiento de magistrados, crea tribunales “ad hoc” para esos procesos a magistrados, en lugar de sostener tribunales permanentes.
Finalmente, devuelve a la Corte Suprema la administración de recursos del Poder Judicial, que eran hasta ahora atribución del Consejo.
Con la nueva confirmación, en lugar de cuatro senadores y cuatro diputados habrá tres y tres, sacrificando a los representantes de las segundas minorías que, según organismos de ciudadanos eran los que más activamente trabajaban en el Consejo, sobre todo en la sanción a jueces que incurrían en mal desempeño de sus funciones.
Pero también se reduce de cuatro a tres la participación de los jueces, elimina la presidencia del Consejo –que correspondía al presidente de la Corte Suprema de Justicia, baja de dos a uno la representación de los académicos, de cuatro a dos la de abogados matriculados, y mantiene al representante del Poder Ejecutivo.
“Esta conformación del Consejo vulnera palmariamente el equilibrio de sectores previsto en la Constitución”, dijo a IPS Juan Antoniassi, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. “Representa un retroceso para la justicia y un avance para el sector político, que tendrá mayor influencia”, añadió.
“Es una interferencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial de extrema gravedad”, señaló a su vez a IPS María Julia Pérez Tort, del área de Acción por la Justicia de la organización Poder Ciudadano.
Pérez Tort consideró además que la norma “es inconstitucional”, al ignorar las recomendaciones sobre el equilibrio en el Consejo.
Según sus observaciones, la nueva conformación significa que, en caso de designar o no a un postulante o de sancionar a un juez –situaciones para las que se requiere una mayoría especial de dos tercios–, el sector político tendrá siete votos y, por lo tanto, el poder suficiente para bloquear decisiones que no comparta.
A pesar de algunas críticas por su funcionamiento burocrático, el Consejo de la Magistratura creado en 1994 resultó un avance para la administración de justicia, pues antes de ello los candidatos a jueces eran propuestos al Senado por el Poder Ejecutivo, un mecanismo que favorecía el amiguismo, la parcialidad, y la falta de idoneidad.
En cambio, ahora los postulantes concursan de acuerdo a sus antecedentes, rinden examen y, tras una rigurosa selección ante el Consejo, sus nombres recién ahí se elevan al Senado para que apruebe o no su designación.
Asimismo, el Consejo contribuyó a hacer más transparentes las sanciones y juicios a los magistrados.
“El oficialismo está apurado, no escucha a nadie y no busca el consenso sino solamente el número de votos a favor”, criticó el diputado opositor Mario Negri, de la Unión Cívica Radical.
Minutos antes de comenzar el debate, Kirchner había exhortado a los legisladores a “avanzar y sancionar” el proyecto en contra de las críticas que, según su opinión, provenían de “corporaciones vetustas” como los colegios de abogados que vieron reducida su participación en el Consejo en un 50 por ciento.
En una carta a Human Rights Watch, la organización con sede en Nueva York que había objetado la propuesta, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, explicó que el motivo de la reforma es porque el actual Consejo es “lento y poco transparente para seleccionar y efectivizar remociones”.
También defendió la mayor participación de miembros elegidos por el voto popular.
De nada sirvió la campaña de organizaciones de ciudadanos, de derechos humanos, colegios de abogados, jueces, camaristas, constitucionalistas y otras entidades que manifestaron sus reparos al proyecto del oficialismo para la reforma. Finalmente quedó sancionada la iniciativa del gobierno sin ninguna modificación.
El constitucionalista Daniel Sabsay, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, consideró que la reforma no soluciona ninguno de los problemas de funcionamiento del Consejo y, en cambio, representa “un paso atrás” en la independencia de la justicia al volver a “politizar” la designación de los jueces.
Organizaciones defensoras de los derechos ciudadanos y humanitarias habían ponderado muy positivamente la decisión de Kirchner de autolimitar el poder que le confería entonces la ley para designar a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia al comenzar su mandato en 2003.
Esa actitud, sostuvieron, contribuyó a recuperar la credibilidad en la independencia de la justicia, afectada luego de que el presidente Carlos Menem (1989-1099) ampliara de cinco a nueve el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia para introducir una mayoría favorable a su gestión.
“Ahora nos encontramos ante el mayor retroceso de la independencia del Poder Judicial desde la ampliación del número de miembros de la corte”, advirtió la legisladora Marcela Rodríguez, de la opositora Agrupación para una República de Iguales, y ex integrante del Consejo por un partido que ahora perderá representación en el organismo.
Con 148 votos a favor, 89 en contra y dos abstenciones, el oficialismo logró en la madrugada de este jueves en la Cámara de Diputados la sanción que faltaba para concretar los cambios en el Consejo de la Magistratura, un organismo mixto de representantes de distintos estamentos de la sociedad creado con la reforma constitucional de 1994 para nominar y enjuiciar a los jueces.
Los críticos de la reforma hacen hincapié en que la nueva conformación que tendrá el Consejo –uno de los aspectos centrales del proyecto aprobado– implica un avance del poder político sobre otros sectores en ese ámbito, como los abogados o los propios jueces y, más aún, una mayor influencia del gobierno que pasa de 25 a 38 por ciento en su representación.
El gobierno centroizquierdista de Néstor Kirchner propuso en diciembre reformar ese Consejo sin que antes mediara consulta alguna a organizaciones no gubernamentales ni se buscara consenso con la oposición, como es habitual en Argentina ante asuntos de esta envergadura institucional y que requiere una mayoría especial en el Congreso para su modificación.
El proyecto presentado por la senadora Cristina Fernández, esposa de Kirchner, se aprobó ese mismo mes en el Senado y este jueves corrió igual suerte y sin modificación en la cámara baja, en un clima de polémica y críticas de la sociedad civil organizada.
El punto de mayor controversia es el que establece la reducción de la cantidad de integrantes del Consejo, que baja de 20 a 13, donde se altera según los críticos la actual pluralidad y el equilibrio exigido por la Constitución entre los sectores que lo integran: legisladores por las mayorías y minorías, jueces, abogados, académicos y representantes del Poder Ejecutivo.
La reforma estipula, además, la publicidad de las reuniones de consejeros, a diferencia de la actualidad que algunas son de carácter secreto, fija un plazo de tres años y luego ordena la prescripción del enjuiciamiento de magistrados, crea tribunales “ad hoc” para esos procesos a magistrados, en lugar de sostener tribunales permanentes.
Finalmente, devuelve a la Corte Suprema la administración de recursos del Poder Judicial, que eran hasta ahora atribución del Consejo.
Con la nueva confirmación, en lugar de cuatro senadores y cuatro diputados habrá tres y tres, sacrificando a los representantes de las segundas minorías que, según organismos de ciudadanos eran los que más activamente trabajaban en el Consejo, sobre todo en la sanción a jueces que incurrían en mal desempeño de sus funciones.
Pero también se reduce de cuatro a tres la participación de los jueces, elimina la presidencia del Consejo –que correspondía al presidente de la Corte Suprema de Justicia, baja de dos a uno la representación de los académicos, de cuatro a dos la de abogados matriculados, y mantiene al representante del Poder Ejecutivo.
“Esta conformación del Consejo vulnera palmariamente el equilibrio de sectores previsto en la Constitución”, dijo a IPS Juan Antoniassi, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. “Representa un retroceso para la justicia y un avance para el sector político, que tendrá mayor influencia”, añadió.
“Es una interferencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial de extrema gravedad”, señaló a su vez a IPS María Julia Pérez Tort, del área de Acción por la Justicia de la organización Poder Ciudadano.
Pérez Tort consideró además que la norma “es inconstitucional”, al ignorar las recomendaciones sobre el equilibrio en el Consejo.
Según sus observaciones, la nueva conformación significa que, en caso de designar o no a un postulante o de sancionar a un juez –situaciones para las que se requiere una mayoría especial de dos tercios–, el sector político tendrá siete votos y, por lo tanto, el poder suficiente para bloquear decisiones que no comparta.
A pesar de algunas críticas por su funcionamiento burocrático, el Consejo de la Magistratura creado en 1994 resultó un avance para la administración de justicia, pues antes de ello los candidatos a jueces eran propuestos al Senado por el Poder Ejecutivo, un mecanismo que favorecía el amiguismo, la parcialidad, y la falta de idoneidad.
En cambio, ahora los postulantes concursan de acuerdo a sus antecedentes, rinden examen y, tras una rigurosa selección ante el Consejo, sus nombres recién ahí se elevan al Senado para que apruebe o no su designación.
Asimismo, el Consejo contribuyó a hacer más transparentes las sanciones y juicios a los magistrados.
“El oficialismo está apurado, no escucha a nadie y no busca el consenso sino solamente el número de votos a favor”, criticó el diputado opositor Mario Negri, de la Unión Cívica Radical.
Minutos antes de comenzar el debate, Kirchner había exhortado a los legisladores a “avanzar y sancionar” el proyecto en contra de las críticas que, según su opinión, provenían de “corporaciones vetustas” como los colegios de abogados que vieron reducida su participación en el Consejo en un 50 por ciento.
En una carta a Human Rights Watch, la organización con sede en Nueva York que había objetado la propuesta, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, explicó que el motivo de la reforma es porque el actual Consejo es “lento y poco transparente para seleccionar y efectivizar remociones”.
También defendió la mayor participación de miembros elegidos por el voto popular.
De nada sirvió la campaña de organizaciones de ciudadanos, de derechos humanos, colegios de abogados, jueces, camaristas, constitucionalistas y otras entidades que manifestaron sus reparos al proyecto del oficialismo para la reforma. Finalmente quedó sancionada la iniciativa del gobierno sin ninguna modificación.
El constitucionalista Daniel Sabsay, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, consideró que la reforma no soluciona ninguno de los problemas de funcionamiento del Consejo y, en cambio, representa “un paso atrás” en la independencia de la justicia al volver a “politizar” la designación de los jueces.
Organizaciones defensoras de los derechos ciudadanos y humanitarias habían ponderado muy positivamente la decisión de Kirchner de autolimitar el poder que le confería entonces la ley para designar a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia al comenzar su mandato en 2003.
Esa actitud, sostuvieron, contribuyó a recuperar la credibilidad en la independencia de la justicia, afectada luego de que el presidente Carlos Menem (1989-1099) ampliara de cinco a nueve el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia para introducir una mayoría favorable a su gestión.
“Ahora nos encontramos ante el mayor retroceso de la independencia del Poder Judicial desde la ampliación del número de miembros de la corte”, advirtió la legisladora Marcela Rodríguez, de la opositora Agrupación para una República de Iguales, y ex integrante del Consejo por un partido que ahora perderá representación en el organismo.