La iniciativa que está en discusión contempla la posibilidad de poner un plazo máximo de dos años para las investigaciones contra los magistrados. Para esas seis asociaciones, “una discusión sobre el plazo de los procedimientos no puede estar desvinculada de los controles indispensables relativos a la tramitación de los expedientes”.
El peligro que esa cláusula entraña es, según advierten algunos consejeros, la posible prescripción de varias causas contra jueces. Sin embargo, las organizaciones civiles también opinaron que “la duración indeterminada de los procesos constituye una violación a la garantía de plazo razonable del debido proceso legal”.
En una carta firmada por el presidente de la FARN, Daniel Sabsay, las organizaciones pidieron a Petracchi ser escuchadas por el plenario del Consejo. En la última reunión del cuerpo, los consejeros decidieron que en próxima reunión plenaria se iba a escuchar la opinión de la Asociación de Magistrados.