Reclaman la pronta designación del defensor de los Niños

La Nación, 13-7-2016. Por María Ayuso “La deuda con la infancia en Argentina es urgente: la designación del defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes no puede esperar”. Así resume Dalile Antúnez, codirectora de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el reclamo que representantes de distintos partidos políticos y cerca de treinta organizaciones sociales están llevando adelante para instar al Poder Legislativo a nombrar esta figura cuanto antes. La ley nacional 26.061, de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, promulgada en 2005 (y que dejó atrás la antigua 10.903, de Patronato), previó en su artículo 47 y en un plazo de 90 días, la designación del Defensor. Diez años después, esto aún no ocurrió. Carla Carrizo, diputada nacional por la Unión Cívica Radical (UCR) y una de las referentes de la iniciativa que busca instalar la necesidad de este nombramiento en la agenda pública, explica: “A pesar de que en 2012 y 2013 fue aprobada en ambas cámaras la creación de la Comisión Bicameral encargada de la designación del Defensor, el Congreso Nacional por falta de acuerdo político, no la ha constituido ni durante el kirchnerismo ni ahora”. Y agrega: “Llevamos más de una década de incumplimiento con las niñas, niños y adolescentes”.

La ley sola no alcanza

Carrizo opina que la 26.061 es “una ley modelo”, porque “cambió el paradigma de considerar a los niños como objetos, a sujetos de derecho”. Sin embargo, la letra está lejos de convertirse en una realidad: “Actualmente, no podemos controlar su implementación”. Según esta ley, además de promover las acciones para la protección de los intereses difusos o colectivos relativos a la infancia y adolescencia, el defensor puede interponer acciones para la protección de derechos en cualquier juicio, instancia o tribunal, entre otras atribuciones. “En Argentina, tenemos un mapa absolutamente fragmentado de la infancia: un defensor nacional permitiría exigir parámetros mínimos de acceso a derechos en el plano federal”, dice la diputada. Ejemplifica: sólo seis de las 24 provincias designaron una defensoría específica para los niños y adolescentes, cumpliendo así con lo dispuesto por la normativa nacional. Antúnez coincide con Carrizo en que “hay una brecha enorme entre el reconocimiento normativo de los derechos de los niños y adolescentes y su implementación efectiva. Para empezar a cerrar esa brecha, es clave que haya organismos de control, independientes, que promuevan acciones en defensa de esos derechos y controlen su cumplimiento”. Y cuenta: “Lo que pedimos, es que el Congreso cumpla con su obligación de integrar la Comisión Bicameral que debe designar al defensor. Para que esto ocurra, sólo falta la voluntad política”. Carrizo explica que la composición de esta comisión debe respetar la proporción de la representación política de los partidos. Para ella, esto es un grave problema. “Los organismos de control en la Argentina están partidizados, cuando no debería ser así – dice-. Hoy, por una cuestión de mayorías, la designación del defensor estaría controlada por el partido (Frente para la Victoria) que durante 12 años obstaculizó el control de las políticas de niñez y nos dejó altísimos niveles de pobreza en la infancia.” La diputada agrega: “Desde Cambiemos, queremos que quien ocupe ese lugar sea una figura que surja del acuerdo entre partidos y asociaciones de la sociedad civil, que deberían tener voz en al asunto mediante audiencias públicas en las que opinen sobre los candidatos. Independientemente de los partidos, lo que importa son las personalidades, las trayectorias”. Con respecto a la situación actual, diputados y senadores se encuentran, según Carrizo, en un proceso de construcción de consenso en torno a dos posibilidades: si se realizan modificaciones a las resoluciones ya existentes, tendientes a garantizar la participación de las organizaciones de la sociedad civil en el proceso de designación de los miembros de la bicameral; o si es necesario incorporar cambios puntuales en la ley, para ir en el mismo sentido.