Incumplir leyes, no responder al derecho a la información, subejecutar presupuesto, construir mal y mantener a un funcionario denunciado penalmente es la política que hereda, y en parte mantiene, la gestión PRO en el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC).
De la gestión IVC 2007, y que en gran parte se mantiene con el actual Gobierno, dio cuenta un extenso informe que elaboró a lo largo de un año la Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro por el Derecho a la Vivienda y por los Desalojados – Programa de las Américas (Cohre, por sus siglas en inglés).
La abogada que coordina el equipo de villas en ACIJ, Luciana Bercovich, manifestó que “sigue siendo ineficiente el IVC. Hace cinco meses que asumieron y no hay una política clara para las villas. La ley 1.251 marca que el IVC realiza viviendas, y hace semanas el Gobierno de la Ciudad firmó un convenio para traspasar funciones del IVC a Corporación del Sur. Este convenio es ilegal”.
Hace dos semanas el macrismo presentó en la Legislatura su proyecto de ley para reformular la normativa que da cuenta de las tareas del Instituto. “Igualmente el IVC ya se deshizo en los hechos de las villas”, expresó Bercovich.
Por los pasillos gubernamentales se rumorea que la política con las barriadas pobres tendrán una Unidad de Gestión Especial en el Ministerio de Producción para resolver la emergencia y los servicios, en tanto que la construcción de viviendas será por medio de la Corporación del Sur y las clases media y baja tendrán líneas de créditos otorgadas por el Instituto de Vivienda.
Retomando al informe de las ONG’s y comparando con lo que la abogada representante de ACIJ (ONG informante de la justicia porteña en la causa de los ex habitantes de Villa Cartón) vio y escuchó este lunes 5 en una audiencia con el máximo responsable del IVC, Roberto Apelbaum, se puede entender que casi nada cambió en el denominado “PAMI de la Ciudad”.
“Apelbaum no supo responder cuántas gerencias tienen”, comentó Bercovich. Este dato repite lo ocurrido en las anteriores gestiones, sobre las que dieron cuenta ACIJ y el Centro por el Derecho a la Vivienda y por los Desalojados. Asimismo, “la Auditoría sacó un informe del 2006 que relata lo mismo que nosotros: falta de transparencia y estructura deficiente”, dijo Bercovich.
Ante la pregunta de NOTICIAS URBANAS sobre si continúa la misma situación en el IVC, desde ACIJ manifestaron que “sí, sigue siendo ineficiente”.
Uno de los puntos de coincidencia entre las gestiones de perfil progresista y la actual de centroderecha es la continuidad de un gerente del IVC.
El funcionario Hugo Campos, que esta semana estuvo a cargo del censo en el centro de evacuados de Parque Roca, fue denunciado penalmente por el juez porteño Roberto Andrés Gallardo, en el marco del amparo por los habitantes del ex asentamiento Villa Cartón. Campos es responsable (por documentación aportada a la causa que debe investigar el fiscal Martín López Perrando) de dos comedores comunitarios que no se habían construido pero que se pagaron. También, de la entrega de agua no apta para consumo humano, como verificó la pericia policial.
En el presupuesto 2007 se destinaron al IVC (en ese momento autointervenido) 211 millones de pesos, unos 80 millones de pesos eran para las villas. Según cálculos oficiales, para urbanizar las 14 villas reconocidas, esto sin nombrar la decena de asentamientos, son necesarios unos 4.650 millones de pesos, y al ritmo que se construye se necesitarían 84 años, esto sin tener en cuenta que en los últimos cuatro años la población en villas se incrementó en un 30 por ciento.
El IVC, además de llevar adelante la construcción de viviendas, es el área que debe controlar a las empresas privadas que brindan servicios en las villas (por ejemplo, a quienes limpian las cloacas y sumideros, labor que costó 6 millones de pesos el año pasado), regular los recursos materiales y los derechos políticos, al tener en su poder la convocatoria a las elecciones de las Juntas Vecinales, para la que debe designar las autoridades de mesa, confeccionar padrones, realizar censos y financiar las campañas políticas villeras.
La intervención judicial en tres villas de la Ciudad (Villa 20, Los Piletones y Villa 21-24) dejó en evidencia que el IVC se manejó de manera irregular en el tema electoral. Su controvertida relación con dirigentes fue difundida por este medio, como por ejemplo, en el caso Marcelo Chancalay.
DETALLES DEL INFORME
Desde el 2007 hasta el momento el Gobierno de la Ciudad, en el marco de la acción judicial por el derecho a la información (expediente 24.272), nadie puede responder la cantidad de gerencias existentes en el Instituto de Vivienda, las tareas y normativa de las gerencias, y cuál gerencia aborda la problemática de villas y asentamientos.
El informe da cuenta que durante 2006, de unos 20 pedidos de informes ante el Instituto de Vivienda, que muchos aún llaman CMV (por Comisión Municipal de Vivienda), sólo el Estado respondió un 30 por ciento, y que en algunos casos la respuesta llegó tras el inicio de causas judiciales.
Las quejas de los vecinos no fueron menores. En 2006, más de 10 mil personas se molestaron para reclamar, consultar y denunciar en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad al Instituto de la Vivienda.
SUBEJECUCIÓN
La subejecución presupuestaria de la CMV y luego del IVC, entre 1994-2004 varía entre el 33.8 por ciento (para 1996) y llegó a su pico máximo de no gastar un 73.5 por ciento del total (durante la crisis de 2001), con un promedio de 55 por ciento de ejecución para todo el período más arriba señalado.
En el año 2005 los funcionarios no ejecutaron poco más de 110 millones de pesos. En ese, año el Programa de Radicación, Integración y Transformación de Villas y Núcleos Habitacionales presentaba una ejecución del 10 por ciento.
SIN TRANSPARENCIA
La falta de transparencia en el sistema de licitación y adjudicación de obras también es denunciado en el informe: “siempre las ganadoras de las licitaciones son las que el IVC promueve”. Igualmente, no se especifican detalles sobre el tema.
POZOS CIEGOS
El servicio de red cloacal mantiene pozos ciegos, prohibidos por ley, que deben ser desagotados por camiones atmosféricos y cisternas que IVC realiza a través de la empresa Ashira S.A. La tercerización costó en el año 2006 seis millones de pesos.
LOS ESPACIOS VERDES
Casi no hay plazas en las villas. ACIJ intervino en la Villa 31 bis para la construcción de una plaza. El IVC no asumió la tarea de generar espacios verdes.
LAS LEYES POR VILLAS
La villa del Bajo Flores cuenta con una ley para la creación de una Mesa de Planeamiento Participativo, que debe elaborar y ejecutar el plan de urbanización. Durante seis años se prorrogó la norma sin poder resolver problemáticas de fondo.
En el barrio Ramón Carrillo, ubicado en Soldati, destinado a los habitantes del demolido Albergue Warnes, el Ejecutivo porteño, por ley, debe adecuar su infraestructura (red de desague cloacal, pluvial, red de energía eléctrica, de gas, repavimentación, veredas y red de alumbrado público). Con otra ley se prorrogó la emergencia. Ante los reiterados incumplimientos, algunos vecinos iniciaron una causa judicial, donde además se denunció que el suelo está contaminado con mercurio.
En el caso de la Villa 20 de Lugano, nunca se realizó la audiencia pública como obliga la ley 1.770 por obras, diseño del barrio y el saneamiento del suelo en el predio recuperado a la Policía Federal conocido como “el cementerio de autos”.
Los títulos dominales aún están pendientes para los barrios Presidente Rivadavia I y II, Soldati, Piedrabuena, Presidente Illia, Mariano Castex, Cardenal Samoré, entre otros. Esto suma un universo de 50 mil personas.
Por Lucas Schaerer
Noticias Urbanas
De la gestión IVC 2007, y que en gran parte se mantiene con el actual Gobierno, dio cuenta un extenso informe que elaboró a lo largo de un año la Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro por el Derecho a la Vivienda y por los Desalojados – Programa de las Américas (Cohre, por sus siglas en inglés).
La abogada que coordina el equipo de villas en ACIJ, Luciana Bercovich, manifestó que “sigue siendo ineficiente el IVC. Hace cinco meses que asumieron y no hay una política clara para las villas. La ley 1.251 marca que el IVC realiza viviendas, y hace semanas el Gobierno de la Ciudad firmó un convenio para traspasar funciones del IVC a Corporación del Sur. Este convenio es ilegal”.
Hace dos semanas el macrismo presentó en la Legislatura su proyecto de ley para reformular la normativa que da cuenta de las tareas del Instituto. “Igualmente el IVC ya se deshizo en los hechos de las villas”, expresó Bercovich.
Por los pasillos gubernamentales se rumorea que la política con las barriadas pobres tendrán una Unidad de Gestión Especial en el Ministerio de Producción para resolver la emergencia y los servicios, en tanto que la construcción de viviendas será por medio de la Corporación del Sur y las clases media y baja tendrán líneas de créditos otorgadas por el Instituto de Vivienda.
Retomando al informe de las ONG’s y comparando con lo que la abogada representante de ACIJ (ONG informante de la justicia porteña en la causa de los ex habitantes de Villa Cartón) vio y escuchó este lunes 5 en una audiencia con el máximo responsable del IVC, Roberto Apelbaum, se puede entender que casi nada cambió en el denominado “PAMI de la Ciudad”.
“Apelbaum no supo responder cuántas gerencias tienen”, comentó Bercovich. Este dato repite lo ocurrido en las anteriores gestiones, sobre las que dieron cuenta ACIJ y el Centro por el Derecho a la Vivienda y por los Desalojados. Asimismo, “la Auditoría sacó un informe del 2006 que relata lo mismo que nosotros: falta de transparencia y estructura deficiente”, dijo Bercovich.
Ante la pregunta de NOTICIAS URBANAS sobre si continúa la misma situación en el IVC, desde ACIJ manifestaron que “sí, sigue siendo ineficiente”.
Uno de los puntos de coincidencia entre las gestiones de perfil progresista y la actual de centroderecha es la continuidad de un gerente del IVC.
El funcionario Hugo Campos, que esta semana estuvo a cargo del censo en el centro de evacuados de Parque Roca, fue denunciado penalmente por el juez porteño Roberto Andrés Gallardo, en el marco del amparo por los habitantes del ex asentamiento Villa Cartón. Campos es responsable (por documentación aportada a la causa que debe investigar el fiscal Martín López Perrando) de dos comedores comunitarios que no se habían construido pero que se pagaron. También, de la entrega de agua no apta para consumo humano, como verificó la pericia policial.
En el presupuesto 2007 se destinaron al IVC (en ese momento autointervenido) 211 millones de pesos, unos 80 millones de pesos eran para las villas. Según cálculos oficiales, para urbanizar las 14 villas reconocidas, esto sin nombrar la decena de asentamientos, son necesarios unos 4.650 millones de pesos, y al ritmo que se construye se necesitarían 84 años, esto sin tener en cuenta que en los últimos cuatro años la población en villas se incrementó en un 30 por ciento.
El IVC, además de llevar adelante la construcción de viviendas, es el área que debe controlar a las empresas privadas que brindan servicios en las villas (por ejemplo, a quienes limpian las cloacas y sumideros, labor que costó 6 millones de pesos el año pasado), regular los recursos materiales y los derechos políticos, al tener en su poder la convocatoria a las elecciones de las Juntas Vecinales, para la que debe designar las autoridades de mesa, confeccionar padrones, realizar censos y financiar las campañas políticas villeras.
La intervención judicial en tres villas de la Ciudad (Villa 20, Los Piletones y Villa 21-24) dejó en evidencia que el IVC se manejó de manera irregular en el tema electoral. Su controvertida relación con dirigentes fue difundida por este medio, como por ejemplo, en el caso Marcelo Chancalay.
DETALLES DEL INFORME
Desde el 2007 hasta el momento el Gobierno de la Ciudad, en el marco de la acción judicial por el derecho a la información (expediente 24.272), nadie puede responder la cantidad de gerencias existentes en el Instituto de Vivienda, las tareas y normativa de las gerencias, y cuál gerencia aborda la problemática de villas y asentamientos.
El informe da cuenta que durante 2006, de unos 20 pedidos de informes ante el Instituto de Vivienda, que muchos aún llaman CMV (por Comisión Municipal de Vivienda), sólo el Estado respondió un 30 por ciento, y que en algunos casos la respuesta llegó tras el inicio de causas judiciales.
Las quejas de los vecinos no fueron menores. En 2006, más de 10 mil personas se molestaron para reclamar, consultar y denunciar en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad al Instituto de la Vivienda.
SUBEJECUCIÓN
La subejecución presupuestaria de la CMV y luego del IVC, entre 1994-2004 varía entre el 33.8 por ciento (para 1996) y llegó a su pico máximo de no gastar un 73.5 por ciento del total (durante la crisis de 2001), con un promedio de 55 por ciento de ejecución para todo el período más arriba señalado.
En el año 2005 los funcionarios no ejecutaron poco más de 110 millones de pesos. En ese, año el Programa de Radicación, Integración y Transformación de Villas y Núcleos Habitacionales presentaba una ejecución del 10 por ciento.
SIN TRANSPARENCIA
La falta de transparencia en el sistema de licitación y adjudicación de obras también es denunciado en el informe: “siempre las ganadoras de las licitaciones son las que el IVC promueve”. Igualmente, no se especifican detalles sobre el tema.
POZOS CIEGOS
El servicio de red cloacal mantiene pozos ciegos, prohibidos por ley, que deben ser desagotados por camiones atmosféricos y cisternas que IVC realiza a través de la empresa Ashira S.A. La tercerización costó en el año 2006 seis millones de pesos.
LOS ESPACIOS VERDES
Casi no hay plazas en las villas. ACIJ intervino en la Villa 31 bis para la construcción de una plaza. El IVC no asumió la tarea de generar espacios verdes.
LAS LEYES POR VILLAS
La villa del Bajo Flores cuenta con una ley para la creación de una Mesa de Planeamiento Participativo, que debe elaborar y ejecutar el plan de urbanización. Durante seis años se prorrogó la norma sin poder resolver problemáticas de fondo.
En el barrio Ramón Carrillo, ubicado en Soldati, destinado a los habitantes del demolido Albergue Warnes, el Ejecutivo porteño, por ley, debe adecuar su infraestructura (red de desague cloacal, pluvial, red de energía eléctrica, de gas, repavimentación, veredas y red de alumbrado público). Con otra ley se prorrogó la emergencia. Ante los reiterados incumplimientos, algunos vecinos iniciaron una causa judicial, donde además se denunció que el suelo está contaminado con mercurio.
En el caso de la Villa 20 de Lugano, nunca se realizó la audiencia pública como obliga la ley 1.770 por obras, diseño del barrio y el saneamiento del suelo en el predio recuperado a la Policía Federal conocido como “el cementerio de autos”.
Los títulos dominales aún están pendientes para los barrios Presidente Rivadavia I y II, Soldati, Piedrabuena, Presidente Illia, Mariano Castex, Cardenal Samoré, entre otros. Esto suma un universo de 50 mil personas.
Por Lucas Schaerer
Noticias Urbanas