Sin categoría07.08.07
ACIJ / Sin categoríaPropuestas de un grupo de ONG para una ley de Reordenamiento Ferroviario más transparente (Infocívica)
07/08/07
(INFOCIVICA, Buenos Aires, 7 de agosto de 2007). Mal funcionamiento de los trenes, gente indignada, incidentes, estaciones y vagones quemados… Y un proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional que busca, a las apuradas, el “reordenamiento ferroviario”. En el medio, diversas ONGs reclaman transparencia y mayor participación ciudadana en este proceso ¿de cambio?
Sucede que un grupo de organizaciones civiles y de usuarios elaboró un documento con recomendaciones y propuestas destinado a los diputados nacionales, en manos de quienes estará la tarea de aprobar el proyecto de ley del Poder Ejecutivo (Nº 123/07), que busca el reordenamiento ferroviario, a través de la creación de dos empresas estatales que se encargarán de la infraestructura y de la prestación de los servicios. El proyecto ya tiene media sanción del Senado.
“El documento tiene por objeto acercarles propuestas normativas, o simplemente inquietudes, que contribuyan a enriquecer, en aspectos vinculados con la transparencia, la participación de los usuarios, el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos, el texto del proyecto de ley”, dice el informe de las ONG que fue enviado ayer a las comisiones de Transporte y Presupuesto y de Hacienda de la Cámara de Diputados. Estas serán las encargadas de debatir (posiblemente mañana) el proyecto enviado por el Senado, y luego darle despacho para ser tratado en el recinto.
El documento fue elaborado por la Fundación Poder Ciudadano y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), y es adherido por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Fundación Metropolitana y la Red de Organizaciones del Conurbano Bonaerense, integrada por grupos de Moreno, Quilmes, San Isidro, Bernal, La Matanza y Morón.
“Nuestra intención de participación tiene que ver también con la necesidad de buscar una solución definitiva a la problemática del transporte. De hecho, el Poder Ejecutivo envió este proyecto inmediatamente después de los incidentes en Constitución, cuando los problemas habían sido detectados mucho antes. Es necesario terminar con esta actitud reactiva, y buscar soluciones preventivas”, destacó María Batch, responsable del Área de Construcción Ciudadanía de Poder Ciudadano, quien participó en la elaboración de las recomendaciones.
El antecedente más inmediato de este documento es una investigación que realizó el área que coordina Batch respecto del transporte público de pasajeros en el área metropolitana de Buenos Aires. Uno de los puntos críticos identificados entonces fue la falta de coordinación entre los gobiernos nacional, provincial y municipal para constituir la Autoridad Metropolitana de Transporte, un objetivo que viene intentándose alcanzar desde 1972, pero que hasta el momento no logró implementarse en forma completa.
Precisamente, entre las propuestas que plantean las ONG en este documento, figura la necesidad de que la futura Ley prevea cómo se coordinarán las acciones de las dos empresas creadas (la Administración de Infraestructuras Ferroviarias y la Sociedad Operatoria Ferroviaria) con la futura Autoridad Metropolitana de Transporte, cuya creación se vio impulsada con el dictado Art. 5 del Decreto 678/05.
“El medio ferroviario cumple un rol central para el traslado masivo de personas en el área metropolitana de Buenos Aires; por esa razón, es imprescindible su coordinación con los otros medios de transporte. Teniendo en cuenta que el proyecto de ley prevé la creación de dos empresas y nuevas competencias para el Ministerio de Planificación en materia ferroviaria, resulta especialmente importante responder de qué manera se coordinarán estos nuevos actores con los existentes, a fin de lograr un sistema de transporte eficaz para el área.” señaló Damián Staffa, consultor de Poder Ciudadano.
Pero las competencias asignadas a cada organismo -Ministerio de Planificación, las empresas estatales creadas en esta ley y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT)- en el proyecto de ley también fueron puestas en duda por las ONG. “Es necesario que se prevea la existencia de un robusto y eficaz sistema de regulación, fiscalización y control del transporte ferroviario, a cargo de un ente autónomo e independiente”, dice el documento.
El por qué de esta recomendación radica en varias observaciones. Una de ellas tiene que ver con las competencias otorgadas al Ministerio de Planificación que, según esta ley, tendrá funciones de regulación, control y aplicación. “La teoría sobre regulación de servicios públicos recomienda que estas funciones sean ejercidas por actores separados”, justifica el documento.
Por otra parte, destaca como una falencia que este Ministerio pueda delegar funciones de fiscalización y control a la CNRT, como establece el proyecto. “Sería recomendable que la ley las asignara como competencia originaria del organismo. De esta manera, se fortalecería legalmente la autonomía funcional del regulador en materia de fiscalización y control del servicio”, destaca el texto. Y agrega: “Resulta más preocupante que el proyecto de ley genere incertidumbre respecto al alcance de las competencias asignadas a la CNRT, puesto que conforme a la letra del artículo 17, el Poder Ejecutivo podrá delegar, restringir o suprimir facultades, e inclusive disponer el reemplazo de la CNRT por otro organismo; todo ello sin intervención del Congreso Nacional”.
Verónica Tarzia, coordinadora del Programa de Servicios Públicos de ACIJ (ONG que realizó un estudio de la situación de los órganos de fiscalización y control), destacó las deficiencias que padece actualmente la CNRT. “Está intervenido desde hace 6 años, sin que se implementara ninguna reestructuración hasta el momento, entre otras falencias también detectadas por la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación. Además tiene un presupuesto precario”, señala Tarzia. Y agrega: “Entonces, si el control se pone en manos de un órgano absolutamente cuestionado en cuanto a su situación institucional y de funcionamiento… ¿cómo va a funcionar bien por medio de una nueva ley? El Congreso debería pedirle al Ejecutivo la reestructuración de la CNRT, o que establezca un organismo que cumpla con todas las funciones de esta”.
La necesidad de garantizar en esta ley el uso transparente de los recursos públicos también está contemplada en el documento, al igual que la importancia de la participación ciudadana en el proceso de designación de los integrantes del Consejo de Administración de las Sociedades del Estado que se crean. También solicitan a los diputados la incorporación de “un mecanismo por el cual el Ejecutivo informe trimestralmente al Congreso sobre la ejecución de los programas de inversiones en infraestructura y mantenimiento, y las transferencias realizadas por el Estado a las Sociedades estatales creadas”, entre otras propuestas.
Respecto de estas recomendaciones, Batch destacó: “Existe una voluntad expresa de participación ciudadana, sobre todo de los usuarios del servicio. Lo interesante sería que el Poder Ejecutivo abra esta participación”. Y Staffa agregó: “La discusión de este proyecto de ley en el Congreso ofrece una oportunidad para incorporar nuevos mecanismos de participación ciudadana en el área de transporte. Sería bueno que pudiera ser aprovechada”.
Infocívica
Sucede que un grupo de organizaciones civiles y de usuarios elaboró un documento con recomendaciones y propuestas destinado a los diputados nacionales, en manos de quienes estará la tarea de aprobar el proyecto de ley del Poder Ejecutivo (Nº 123/07), que busca el reordenamiento ferroviario, a través de la creación de dos empresas estatales que se encargarán de la infraestructura y de la prestación de los servicios. El proyecto ya tiene media sanción del Senado.
“El documento tiene por objeto acercarles propuestas normativas, o simplemente inquietudes, que contribuyan a enriquecer, en aspectos vinculados con la transparencia, la participación de los usuarios, el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos, el texto del proyecto de ley”, dice el informe de las ONG que fue enviado ayer a las comisiones de Transporte y Presupuesto y de Hacienda de la Cámara de Diputados. Estas serán las encargadas de debatir (posiblemente mañana) el proyecto enviado por el Senado, y luego darle despacho para ser tratado en el recinto.
El documento fue elaborado por la Fundación Poder Ciudadano y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), y es adherido por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Fundación Metropolitana y la Red de Organizaciones del Conurbano Bonaerense, integrada por grupos de Moreno, Quilmes, San Isidro, Bernal, La Matanza y Morón.
“Nuestra intención de participación tiene que ver también con la necesidad de buscar una solución definitiva a la problemática del transporte. De hecho, el Poder Ejecutivo envió este proyecto inmediatamente después de los incidentes en Constitución, cuando los problemas habían sido detectados mucho antes. Es necesario terminar con esta actitud reactiva, y buscar soluciones preventivas”, destacó María Batch, responsable del Área de Construcción Ciudadanía de Poder Ciudadano, quien participó en la elaboración de las recomendaciones.
El antecedente más inmediato de este documento es una investigación que realizó el área que coordina Batch respecto del transporte público de pasajeros en el área metropolitana de Buenos Aires. Uno de los puntos críticos identificados entonces fue la falta de coordinación entre los gobiernos nacional, provincial y municipal para constituir la Autoridad Metropolitana de Transporte, un objetivo que viene intentándose alcanzar desde 1972, pero que hasta el momento no logró implementarse en forma completa.
Precisamente, entre las propuestas que plantean las ONG en este documento, figura la necesidad de que la futura Ley prevea cómo se coordinarán las acciones de las dos empresas creadas (la Administración de Infraestructuras Ferroviarias y la Sociedad Operatoria Ferroviaria) con la futura Autoridad Metropolitana de Transporte, cuya creación se vio impulsada con el dictado Art. 5 del Decreto 678/05.
“El medio ferroviario cumple un rol central para el traslado masivo de personas en el área metropolitana de Buenos Aires; por esa razón, es imprescindible su coordinación con los otros medios de transporte. Teniendo en cuenta que el proyecto de ley prevé la creación de dos empresas y nuevas competencias para el Ministerio de Planificación en materia ferroviaria, resulta especialmente importante responder de qué manera se coordinarán estos nuevos actores con los existentes, a fin de lograr un sistema de transporte eficaz para el área.” señaló Damián Staffa, consultor de Poder Ciudadano.
Pero las competencias asignadas a cada organismo -Ministerio de Planificación, las empresas estatales creadas en esta ley y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT)- en el proyecto de ley también fueron puestas en duda por las ONG. “Es necesario que se prevea la existencia de un robusto y eficaz sistema de regulación, fiscalización y control del transporte ferroviario, a cargo de un ente autónomo e independiente”, dice el documento.
El por qué de esta recomendación radica en varias observaciones. Una de ellas tiene que ver con las competencias otorgadas al Ministerio de Planificación que, según esta ley, tendrá funciones de regulación, control y aplicación. “La teoría sobre regulación de servicios públicos recomienda que estas funciones sean ejercidas por actores separados”, justifica el documento.
Por otra parte, destaca como una falencia que este Ministerio pueda delegar funciones de fiscalización y control a la CNRT, como establece el proyecto. “Sería recomendable que la ley las asignara como competencia originaria del organismo. De esta manera, se fortalecería legalmente la autonomía funcional del regulador en materia de fiscalización y control del servicio”, destaca el texto. Y agrega: “Resulta más preocupante que el proyecto de ley genere incertidumbre respecto al alcance de las competencias asignadas a la CNRT, puesto que conforme a la letra del artículo 17, el Poder Ejecutivo podrá delegar, restringir o suprimir facultades, e inclusive disponer el reemplazo de la CNRT por otro organismo; todo ello sin intervención del Congreso Nacional”.
Verónica Tarzia, coordinadora del Programa de Servicios Públicos de ACIJ (ONG que realizó un estudio de la situación de los órganos de fiscalización y control), destacó las deficiencias que padece actualmente la CNRT. “Está intervenido desde hace 6 años, sin que se implementara ninguna reestructuración hasta el momento, entre otras falencias también detectadas por la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación. Además tiene un presupuesto precario”, señala Tarzia. Y agrega: “Entonces, si el control se pone en manos de un órgano absolutamente cuestionado en cuanto a su situación institucional y de funcionamiento… ¿cómo va a funcionar bien por medio de una nueva ley? El Congreso debería pedirle al Ejecutivo la reestructuración de la CNRT, o que establezca un organismo que cumpla con todas las funciones de esta”.
La necesidad de garantizar en esta ley el uso transparente de los recursos públicos también está contemplada en el documento, al igual que la importancia de la participación ciudadana en el proceso de designación de los integrantes del Consejo de Administración de las Sociedades del Estado que se crean. También solicitan a los diputados la incorporación de “un mecanismo por el cual el Ejecutivo informe trimestralmente al Congreso sobre la ejecución de los programas de inversiones en infraestructura y mantenimiento, y las transferencias realizadas por el Estado a las Sociedades estatales creadas”, entre otras propuestas.
Respecto de estas recomendaciones, Batch destacó: “Existe una voluntad expresa de participación ciudadana, sobre todo de los usuarios del servicio. Lo interesante sería que el Poder Ejecutivo abra esta participación”. Y Staffa agregó: “La discusión de este proyecto de ley en el Congreso ofrece una oportunidad para incorporar nuevos mecanismos de participación ciudadana en el área de transporte. Sería bueno que pudiera ser aprovechada”.
Infocívica