ACIJ / PROGRAMAS

Presupuesto 2025: servicios sociales como variable de ajuste y privilegios fiscales que se mantienen

Como todos los años, desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) analizamos el presupuesto nacional con el objetivo de reflexionar sobre el impacto de la asignación y ejecución presupuestaria de derechos y sobre las prácticas que caracterizan al proceso presupuestario.

A continuación compartimos los principales resultados de nuestro análisis y, además, te invitamos a sumarte a la 10° edición de la Semana del Presupuesto y Derechos: “El equilibrio justo es cuando nadie se cae”, para debatir junto a diputadas/os, integrantes de la academia, de las ciencias sociales y del periodismo, el proyecto de presupuesto 2025.

  • El proyecto de presupuesto establece un aumento del gasto de 4,3% interanual en términos reales. Este incremento, sin embargo, aún está lejos de compensar la caída de 2024: entre 2023 (año del último presupuesto aprobado por el Congreso) y 2025 se consolida una caída del 24% en el gasto. 
  • La regla de equilibrio fiscal, sumada a las proyecciones macroeconómicas del presupuesto que prevén una inflación considerablemente menor a estimaciones privadas, indican que los recortes podrían ser aún más profundos.
    • La inflación estimada en el proyecto para 2025 (18,3%) es prácticamente la mitad de la calculada por la mayoría de especialistas y consultoras (38,4%). Si los aumentos de precios superan los previstos, se produciría una caída real del gasto mayor a la que surge del análisis del presupuesto, principalmente en las partidas que no se actualizan automáticamente por ley.
  • En un contexto de una fuerte crisis económica y social, el gasto en servicios sociales muestra un aumento que queda muy lejos de recuperar niveles anteriores a 2024.
    • Aunque este rubro muestra un crecimiento real del 9% en relación a lo que se espera ejecutar este año, caería un 17% al compararlo con el gasto de 2023 y, excluyendo el presupuesto de 2024, el de 2025 sería el menor gasto en servicios sociales desde 2010.
    • Buena parte de las reducciones más significativas en el gasto social durante el bienio 2023-2025 se concentran en áreas cuyo desfinanciamiento compromete las condiciones de progreso social de mediano plazo de los sectores populares: Agua Potable y Alcantarillado (-57%), Vivienda y Urbanismo (-47%), Educación y Cultura (-40%).
    • Hay un claro retroceso en las políticas contra la violencia de género y en programas de salud sexual y reproductiva, evidenciado por la ausencia de financiamiento para el Programa Acompañar y la Línea 144, así como recortes significativos en Educación Sexual Integral y la prevención del embarazo adolescente. Se profundiza la desinversión que comenzó en 2021, proponiendo una reducción real del 27% respecto al presupuesto vigente en 2024, del 78% en comparación con 2023, y del 85% en relación a 2021.
  • El recorte del presupuesto en servicios sociales ha sido una parte fundamental en el logro de superávit fiscal por parte del Gobierno: casi la mitad de la reducción del gasto entre 2023 y 2025 se explica por la baja en este rubro.
  • Si bien el gasto en la Asignación Universal por Hijo aumenta un 65% en términos reales para 2023-2025, los fondos destinados a esa suba representan apenas el 27% de los recursos que se recortaron a partidas destinadas a promoción y asistencia social, vivienda y urbanismo, trabajo, y agua potable y alcantarillado.
  • Mientras el gasto en servicios sociales para 2025 está lejos de compensar reducciones de otros años, el proyecto mantiene los privilegios fiscales para los sectores de más altos ingresos, agudizando la desigualdad del sistema. Un análisis del apartado de gastos tributarios arroja que estos se mantienen e incluso en algunos casos aumentan.
    • Las pérdidas fiscales previstas para 2025 producto de los regímenes de Economía del Conocimiento y de Tierra del Fuego suben en relación con 2024 un 0,02% y 0,03% del PBI respectivamente. 
    • Ninguno de estos ni del resto de los gastos tributarios son sometidos a evaluaciones que prueben que son eficientes, que están justificados y que son la mejor alternativa de política pública, generando privilegios fiscales que potencian la regresividad de la política en la materia.