Presentan un ambicioso “Acuerdo Social Anticorrupción”, y buscan el compromiso de los candidatos

Organizaciones civiles y especialistas exigen crear una Oficina Anticorrupción autónoma en los tres poderes del Estado, cambiar la ley de contrataciones, reformar el sistema de Inteligencia y auditar a los juzgados que deberían sancionar a los corruptos.

Desplazada del podio de las preocupaciones de los argentinos por la virulencia de la crisis económica, la lucha contra la corrupción mantiene sin embargo el interés de los argentinos, traducido en frustración por la falta de castigos. Para revertir esa desazón y comprometer a las fuerzas políticas que competirán en las elecciones, una alianza de organizaciones civiles elaboró junto a especialistas un ambicioso “Acuerdo Social Anticorrupción”, que propone reformas legales y estructurales, otras administrativas y unas cuantas que podrían resolverse con la firma del próximo presidente, previo acuerdo con sus opositores.

Con el impulso y auspicio de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Poder Ciudadano, Directorio Legislativo y el CIPCE, un grupo de especialistas de distintas trayectorias políticas y profesionales redactó el Acuerdo, que ahora será presentado a los candidatos para comprometerlos en su implementación desde el gobierno y el Congreso.

Entre ellos, participaron el ex camarista Ricardo Gil Lavedra, el frustrado candidato K para integrar la Corte Roberto Carlés, el ex fiscal de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido y la abogada Natalia Volosin.

“El Acuerdo busca consolidar un conjunto de propuestas de reformas normativas y de políticas públicas, que proponemos como una hoja de ruta de las acciones que la Argentina debería implementar en materia de lucha contra la corrupción”, explica Sebastián PIlo, codirector de la ACIJ. “Las elecciones ofrecen un buen momento para impulsar un compromiso, en un momento en el que la corrupción está entre las principales preocupaciones de la opinión pública”.

El trabajo está estructurado en 16 ejes temáticos, con propuestas de políticas públicas para los tres poderes del Estado, que en muchos casos demandarían de la modificación de leyes o acordadas de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo.

Para empezar, los especialistas reclaman una nueva ley de Ética Pública que autonomice a la agencia estatal que reemplace a la Oficina Anticorrupción en cada uno de los tres poderes; regulación de los conflictos de intereses, ampliación de la lista de funcionarios obligados a presentar sus declaraciones juradas de bienes también en los tres poderes, con mucha más información de la que se requiere hoy y “a valores reales”. Además, ponen un ojo sobre “el ingreso democrático a la función pública”, un verdadero agujero negro, especialmente en el Poder Judicial y los Ministerios Públicos Fiscales.

Para sancionar la corrupción, se propone una batería de medidas legislativas y ejecutivas: limitar expresamente en el Código Penal la prescripción de estos delitos -que los jueces interpretan de manera contradictoria-y crear un mecanismo para que las causas en que se haya declarado la prescripción sean remitidas automáticamente al Consejo de la Magistratura para la sanción de esos jueces; anticipar la vigencia del sistema penal acusatorio en la Ciudad -donde se juzgan los delitos de funcionarios nacionales- y sancionar una ley de extinción de dominio.

El Acuerdo también propone ajustes para las herramientas de investigación existentes. Por ejemplo, pide “garantizar una implementación adecuada, transparente y no discrecional de los mecanismos de delación premiada y de la prisión preventiva, para evitar situaciones de opacidad” en los procesos. La sugerencia concreta al respecto es la filmación obligatoria de las confesiones. También se exige una ley que proteja a los denunciantes de delitos de corrupción, y otro clásico: mejorar el control de las escuchas judiciales para evitar filtraciones.

Los especialistas viajan de lo previsible -aunque no menos necesario, por supuesto- a lo profundo con la propuesta para sancionar un nuevo régimen de compras y contrataciones públicas, nervio central de gran parte de los hechos y sistemas de corrupción en la administración pública. Las claves del plan son la unificación normativa para contratar, la estimulación de la competencia entre oferentes, la eliminación de todos los regímenes extraordinarios de contratación, la publicidad de todo el ciclo de la contratación -planificación, pagos y ejecución de las obras-, el entrecruzamiento de registros de proveedores nacionales, provinciales y municipales, la prohibición de contratar a proveedores condenados por corrupción, o que tengan cuentas en paraísos fiscales.

El proyecto propone que los directivos y gerentes de las empresas proveedoras de los contratos más costosos presenten declaraciones juradas patrimoniales, que se monitoree la conformación y sucesión de las Uniones Transitorias de Empresas y sus subcontratistas, y que se ponga una lupa sobre los conflictos de intereses entre esos proveedores y el Estado.

Los siguientes ejes temáticos buscan echar luz sobre el uso irregular de fondos públicos para fines partidarios, el financiamiento de la política, el acceso a la información pública -mejorando los mecanismos de producción y entrega de datos e incluyendo en la obligación de entregarlos a sociedades anónimas sujetas al régimen de oferta pública, por ejemplo-, la transparencia presupuestaria y fiscal -reduciendo la aplicación del secreto fiscal en las investigaciones por corrupción, entre otras medidas-, y la sanción de una ley de lobby que regule la gestión de intereses de las empresas con los funcionarios y agencias estatales.

El Acuerdo Anticorrupción incluye un rediseño institucional del Consejo de la Magistratura para seleccionar a los candidatos a jueces y también para transparentar los mecanismos de sanción, propone poner a ese organismo y a la Corte Suprema de Justicia bajo el control de la Auditoría General de la Nación, mantener y profundizar la auditoría sobre los juzgados federales que tramitan causas de corrupción, garantizar la transparencia de los concursos para seleccionar, designar y trasladar fiscales y crear un mecanismo de control periódico de esos funcionarios judiciales, y dotar de independencia funcional y presupuestaria de los organismos de control de la corrupción: AFIP, UIF, IGJ, Banco Central, Sigen.

Por último, aunque no menos importante, las organizaciones y especialistas reclaman una reforma del sistema de Inteligencia Nacional que devuelva la transparencia a los recursos “reservados” y retoman la idea de crear una Policía Judicial o Cuerpo Federal de Investigaciones Judiciales. Otro salto ambicioso es la implementación de juicios por jurados para causas de corrupción.

“Hace muchos años que la academia y la sociedad civil tenemos bastante claro qué medidas concretas hay que adoptar para reducir la corrupción en la Argentina. Este Acuerdo Social por primera vez formaliza esas ideas en un documento que esperamos sea suscripto por las principales fuerzas políticas para implementarlo definitiva pero rápidamente en los próximos años, gobierne quien gobierne”, explica a Clarín la doctora Natalia Volosin, autora de La máquina de la corrupción.

“Hay que destacar la mirada preventiva que tiene el Acuerdo Social Anticorrupción. Con la tragedia de Once los argentinos entendimos que la corrupción mata. Ahora es crucial comprender que no alcanza con perseguir penalmente a los corruptos luego de ocurridos los hechos, y que la política se tiene que comprometer a adoptar medidas específicas para evitar la corrupción“, advierte. 

“Si el próximo gobierno de este país no nos deja una Oficina Anticorrupción autónoma y conducida por una persona idónea e independiente, una AFI sin fondos reservados excepto para cuestiones reales de seguridad, una ley única y moderna de contrataciones de bienes, servicios y obra pública y un Defensor del Pueblo designado como manda la Constitución, habrá fracasado estrepitosamente en reducir los riesgos de corrupción”, sentencia Volosin.