Precario control de la gestión pública (La Gaceta)

Comúnmente el concepto de corrupción se atribuye al dinero recibido para obtener un fin ilegal o inmoral, cuando en realidad remite a comportamientos irregulares muy diversos que causan daños punibles a las personas, a las comunidades o a los intereses públicos. Con mayor o menor éxito, según sea la calidad de la Justicia, en el primer caso no es difícil que los afectados puedan lograr reparación. En los demás es más complejo, especialmente cuando la corrupción se produce en el propio Estado por incapacidad, omisión o acción deliberada de sus administradores. De todo eso, los argentinos tenemos una vasta y dura experiencia, por estar relacionado con las repetidas y diversas crisis que han padecido y padecen el país y la sociedad. Para tratar de preservar o lograr la buena marcha de la gestión pública se fueron creando, a lo largo del tiempo, los organismos de control externo e interno de la administración central, cuya enumeración es necesaria: Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (FNIA), Auditoría General de la Nación (AGN), Oficina Anticorrupción (OA) y Sindicatura General de la Nación (Sigen). Pero los hechos sobre cuyas investigaciones esos organismos son competentes parecieran ser desde hace un tiempo, especialmente desde la crisis de 2002, bastante más frecuentes que los pronunciamientos. Por otra parte, son contadas las denuncias que prosperan en la Justicia.
Las causas de que esos organismos no actúen con la eficiencia necesaria son múltiples, pero fundamentalmente son sus dependencias del poder político y la escasez de recursos asignados. Todo ello lleva a la conclusión de que no hay suficiente voluntad política para enfrentar a la corrupción y, por supuesto, no solo del actual gobierno. Un testimonio es el caso de la OA, a cuyo cargo se encuentra un ex funcionario del Ministerio de Justicia. La Sigen, organismo fundamental en el control interno del Poder Ejecutivo, es presidida por un funcionario elegido por el presidente Kirchner y secundado por la esposa del ministro de Planificación, Julio de Vido, mientras que el titular de la FNIA, Manuel Garrido, reclama por la pérdida de facultades que ha soportado su organismo durante el actual gobierno. Garrido, por cierto, acaba de solicitar la remoción del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, por irregularidades de gestión en el Instituto Nacional de Estadística y Censos. A esos ejemplos de desinterés y carencia de los recursos necesarios entre los organismos de control de gobierno se agrega la carencia de instancias formales de colaboración entre ellos. Consecuentemente, según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, no pocos informes de la AGN y la Sigen se efectúan con demoras, denunciándose a los jueces años después de haber ocurrido.
En todo ese panorama sucintamente expuesto, se basan los repetidos descréditos de organismos internacionales no gubernamentales que en los últimos años han colocado al país en sus informes sobre calidad institucional y de transparencia, en los puestos más bajos.
Las consecuencias y los testimonios de ello son conocidos; fundamentalmente las dificultades para obtener inversiones de capital a largo plazo, y el hecho de que los juicios por corrupción en sus diferentes casos sean escasos y perduren años después de las gestiones en que se cometieron. El Estado, ciertamente, está enfermo y quienes deben curarlo, reúnen escasas condiciones para lograrlo.

La Gaceta