ACIJ / PROGRAMAS

Por una dirigencia política que proteja a los inquilinos

23/08/23

Hoy la Cámara de Diputados de la Nación vuelve  a discutir reformas a la Ley Nacional de Alquileres, aprobada hace poco más de tres años. Un sector de los bloques parlamentarios plantea volver atrás con la Ley e incluso que el mercado funcione con menos protecciones que las que existían antes de su sanción.  La Ley de Alquileres se aprobó en junio de 2020 como respuesta a una creciente demanda por parte de les inquilines por un marco normativo que no los protegía lo suficiente. De esta manera, la Ley estableció modificaciones sustantivas para dar más previsibilidad a quienes alquilan: se elevó de dos a tres años la duración del contrato, se estableció que los aumentos fueran anuales y de acuerdo a un índice, entre otras modificaciones. Además, la Ley dispuso la creación de un programa nacional de alquiler social para les inquilines de menor poder adquisitivo y buscó transparentar el mercado creando un registro de contratos.  El alquiler como forma de acceso a la vivienda crece de manera sostenida desde hace años en Argentina. Hoy casi 8 millones de personas dependen de este mercado para tener un lugar donde vivir. Pero esta tendencia parece invisible para quienes gobiernan. El alquiler no ocupa un lugar relevante de la política habitacional. Desde la sanción de la Ley no se  tomó ni una sola medida para lograr su cumplimiento: no se  crearon mecanismos de fiscalización ni se  avanzó en la implementación del programa de alquiler social. Según los resultados de la última encuesta inquilina sólo el 50% de los hogares que alquilan en el AMBA cuenta con un contrato escrito y más del 60% asume aumentos por fuera de lo establecido por la actual Ley. El mercado de alquileres funciona de manera informal y opaca, en todos los niveles sociales. Tampoco se hizo nada para contener el avance del mercado de alquileres temporarios en dólares, en detrimento del mercado para vivienda permanente en pesos. En la Ciudad de Buenos Aires en los portales ya existen más viviendas ofertadas de manera temporaria que permanente. Esta tendencia no encuentra desincentivos desde la política pública, que en la CABA tiene respaldo en un convenio entre AirBnb y el gobierno local. Las nuevas medidas que se adoptaron para promover los alquileres tradicionales, son insuficientes en el mejor de los casos. El gobierno porteño lanzó créditos blandos para costear los gastos de ingreso al alquiler o subsidios al costo del seguro de caución, que no resulta una respuesta apropiada para una población ya fuertemente endeudada Las medidas lanzadas respecto a beneficios fiscales para propietarios no están coordinadas con la AFIP, por lo que el propio Gobierno desconoce sus impactos fiscales y habitacionales. Desregular el mercado esperando que eso por sí sea beneficioso para los inquilinos es una trampa. Acceder a la vivienda es un derecho básico. Sin un lugar digno donde dormir no hay derecho a la salud, ni a la educación, ni a la vida. El modo en que funciona el mercado de alquileres tiene que ocupar un lugar central de la política habitacional. Esto implica proteger a la población inquilina y también generar oferta pública de vivienda en alquiler. El retroceso en la mejora de las condiciones para los hogares inquilinos no es la respuesta.   Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Florencia Labiano – EIDAES Natalia Lerena Rongvaux – IGEO UBA

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