Sin categoría02.11.04
ACIJ / Sin categoríaPara saber de qué se trata, hay que tener un buen motivo (Infocívica)
02/11/04
Un plenario de Comisiones, encabezado por la de Asuntos Constitucionales del Senado, que preside Cristina Fernández de Kirchner, aprobó hoy el dictamen del proyecto de ley de Acceso a la Información Pública, que modifica en aspectos sustanciales el texto sancionado por Diputados hace casi dos años, y que fuera impulsado por un grupo de Organizaciones No Gubernamentales. Por este motivo, de ser aprobado por el plenario de senadores, el texto no se convertirá en ley, ya que deberá volver en revisión a la Cámara baja.
El dictamen aprobado hoy contiene una serie de aspectos que desvirtúan el espíritu del proyecto original, por lo que las ONGs expresaron su “más honda preocupación” debido a que el texto “no refleja los estándares internacionales y constitucionales en la materia”. Las organizaciones cuestionaron la obligación de justificar los pedidos de información, el establecimiento de un arancel para presentar una solicitud y la ampliación de brindar información a las entidades privadas que no tienen relación con el Estado ni reciben fondos públicos.
El comunicado fue firmado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Poder Ciudadano, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), la Asociación Periodistas, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), organizaciones impulsoras de la iniciativa sancionada por Diputados, a partir de un texto consensuado –en el 2001- con la Oficina Anticorrupción, periodistas, legisladores, representantes de los medios de comunicación y empresarios.
Del debate del proyecto aprobado participaron, además de la Comisión de Asuntos Constitucionales que funcionó como cabecera, la de Defensa Nacional, la de Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, y la de Asuntos Administrativos y Municipales. El dictamen fue firmado por el bloque del Partido Justicialista y las senadoras frepasistas Diana Conti y Vilma Ibarra, aunque esta última lo hizo con disidencias parciales. El bloque radical resolvió no suscribir el dictamen ya que, según informaron en la Presidencia de la UCR, el texto lo recibieron ayer a la noche. Es por ello, que anunciaron que apoyarán el proyecto sancionado en Diputados, sin modificaciones, y reafirmaron “la necesidad de contar con una ley ya”, más allá de adelantar su disposición a “avalar un proyecto complementario en un futuro”.
Según advirtió Carlos March, director ejecutivo de Poder Ciudadano, “el dictamen firmado hoy por las Comisiones, en lugar de dar a luz una ley de Acceso a la Información Pública, produce un aborto legislativo que esperamos que, en la discusión en el plenario, el conjunto de los senadores pueda reencauzar, adecuando el proyecto a leyes vigentes en otros países, a los estándares internacionales y a los requisitos mínimos que debe tener este tipo de normas”.
La ley de Acceso a la Información es una herramienta legal que, una vez sancionada, le permitirá a la ciudadanía reclamar información de carácter público en poder del Estado, organismos y entes que responden a su esfera, sobre su gestión.
Publicidad vs. Secreto
Al fundamentar su apoyo al proyecto aprobado en Diputados, las ONGs sostuvieron que “el derecho a la información pública se encuentra justificado en el principio de publicidad y transparencia en la gestión del gobierno” y “confiere a las personas la facultad de conocer la información contenida en archivos, estadísticas o registros en poder del Estado y, por lo tanto, representa un instrumento imprescindible para concretar la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos”. En este sentido, advirtieron que “es preciso que la ley de acceso a la información establezca en forma explícita que el principio es la publicidad, y la excepción es el secreto”.
Sin embargo, para las ONGs el proyecto de dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales “no constituye un avance en este sentido”, ya que “el principio de publicidad de la información prevé que las excepciones deben enunciarse taxativamente”. Y, en este sentido, advirtieron que el texto “incorpora nuevas excepciones” al contemplar la posibilidad de que “se pueda clasificar información no sólo por razones de seguridad, defensa y política exterior, sino además por razones de inteligencia, contrainteligencia, política económico-financiera, comercial, tributaria, industrial, científica o técnica”.
Asimismo, alertaron sobre el hecho de que la clasificación de la información pueda hacerse no sólo por ley, sino también mediante “decreto, resolución o acordada”, y consideraron que “esta amplitud convierte en excesiva la discrecionalidad del Estado de decidir la reserva de la información”. Cuestionaron, también, la “ambigüedad” de la excepción que establece que se podrá negar la información cuando “a través de su publicidad pueda ocasionarse un peligro a la vida o seguridad de las personas o afectarse el derecho a la intimidad o al honor de éstas”.
Otros de los cambios cuestionados por las organizaciones consiste en la ampliación de la obligación de brindar información a “las entidades privadas, con o sin fines de lucro que tengan fin público o posean información pública”. Esta modificación fue defendida, particularmente, por la senadora Kirchner. Originalmente, el proyecto contemplaba el derecho de toda persona a solicitar, acceder y recibir información que exista en poder de todas las dependencias del Estado, comprendiendo al Poder Ejecutivo centralizado y descentralizado, al Poder Legislativo y al Judicial, y a todos los órganos públicos creados por la Constitución Nacional. El texto aprobado por Diputados incluía la información en manos privadas pero de naturaleza pública, por lo que alcanzaba a las empresas privadas prestatarias de servicios públicos como sujetos obligados a proveer información y a aquellas entidades que reciban subsidios del Estado.
Las ONGs advirtieron en el documento que difundieron, a última hora de la tarde, que el texto elaborado por los senadores “parte de una definición confusa y ambigua del concepto de información pública”, ya que la describe como una “acumulación organizada de datos en un documento cuyo contenido es de interés general”. Es por eso, que las organizaciones señalaron que “al no definir correctamente este concepto, tampoco determina concretamente quiénes son las personas, entes u órganos obligados a proporcionarlos. En consecuencia, según el proyecto de dictamen, se le podría pedir información, no sólo el Estado y a las entidades privadas que se vinculen con él, sino también todos los entes privados, con o sin fines de lucro, incluyendo en esta definición “a todos aquellos que persiguen un interés público, una utilidad general, un fin de bien común o cumplen funciones públicas o poseen información pública”.
Al respecto, Andrea Pochak, directora adjunta del CELS advirtió que “la inclusión de las entidades privadas sólo tiende a desvirtuar el sentido de una ley de acceso a la información pública, a provocar numerosos planteos de inconstitucionalidad, y a convertir a la ley en una herramienta de imposible aplicación evitando en consecuencia la transparencia de los actos de gobierno”.
Asimismo, en el comunicado, las ONGs señalaron que “el Estado posee muchas formas de controlar la actividad privada. Existen numerosas leyes y regímenes que tienen como fin permitir el control de la actividad de los entes privados respecto a cuestiones impositivas, de personería jurídica, etc. Entonces, al estar la información relevante acerca de estos entes privados en poder del Estado, ampliar el concepto de información pública también a estas entidades privadas, desvirtúa el sentido de una ley de acceso a la información pública”.
Justificar los motivos de la solicitud
Otra de las modificaciones introducidas por los Senadores se refiere a la obligación de quienes deseen solicitar información a, no sólo registrar sus datos personales en carácter de “declaración jurada”, sino además justificar los motivos de la solicitud de la información reclamada.
Para las ONGs, cualquier ciudadano puede requerir información pública sin que el organismo que debe brindarla considere la legitimación del pedido. Es por es este motivo que consideran que el Estado debe “evitar establecer restricciones —de cualquier tipo— que impliquen discriminación en el acceso a la información” y rechazan que la norma promovida por los senadores establezca “el requisito de expresar los motivos para el pedido de información y su carácter de declaración jurada”. Asimismo, se oponen a “la posibilidad de diferenciar el monto arancelario en función de los motivos que provocan el pedido de información”.
Justamente, la gratuidad del acceso a la información es otro de los principios que las organizaciones defienden y que el dictamen aprobado por los senadores modificó. Y si bien admiten que pueden imponerse costos para la reproducción de la información, éstos “no pueden convertir en inaccesible” a la información pública. “El establecimiento de aranceles para acceder a información pública establece una discriminación en la posibilidad del ejercicio de una ciudadanía participativa, dado el íntimo vínculo existente entre la obtención de información pública y la participación en los asuntos de gobierno”, señalaron las ONGs.
Además de consagrar el derecho a toda persona de acceder a la información en manos de organismos y entidades comprendidas por la iniciativa, el texto de la norma aprobada en el plenario de Comisiones dispone un plazo máximo de 20 días hábiles para brindar una respuesta a la solicitud, extensible por otros 15 más. En el actual decreto 1172, que garantiza el acceso a la información pública en la órbita del Ejecutivo, ese plazo es de 10 días, con la posibilidad de una prórroga debidamente justificada de otros 10.
Reclamo frente al Congreso
Este mediodía, las ONGs se reunieron frente el Congreso de la Nación para ratificar la importancia de contar con una ley de Acceso a la Información Pública y solicitarle a los senadores que el dictamen contemplara los requisitos mínimos incluidos en el proyecto original sancionado por Diputados.
En la convocatoria al Palacio Legislativo, las organizaciones colocaron frente a las escalinatas, una cuna de bebé como símbolo de “la dulce espera” en la que está la sociedad, que aguarda desde hace tres años la sanción del proyecto. Además, colgaron perchas en la valla frente a la explanada del Palacio, de las que prendía, con un broche, la carátula del expediente que la Cámara alta tiene en estudio desde mayo del 2003. Asimismo, colgaron un cartel en el que podía leerse: “Senadores: por favor no cuelguen la ley de Acceso a la Información. Faltan 28 días”.
Este plazo es el que resta para la finalización del período de sesiones ordinarias. Si el dictamen firmado hoy por las Comisiones es aprobado por el plenario de los senadores, el proyecto volverá en segunda revisión a la Cámara de Diputados, que deberá aceptar los cambios del Senado o insistir en el texto original. Pero debido al poco tiempo restante, es muy poco factible que este trámite se complete antes del 30 de noviembre, por lo que pasará otro año hasta que la ciudadanía cuente con una ley de acceso.
Las ONGs coinciden en considerar a la ley de acceso a la información pública como “un requisito fundamental para el fortalecimiento de las instituciones, para que los funcionarios públicos puedan tomar decisiones de manera informada e implementar políticas públicas de calidad y para que los ciudadanos puedan participar de manera activa en los asuntos públicos”.
El dictamen aprobado hoy contiene una serie de aspectos que desvirtúan el espíritu del proyecto original, por lo que las ONGs expresaron su “más honda preocupación” debido a que el texto “no refleja los estándares internacionales y constitucionales en la materia”. Las organizaciones cuestionaron la obligación de justificar los pedidos de información, el establecimiento de un arancel para presentar una solicitud y la ampliación de brindar información a las entidades privadas que no tienen relación con el Estado ni reciben fondos públicos.
El comunicado fue firmado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Poder Ciudadano, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), la Asociación Periodistas, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), organizaciones impulsoras de la iniciativa sancionada por Diputados, a partir de un texto consensuado –en el 2001- con la Oficina Anticorrupción, periodistas, legisladores, representantes de los medios de comunicación y empresarios.
Del debate del proyecto aprobado participaron, además de la Comisión de Asuntos Constitucionales que funcionó como cabecera, la de Defensa Nacional, la de Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, y la de Asuntos Administrativos y Municipales. El dictamen fue firmado por el bloque del Partido Justicialista y las senadoras frepasistas Diana Conti y Vilma Ibarra, aunque esta última lo hizo con disidencias parciales. El bloque radical resolvió no suscribir el dictamen ya que, según informaron en la Presidencia de la UCR, el texto lo recibieron ayer a la noche. Es por ello, que anunciaron que apoyarán el proyecto sancionado en Diputados, sin modificaciones, y reafirmaron “la necesidad de contar con una ley ya”, más allá de adelantar su disposición a “avalar un proyecto complementario en un futuro”.
Según advirtió Carlos March, director ejecutivo de Poder Ciudadano, “el dictamen firmado hoy por las Comisiones, en lugar de dar a luz una ley de Acceso a la Información Pública, produce un aborto legislativo que esperamos que, en la discusión en el plenario, el conjunto de los senadores pueda reencauzar, adecuando el proyecto a leyes vigentes en otros países, a los estándares internacionales y a los requisitos mínimos que debe tener este tipo de normas”.
La ley de Acceso a la Información es una herramienta legal que, una vez sancionada, le permitirá a la ciudadanía reclamar información de carácter público en poder del Estado, organismos y entes que responden a su esfera, sobre su gestión.
Publicidad vs. Secreto
Al fundamentar su apoyo al proyecto aprobado en Diputados, las ONGs sostuvieron que “el derecho a la información pública se encuentra justificado en el principio de publicidad y transparencia en la gestión del gobierno” y “confiere a las personas la facultad de conocer la información contenida en archivos, estadísticas o registros en poder del Estado y, por lo tanto, representa un instrumento imprescindible para concretar la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos”. En este sentido, advirtieron que “es preciso que la ley de acceso a la información establezca en forma explícita que el principio es la publicidad, y la excepción es el secreto”.
Sin embargo, para las ONGs el proyecto de dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales “no constituye un avance en este sentido”, ya que “el principio de publicidad de la información prevé que las excepciones deben enunciarse taxativamente”. Y, en este sentido, advirtieron que el texto “incorpora nuevas excepciones” al contemplar la posibilidad de que “se pueda clasificar información no sólo por razones de seguridad, defensa y política exterior, sino además por razones de inteligencia, contrainteligencia, política económico-financiera, comercial, tributaria, industrial, científica o técnica”.
Asimismo, alertaron sobre el hecho de que la clasificación de la información pueda hacerse no sólo por ley, sino también mediante “decreto, resolución o acordada”, y consideraron que “esta amplitud convierte en excesiva la discrecionalidad del Estado de decidir la reserva de la información”. Cuestionaron, también, la “ambigüedad” de la excepción que establece que se podrá negar la información cuando “a través de su publicidad pueda ocasionarse un peligro a la vida o seguridad de las personas o afectarse el derecho a la intimidad o al honor de éstas”.
Otros de los cambios cuestionados por las organizaciones consiste en la ampliación de la obligación de brindar información a “las entidades privadas, con o sin fines de lucro que tengan fin público o posean información pública”. Esta modificación fue defendida, particularmente, por la senadora Kirchner. Originalmente, el proyecto contemplaba el derecho de toda persona a solicitar, acceder y recibir información que exista en poder de todas las dependencias del Estado, comprendiendo al Poder Ejecutivo centralizado y descentralizado, al Poder Legislativo y al Judicial, y a todos los órganos públicos creados por la Constitución Nacional. El texto aprobado por Diputados incluía la información en manos privadas pero de naturaleza pública, por lo que alcanzaba a las empresas privadas prestatarias de servicios públicos como sujetos obligados a proveer información y a aquellas entidades que reciban subsidios del Estado.
Las ONGs advirtieron en el documento que difundieron, a última hora de la tarde, que el texto elaborado por los senadores “parte de una definición confusa y ambigua del concepto de información pública”, ya que la describe como una “acumulación organizada de datos en un documento cuyo contenido es de interés general”. Es por eso, que las organizaciones señalaron que “al no definir correctamente este concepto, tampoco determina concretamente quiénes son las personas, entes u órganos obligados a proporcionarlos. En consecuencia, según el proyecto de dictamen, se le podría pedir información, no sólo el Estado y a las entidades privadas que se vinculen con él, sino también todos los entes privados, con o sin fines de lucro, incluyendo en esta definición “a todos aquellos que persiguen un interés público, una utilidad general, un fin de bien común o cumplen funciones públicas o poseen información pública”.
Al respecto, Andrea Pochak, directora adjunta del CELS advirtió que “la inclusión de las entidades privadas sólo tiende a desvirtuar el sentido de una ley de acceso a la información pública, a provocar numerosos planteos de inconstitucionalidad, y a convertir a la ley en una herramienta de imposible aplicación evitando en consecuencia la transparencia de los actos de gobierno”.
Asimismo, en el comunicado, las ONGs señalaron que “el Estado posee muchas formas de controlar la actividad privada. Existen numerosas leyes y regímenes que tienen como fin permitir el control de la actividad de los entes privados respecto a cuestiones impositivas, de personería jurídica, etc. Entonces, al estar la información relevante acerca de estos entes privados en poder del Estado, ampliar el concepto de información pública también a estas entidades privadas, desvirtúa el sentido de una ley de acceso a la información pública”.
Justificar los motivos de la solicitud
Otra de las modificaciones introducidas por los Senadores se refiere a la obligación de quienes deseen solicitar información a, no sólo registrar sus datos personales en carácter de “declaración jurada”, sino además justificar los motivos de la solicitud de la información reclamada.
Para las ONGs, cualquier ciudadano puede requerir información pública sin que el organismo que debe brindarla considere la legitimación del pedido. Es por es este motivo que consideran que el Estado debe “evitar establecer restricciones —de cualquier tipo— que impliquen discriminación en el acceso a la información” y rechazan que la norma promovida por los senadores establezca “el requisito de expresar los motivos para el pedido de información y su carácter de declaración jurada”. Asimismo, se oponen a “la posibilidad de diferenciar el monto arancelario en función de los motivos que provocan el pedido de información”.
Justamente, la gratuidad del acceso a la información es otro de los principios que las organizaciones defienden y que el dictamen aprobado por los senadores modificó. Y si bien admiten que pueden imponerse costos para la reproducción de la información, éstos “no pueden convertir en inaccesible” a la información pública. “El establecimiento de aranceles para acceder a información pública establece una discriminación en la posibilidad del ejercicio de una ciudadanía participativa, dado el íntimo vínculo existente entre la obtención de información pública y la participación en los asuntos de gobierno”, señalaron las ONGs.
Además de consagrar el derecho a toda persona de acceder a la información en manos de organismos y entidades comprendidas por la iniciativa, el texto de la norma aprobada en el plenario de Comisiones dispone un plazo máximo de 20 días hábiles para brindar una respuesta a la solicitud, extensible por otros 15 más. En el actual decreto 1172, que garantiza el acceso a la información pública en la órbita del Ejecutivo, ese plazo es de 10 días, con la posibilidad de una prórroga debidamente justificada de otros 10.
Reclamo frente al Congreso
Este mediodía, las ONGs se reunieron frente el Congreso de la Nación para ratificar la importancia de contar con una ley de Acceso a la Información Pública y solicitarle a los senadores que el dictamen contemplara los requisitos mínimos incluidos en el proyecto original sancionado por Diputados.
En la convocatoria al Palacio Legislativo, las organizaciones colocaron frente a las escalinatas, una cuna de bebé como símbolo de “la dulce espera” en la que está la sociedad, que aguarda desde hace tres años la sanción del proyecto. Además, colgaron perchas en la valla frente a la explanada del Palacio, de las que prendía, con un broche, la carátula del expediente que la Cámara alta tiene en estudio desde mayo del 2003. Asimismo, colgaron un cartel en el que podía leerse: “Senadores: por favor no cuelguen la ley de Acceso a la Información. Faltan 28 días”.
Este plazo es el que resta para la finalización del período de sesiones ordinarias. Si el dictamen firmado hoy por las Comisiones es aprobado por el plenario de los senadores, el proyecto volverá en segunda revisión a la Cámara de Diputados, que deberá aceptar los cambios del Senado o insistir en el texto original. Pero debido al poco tiempo restante, es muy poco factible que este trámite se complete antes del 30 de noviembre, por lo que pasará otro año hasta que la ciudadanía cuente con una ley de acceso.
Las ONGs coinciden en considerar a la ley de acceso a la información pública como “un requisito fundamental para el fortalecimiento de las instituciones, para que los funcionarios públicos puedan tomar decisiones de manera informada e implementar políticas públicas de calidad y para que los ciudadanos puedan participar de manera activa en los asuntos públicos”.