ONGS nacionales remitieron documento a la Legislatura objetando jury de enjuiciamiento (La Hora de Jujuy)

El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI) elaboraron un documento analizando la situación institucional suscitada a raíz del fallo del Tribunal Contencioso Administrativo sobre el cupo femenino.

El documento fue entregado por Gherardi en los despachos del Presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales de la Legislatura, Guillermo Snopek, el Presidente de la Cámara, Pedro Segura y los Vicepresidentes 1ro y 2do del parlamento provincial, Héctor Tentor y Jorge Rizzotti.

“La iniciativa de promover un juicio político por el mero desacuerdo con las decisiones judiciales, o por que éstas resulten antipáticas -o aun incorrectas- a criterio de los legisladores, es incompatible con la vigencia de los principios de independencia judicial y de tutela judicial efectiva” señalaron las instituciones.

Valoraron las entidades que “en este caso, los integrantes del Tribunal no hicieron otra cosa que buscar un remedio para la clara violación constitucional existente en la provincia de Jujuy, en la que el mandato del artículo 37 y la cláusula transitoria segunda de la Constitución Nacional lleva más de 15 años sin ser efectivizados. Como ha expresado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en múltiples ocasiones, el Poder Judicial tiene la potestad y el deber de remediar tanto acciones positivas inconstitucionales como estados de cosas violatorios de la Constitución que sean el resultado de omisiones legislativas. De hecho, en este caso la sentencia resulta ajustada a derecho en tanto identifica una situación inconstitucional producto de una omisión legislativa y conmina al Poder Legislativo -responsable de dicha violación a la Constitución- a remediarla, imponiendo a tal efecto sanciones para el caso de incumplimiento”.

Observaron que “de prosperar la promoción del Jury de Enjuiciamiento, éste funcionaría como una clara amenaza a todo juez o jueza provincial que entienda que una violación constitucional deba ser remediada por la Legislatura de la provincia. La afectación de la independencia judicial y de la vigencia del principio de tutela judicial efectiva serían, en ese escenario, manifiestas. Un poder judicial independiente es una garantía indispensable para el buen funcionamiento de las instituciones democráticas, la plena vigencia de los derechos y el respeto por las garantías constitucionales”.

Además, recordaron que “el estado argentino ha asumido compromisos internacionales que lo obligan a respetar y asegurar la independencia del poder judicial en todas sus jurisdicciones”.

“La iniciativa de la Legislatura de Jujuy es contraria a los principios fundamentales para la independencia del Poder Judicial, establecidos por los estándares internacionales: autonomía, imparcialidad, estabilidad, inamovilidad y selección” aseveraron las ONGs.

Las instituciones que firman el documento, consideran que la “disconformidad con el contenido de una sentencia que reconoce derechos constitucionales no autoriza la promoción de un jury de enjuiciamiento contra los magistrados intervinientes, sino que el mecanismo institucional previsto es la apelación ante el tribunal de alzada”. Pusieron de relieve que “en ese sentido se han pronunciado en forma consistente el Jurado de Enjuiciamiento para magistrados del Poder Judicial de la Nación, que sostiene que “… la garantía de inamovilidad de los magistrados judiciales, presupuesto necesario de la independencia e imparcialidad en la función de administrar justicia, exige que aquéllos no se vean expuestos al riesgo de ser enjuiciados sino por causas realmente graves, que impliquen serio desmedro de su conducta o de su idoneidad en el cargo …”. De lo contrario, la garantía de inamovilidad se vería seriamente afectada si “… los jueces estuvieran expuestos al riesgo de ser removidos por el sólo hecho de que las consideraciones vertidas en sus sentencias puedan ser objetables, en tanto y en cuanto por supuesto ellas no constituyan delitos reprimidos por las leyes o traduzcan ineptitud moral o intelectual que inhabilite para el desempeño del cargo…”. En el mismo sentido, “cualquiera sea el acierto o el error de las resoluciones objetadas, ello deberá ser establecido dentro de los cauces procedimentales y por el juego de los recursos que la ley suministra a los justiciables”.

Además indicaron que “las intervención del Poder Judicial para remediar las omisiones de los poderes del Estado –como ocurrió en Jujuy- no es un aspecto novedoso en nuestra jurisprudencia. Del mismo modo, hay numerosos antecedentes en los que diversos jueces otorgan un plazo para el cumplimiento de las medidas ordenadas” y citaron diversos casos que se encuentran en la jurisprudencianacional.

El documento referido fue rubricado por Natalia Gherardi, Directora Ejecutiva de ELA; Gastón Chillier, Director Ejecutivo del CELS; Gustavo Maurino, Director de ACIJ, Monique Altschul, Directora Ejecutiva de MEI y Alvaro Herrero, Director Ejecutivo de ADC.

Reunión de amparitas con legisladores y dirigentes

Además, durante su breve estadía en Jujuy, la Directora de ELA, Natalia Gherardi, se reunión con el grupo de amparistas que iniciaron la demanda por el cupo, legisladores/as provinciales, concejales y dirigentes del movimiento de mujeres.

En ese marco, Gherardi abogó por una resolución positiva del conflicto suscitado en torno a la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, confió que las argumentaciones jurídicas alcanzadas al parlamento provoquen el desistimiento del jury de enjuiciamiento y abogó por una pronta sanción de una ley de cupo femenino en Jujuy.

Los/as legisladores Pablo Baca, Ana María Jorge, Alejandra Martínez; las concejalas Marta Russo, Carmen Peña, el concejal de Palpalá, Crhistian Amerisse, las amparistas María Inés Zigarán, Salma Haidar, Vanesa Calizaya, Nora Ferreira, la abogada patrocinante Alicia Chalabe, la titular de la Fundación Siglo XXI, Marcia Baranovsky, entre otras dirigentes del movimiento de mujeres se encontraban presentes en el encuentro con la Directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, quien expresó el apoyo de las ONGs al proceso de incidencia y judicial que se sigue por el cupo femenino. En tal sentido, anticipó Gherardi que las entidades se presentarán como amicus curiae (amigos del tribunal) en el Superior Tribunal de Justicia, en el marco de la apelación que anunció el Gobierno de la Provincia.

La Hora de Jujuy