“No sólo aparece como impropio que se dicten clases en tales denigrantes condiciones, sino que ello implica un concreto peligro para la vida y salud de los alumnos y personal docente y no docente, en virtud de los materiales de los que están hechos los containers”, afirmó Fernando Juan Lima.
Por ello, ordenó al Gobierno de la Ciudad a que “cese en el obrar ilegítimo de dictar clases en las aulas modulares” y a retirar los containers antes del fin de las vacaciones de invierno.
A días de iniciar el ciclo lectivo 2006 en la ciudad de Buenos Aires, ACIJ había lanzado la campaña “Una Ciudad sin Aulas Container”, con el fin de denunciar públicamente la existencia de tres escuelas públicas que utilizaban contenedores metálicos como aulas y recibían a niños y niñas provenientes de villas de emergencia. ACIJ consideró que esta situación violaba el principio de no discriminación, la igualdad ante la ley y el derecho a la educación de los afectados, y pidió que se declare ilegal y arbitraria la práctica que viene realizando hace años el Gobierno de la Ciudad.
Después de la difusión pública de esta situación, el Gobierno retiró las dos aulas container ubicadas en la Escuela Banderita Argentina de Retiro y agregó uno de esos módulos a los seis contenedores ya existentes en la escuela Nº 12 D.E. Nº 5, situada en la Villa 21-24 de Barracas, y otro a los que ya estaban en la Escuela Infantil Nº 9, que funciona en el mismo predio para los jardines de infantes.
“Sólo acudiendo a un eufemismo puede sostenerse que los containers constituyen, efectivamente, aulas”, estableció el juez.
En la causa iniciada por ACIJ y apoyada desde su comienzo por el Asesor Tutelar de la Justicia porteña, Gustavo Moreno, el Gobierno informó que las reformas de las instalaciones en la Escuela de Barracas estaban previstas en dos contrataciones: en la primera etapa, se construirían 4 aulas antes de junio, y para agosto, estarían finalizadas 3 aulas más. Sin embargo, el 10 de julio, fecha en la que el juez firmó el fallo, aún podía comprobarse la permanencia de las aulas container.
La sentencia está enmarcada en la causa por deficiencias en la infraestructura escolar iniciada por José Iglesias, en el que la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) se presentó como tercero.
El caso forma parte del programa “Igualdad Educativa en la Ciudad de Buenos Aires”, cuyo objetivo es mejorar el acceso a la educación por parte de los grupos más vulnerables.