No sirve negar el problema (Nota de opinión. Perfil)

La negación o la evasión son los primeros recursos que utilizamos ante situaciones que se presentan, a primera vista, como imposibles de solucionar o manejar. Las autoridades de la Ciudad y de la Nación han reaccionado ante los hechos de Villa Soldati precisamente con esa lógica.

 Los funcionarios porteños identificaron estos hechos, sucesivamente, como un problema de espacio público, un asunto de aprovechadores inmobiliarios informales, un problema de narcotráfico y una consecuencia de la política migratoria nacional. Negación: el problema es que la ciudad más rica del país tiene más de 500 mil habitantes hacinados, viviendo en condiciones sanitarias, ambientales y sociales indecibles, desde hace años, sin que exista ninguna política pública seria para romper ese círculo de miseria.

 Los funcionarios de la Nación livianamente identificaron la situación como un problema ajeno a toda responsabilidad institucional que les compete, no sólo con respecto a la vivienda, sino incluso respecto del aseguramiento de la paz social en el lugar.

 Negación: el primero obligado a respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos es el Estado nacional y existen diversas normas de jerarquía constitucional que expresamente le impiden evadir su responsabilidad, invocando la estructura federal del país o la asignación de competencias a estados locales.

 Por supuesto, si las autoridades de la Ciudad dejan traslucir su sueño de una “Buenos Aires para los porteños (de clase media)”, si su esperanza para el déficit habitacional consiste en cerrar la Ciudad, el futuro habitacional sólo podrá ser peor. Y lo mismo ocurrirá si la Nación niega sus deberes constitucionales y se comporta como un Estado mínimo, presocial y conservador, justo en estos temas.

 Salir del estado de negación y evasión es un prerrequisito para abordar con alguna racionalidad el inmenso desafío de superar el déficit estructural de la fragmentación social y su impacto en la crisis de vivienda de la Ciudad.

 El peor resultado de esta semana de locura, muerte y miseria sería que las anécdotas trágicas nos hicieran perder de vista la grave crisis habitacional.

 El camino sobre este tema lo marcan los acuerdos constitucionales básicos de la Nación y la Ciudad, que tristemente también han resultado negados en todo este episodio.

 La Nación y la Ciudad asumieron la obligación de garantizar progresivamente y hasta el máximo de sus recursos disponibles el acceso a vivienda digna; pero en todo nuestro país el acceso a la vivienda está radicalmente librado al mercado inmobiliario y financiero.

 En sociedades brutalmente desiguales, sin crédito para los sectores más pobres, con altos niveles de informalidad y escasez de suelo en las grandes ciudades, ese modelo libertario de regulación tiene fallas estructurales que siempre impedirán el acceso a este bien fundamental de la dignidad y la autonomía que es la vivienda.

 Por ello, es imperiosa una regulación integral, consistente y de largo plazo del suelo urbano y el mercado inmobiliario, que priorice la inversión pública hacia los sectores en situación de pobreza crítica y organice los incentivos de la inversión privada hacia la garantía de condiciones de dignidad habitacional como principio básico.

 En la Ciudad de Buenos Aires existen obligaciones legales concretas relativas a la urbanización de las villas y asentamientos, que en algunos casos permanecen incumplidas desde hace varios años.

 El imperio de la legalidad es antes que nada el imperio de los compromisos constitucionales asumidos hacia la comunidad, y en especial hacia los más desfavorecidos. Los gobiernos no tienen autoridad moral para reclamar e imponer a la comunidad obediencia y respeto por sus normas, mientras ellos mismos sean incumplidores irredentos. En relación con la vivienda, la primera y la más grave ilegalidad está en cabeza del Estado nacional y local. Su negación es su confesión.

*Codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

 Por Gustavo Maurino

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