Desde los barrios crece el reclamo de la aplicación de la ley 148, sancionada hace catorce años, que dispone la urbanización de las villas. El macrismo destinará a vivienda social, en 2013, uno de los presupuestos más bajos desde 2008.
Por Carla Perelló
“No están respetando la ley, no llaman a los delegados de los barrios para hablar de la urbanización”, dice Rosemary Chuquimia, una de las impulsoras de la organización Villas y Barrios Unidos por la ley 148. “Esperaron que caiga el proyecto de urbanización de la villa para aprobar uno a conveniencia del PRO. El gobierno de Macri está buscando que la gente venda sus parcelas, porque no los pueden desalojar por la fuerza”, afirma Teófilo Tapia, referente histórico de la Villa 31. “Están provocando un proceso de desplazamiento de la gente más humilde por otra con mayor poder adquisitivo”, concluye Jonatan Baldiviezo, abogado de una organización social. “Están absolutamente en contra de urbanizar y recuperar el tejido urbano”, agrega Marcelo Bagnatti, referente de la Villa 21-24. Las frases sintetizan el reclamo en materia de vivienda que surge desde los sectores más vulnerables, en un año en que el Ejecutivo ha destinado uno de los presupuestos más bajos desde 2008 para la vivienda social: 1094 millones contra 1254 del año pasado. Desde los barrios crece la organización para reclamar el cumplimiento de la ley 148, vigente desde 1998, que dispone la urbanización de las villas de la Ciudad. Incluso han recurrido a la vía judicial.
El año pasado, unas 300 familias fueron desalojadas sólo en el barrio de La Boca. Los habitantes de la Villa 1-11-14 cumplieron doce años de espera para la ejecución de la ley de urbanización de su barrio, siete cumplió la Villa 20 y cuatro la 31 y 31 bis. “Año tras año, los fondos destinados efectivamente a vivienda representaron porcentajes menores a los asignados originalmente por la Legislatura”, concluye un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). De 1,5 millón de pesos aprobados para 2011, se ejecutaron alrededor de 775 mil pesos. Para 2013, el presupuesto destinado a vivienda bajó al 2,7 por ciento del total. Entre noviembre y diciembre, en la Legislatura aprobaron medidas que benefician al mercado inmobiliario a gran escala y dejan de lado a las familias más vulnerables.
Rosemary Chuquimia explica la razón de su iniciativa que llevó a que las organizaciones conformaran un “sistema de acción”: “No llaman a los delegados para hablar de urbanización”, dice. Y aclara: cuando pase algo en alguna villa, “todos vamos a apoyarlos”, porque tejieron una red a lo largo de la Ciudad. “Cada villa tiene problemas diferentes, pero uno en particular son las cloacas. Cuando llueve se inunda y el gobierno no paga lo que perdemos.” El movimiento presentó en noviembre una medida cautelar para que se cumpla la ley 148, que se encuentra en el juzgado a cargo de la jueza Elena Liberatori, y se estima que en febrero habrá una resolución en la causa.
En ese contexto, ACIJ concluye en el informe “Sin vivienda para los más vulnerables” que “cerca de medio millón de personas no ve cumplido su derecho a una vivienda digna en la Ciudad de Buenos Aires”. Pese a ese panorama, para este año el porcentaje destinado a vivienda es el 2,7 por ciento del total a ejecutar por la administración porteña. La legisladora Rocío Sánchez Andía (Coalición Cívica-ARI) señaló que “la Ciudad invirtió millones en las villas, pero son parches. Los problemas de impermeabilización siguen y las casas se llueven”.
Jonatan Baldiviezo, abogado e integrante del espacio “Es nuestra la Ciudad”, coincidió con esa premisa y explicó que con la falta de políticas de vivienda “provocan un proceso de gentrificación, que consiste en que la gente más humilde es desplazada por otra con mayor poder adquisitivo”. Además sostuvo que el gobierno porteño “no se ocupa de la regularización dominial, entregó escrituras públicas en la Villa 19, por ejemplo, y delegó responsabilidades a los propietarios para que cada uno se encargue de los servicios públicos. Ese debería ser el último paso porque está prohibido por la ordenanza 44.873, que dice que primero hay que urbanizar”.
El arquitecto Javier Rodríguez Castro es quien aporta a esta situación una solución que, incluso, resulta económica y permite mantener la estética de los barrios tras la urbanización. El ejemplo paradigmático es el plan creado para la Villa 31 y 31 bis, que es tomado como modelo para diseñar el resto de los barrios. Su proyecto está basado en otros que ya fueron implementados en las favelas de Río de Janeiro. La idea es tener en cuenta para la mano de obra a las personas y las cooperativas de trabajo ya conformadas en las villas. En segundo término, el especialista asevera que entre “dos tercios y tres cuartos de las propiedades es recuperable, por lo que se mantiene lo que la gente ha construido a lo largo del tiempo”. Así, lo mínimo que se les proveería sería baño y cocina. Después hay viviendas que necesitan apuntalamiento, ampliación o arreglos. Además se debería brindar la infraestructura, cloacas, electricidad y equipamiento.
En 2010, Rodríguez Castro calculó que el presupuesto para urbanizar la Villa 31 y 31 bis era de 900 millones de pesos. “Para erradicar el barrio es necesario 3,2 veces más que ese número. Esto da cuenta de que es un costo fácilmente asimilable por la Ciudad, que puede desembolsar en un plazo de cinco o seis años”, sostuvo.
“La política de vivienda está dispersa en distintos organismos: el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), el Ministerio de Desarrollo Social, la Unidad de Gestión de Intervención Social y la Corporación Buenos Aires Sur. Eso la hace deficitaria. La gente toca todas estas puertas y ninguna se abre”, sostuvo Sánchez Andía.