Las consecuencias de la intervención de los entes reguladores suele ser una cuestión abstracta para los consumidores. Eso, claro está, hasta que se torna concreta. El cargo específico que desde principios de mes contienen las tarifas de gas bien podría ser el caso concreto que patentiza la falta de independencia en los entes reguladores. Gustavo Maurino, codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), dice que en los últimos meses los ánimos de la ciudadanía se alteraron por sorpresivas y exorbitantes subas en el costo de los servicios de gas y energía eléctrica.
"A las quejas se sumaron reacciones parlamentarias y acciones judiciales en todo el país, que hicieron tambalear las decisiones tarifarias. Ante ese panorama el Ministerio de Planificación Federal suspendió los aumentos", dice.
Pero los cuadros tarifarios regresaron a principios de este mes. Y los entes de control y regulación, que deberían ser una de las principales herramientas de presión de los usuarios, callaron y aceptaron.
"En esta anarquía institucional todo es posible, aunque siempre termina pasando lo peor para los derechos de los más débiles, que son los usuarios. Los servicios públicos federales son actualmente el reino de la arbitrariedad", sostiene el dirigente de la ACIJ.