ACIJ / Discapacidad y DDHH (novedades)

Las personas con discapacidad no son una prioridad para el Gobierno argentino

05/06/19

En el marco de la Cumbre Global de Discapacidad que tendrá lugar en Buenos Aires del 6 al 8 de junio, desde ACIJ manifestamos nuestra profunda preocupación por la situación de las personas con discapacidad en Argentina. Si bien celebramos que representantes de los Estados y de organismos internacionales, expertas/os y organizaciones de personas con discapacidad y de derechos humanos se reúnan para discutir políticas y estrategias para avanzar en la promoción y protección  de los derechos de las personas con discapacidad, no podemos dejar de alertar sobre la vulneración de derechos que enfrenta este colectivo en nuestro país. En los últimos años, el Gobierno argentino adoptó una política sostenida de ajuste que contraviene el principio de no regresividad, que rige en la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, y que se ha manifestado en múltiples acciones estatales.

A mediados de 2017, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación suspendió alrededor de 70.000 pensiones no contributivas que beneficiaban a personas con discapacidad, sin dar ningún tipo de aviso o notificación previa, basándose en normativa inconstitucional (Decreto 432/97) y recurriendo a criterios de interpretación inadmisibles a la luz de las obligaciones impuestas por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). Ante la interposición de un amparo colectivo que solicitaba el restablecimiento de dichas prestaciones, la justicia resolvió que el Estado había actuado con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta y lo condenó a su restitución. En el marco de esa causa la justicia también declaró la inconstitucionalidad del Decreto 432/97 (que establece los requisitos para su percepción) y del nuevo circuito de notificación de las incompatibilidades creado por la Agencia Nacional de Discapacidad. Pese a ello, estas normas no han sido modificadas, y el acceso a las pensiones continúa supeditado a criterios violatorios de los derechos humanos. A su vez, la interpretación restrictiva de estos criterios ocasiona que muchas solicitudes sean rechazadas, condenando a las personas con discapacidad a vivir en situación de pobreza y las priva del único ingreso con el que cuentan para sobrevivir.

Si se analizan los recursos estatales destinados a estas prestaciones, se observa que el presupuesto proyectado para las pensiones que deben ser otorgadas en 2019 es $216.647.579 menor al proyectado para el 2018. Si bien las pensiones previstas para 2019 superan las proyectadas para 2018, el presupuesto de 2018 ya había recortado alrededor de 59.992 pensiones en comparación con el 2017, y la proyección de 2019 no compensa dicho ajuste. Por otro lado, al contrastar la cantidad de pensiones previstas para el año 2019 con las que el Estado resolvió que se asignarían al finalizar el ejercicio 2018, se observa una reducción de 16.025 beneficiarios/as.

En materia de salud, además de reducirse drásticamente las/os beneficiarias/os del Programa Incluir Salud como consecuencia de la suspensión masiva de pensiones, persisten los incumplimientos y retrasos estatales en los pagos de las prestaciones brindadas por dicho Programa, lo cual genera interrupciones que vulneran los derechos de las personas con discapacidad. Asimismo, algunas empresas de medicina prepaga han anunciado que no cubrirán más prestaciones a través del sistema de reintegro, lo que afectará la cobertura de muchas personas y cercenará seriamente la libertad de elección de las/os profesionales. El Estado nada hizo para revertir esta situación y garantizar el cumplimiento de derechos fundamentales.

Entre las medidas que evidencian el ajuste, también se encuentran los recortes presupuestarios en políticas de salud mental. El presupuesto proyectado para la actividad “Apoyo y Promoción de la Salud Mental”, única actividad del Ministerio de Salud en la que se identifica de modo claro el objetivo de promover la salud mental comunitaria, bajó entre 2014 y 2019 un 83,42%. Si se analizan los presupuestos vigentes para esa misma actividad en el período 2014-2018, la reducción equivale a un 77,14% y si se miran los ejecutados, la baja es del 90,86% en esos cuatro años.

A casi nueve años de la sanción de la Ley de Salud Mental y a pocos meses de cumplir el plazo de desmanicomialización pautado por dicha norma (año 2020), no se han cerrado los hospitales psiquiátricos y la obligación legal de destinar el 10% de presupuesto de salud a la promoción de la salud mental comunitaria está lejos de alcanzarse.

El recorte generalizado del gasto social en programas destinados a personas con discapacidad, vulnera su derecho a gozar de un nivel de vida adecuado, a la protección social y a una vida independiente, derechos que el Estado se ha obligado a proteger al ratificar la CDPD.

En 2017, el gobierno presentó un Plan Nacional de Discapacidad que incorpora metas poco ambiciosas, falla en definir medidas concretas para alcanzarlas y consiste en buena medida en una recopilación de acciones existentes con anterioridad. Esta iniciativa no ha logrado revertir la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas con discapacidad. A dos años de su presentación oficial, las personas con discapacidad siguen estando sobrerrepresentadas entre aquellas en situación de pobreza y desempleo, son excluidas del trabajo y de la educación, se ven privadas de acceder al sistema de salud, a la justicia, a la vida cultural y política, son víctimas de la institucionalización y el maltrato, y continúan sin participar en el diseño de las políticas que afectan sus derechos.

En ese contexto, decimos NO al ajuste en discapacidad y exigimos al Estado la adopción de medidas urgentes para revertir la situación y la asignación de recursos presupuestarios para garantizar a las personas con discapacidad el pleno ejercicio de sus derechos.



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