La Secretaría de Comunicaciones juega al teléfono descompuesto (Infocívica)

La empresa Telecom y la Secretaría de Comunicaciones de la Nación deberán informar públicamente si se cumplió con lo establecido en la renegociación parcial del servicio de telefonía, de prosperar dos amparos presentados por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Educación al Consumidor (CEC). Esta es la primera vez que se acciona judicialmente en el marco del decreto 1172/03, por no facilitarse la información requerida en los 10 días previstos por la norma.
Los pedidos de información, realizados en agosto, a Telecom, Telefónica y la Secretaría de Comunicaciones, que depende del Ministerio de Planificación Federal, a cargo de Julio De Vido, estaban referidos a la Carta de Entendimiento firmada por ambas empresas y el Estado nacional el 20 de mayo del 2004, y en la cual las empresas se comprometían a cumplir con determinadas obligaciones contractuales para beneficiar a sectores de bajos recursos. Este acuerdo constituye uno de los pasos de la renegociación del contrato del servicio telefónico, que debe estar lista antes del próximo 31 de diciembre.
Mediante esa Carta de Entendimiento, las empresas aceptaron brindar tarjetas telefónicas a beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de Hogar y a jubilados que no posean líneas de teléfono, además de ofrecer el servicio de acceso a internet en el interior del país a precios promocionales. Para implementar estas acciones, debían presentar sus propuestas a la Secretaría de Comunicaciones.
Asimismo, ambas compañías telefónicas se comprometían a incorporar a los Jefes y Jefas que tengan línea telefónica al programa “Jubilados, Pensionados y Casas de Familia de Bajo Consumo”, que prevé planes de descuentos en los abonos y llamadas.
ACIJ y el CEC quisieron conocer si las empresas habían cumplido con sus obligaciones. Pero sólo Telefónica informó que había enviado sus propuestas, tal como disponía la Carta de Entendimiento, a la Secretaría de Comunicaciones y a la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), organismos que se encuentran analizándolas desde mayo pasado. Ambas ONGs le pidieron la información a estos organismos, pero aún no obtuvieron respuesta. Respecto a la inclusión de los Jefes y Jefas en el Plan de Descuentos, Telefónica dijo que no había recibido aún por parte de las autoridades el padrón de los beneficiarios de ese programa social.
“Si la falta de información se produce en el marco de un mercado monopólico, como es el telefónico, las consecuencias desfavorables para el usuario o consumidor son evidentemente mayores. Por el contrario, cuando los usuarios están informados se encuentran en condiciones de ejercer el control de los excesos y abusos en que todavía incurren los proveedores de bienes y servicios”, argumentaron las ONGs en su presentación.
Para Gustavo Maurino, uno de los directores de ACIJ, “es inadmisible que la empresa Telecom y el Estado no informen a la sociedad si están cumpliendo con su compromiso, que fundamentalmente consiste en proveer beneficios a las personas más necesitadas, que no tienen acceso a los servicios, ni a las vías de reclamo”,
El amparo contra Telecom recayó en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9, a cargo de Emilia Marta García, y la presentación contra la Secretaría de Comunicaciones, en el Juzgado Nº 12 del mismo fuero, cuyo titular es el juez Guillermo Rossi.
“Ésta es la primera vez que se presenta un amparo por mora en brindar información en el marco del decreto 1172 y el objetivo es que la Justicia obligue a los organismos correspondientes a darla”, le explicó a Infocívica Fanny Pereiro, abogada patrocinante del caso.
En tanto, Maurino también consideró “llamativo que Telefónica haya dicho que elevó su propuesta hace cinco meses, y aún esté esperando una respuesta del Estado. Un acuerdo que fue anunciado con bombos y platillos se mantiene ilegalmente en absoluto secreto, cuando en dos meses debería terminar la renegociación del contrato de telefonía”.
Ante la falta de respuesta por parte de la Secretaría de Comunicaciones y de la CNC al pedido de información realizado por ACIJ y CEC, y la negativa a permitirles ver el expediente con las propuestas de Telefónica, Pereiro adelantó que están evaluando la posibilidad de presentar un tercer amparo contra la CNC, por ser éste el organismo encargado del control del cumplimiento de los contratos. Asimismo, le pedirán a Telefónica que facilite las propuestas que presentó ante esos organismos, ya que hasta ahora no fue posible obtenerlos a través de ellos.
Al fundamentar la necesidad de que la población conozca esa información, el director de ACIJ afirmó que “el funcionamiento de las instituciones económicas en Argentina tiene numerosas fallas. Por un lado, el incumplimiento de la ley por parte de los actores económicos, y por el otro, la exclusión de la sociedad civil en la discusión de las decisiones económicas”.
El decreto 1172 firmado en diciembre del 2003 por el presidente de la Nación, Néstor Kirchner, instrumentó, entre otros aspectos, el derecho de Acceso a la Información Pública en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional.
ACIJ es una organización apartidaria, sin fines de lucro, cuya “misión es contribuir al fortalecimiento y saneamiento de las instituciones argentinas, promover el respeto de los derechos fundamentales y trabajar por la defensa de los grupos más vulnerables de la sociedad”. Su sitio web es www.acij.org.ar.