La pobreza y el hambre infantil son las principales urgencias

Según datos del primer semestre de 2019 difundidos por el INDEC, el 52,6% de las niñas y niños menores de 15 años son pobres y la indigencia subió de 8 a 13,1%. En este contexto de infantilización de la pobreza, la última devaluación de la moneda y sus consecuencias en el mercado interno obligan a poner en el centro de la agenda política el hambre y la nutrición de la infancia.

Ante este escenario, es imperativo incrementar urgentemente los montos de la asignación universal por hijo hasta cubrir la Canasta Básica Total por niña/o promedio para garantizar el acceso a derechos básicos como la alimentación y la salud de niños, niñas y adolescentes, e incrementar la asistencia alimentaria directa mediante los comedores. 

Además de estas medidas urgentes, indispensables para asegurar mínimamente la alimentación y salud de la infancia, deben adoptarse las medidas legislativas necesarias para asegurar este aumento de la AUH y su actualización automática en función de la inflación, separando su movilidad de los incrementos salariales, y eliminar los sesgos regresivos y discriminatorios del actual sistema de transferencias.

El aumento de la AUH aplicado durante 2019 es insuficiente

En 2019, la Asignación Universal por Hijo que perciben niños y niñas de los hogares más pobres tenía previsto alcanzar 4.008.238 de niñas, niños y adolescentes, con un monto que asciende los $2.652 mensuales, de los cuales $2.121 son percibidos por la familia y el resto se acumula para un pago anual. 

Aún cuando el mecanismo de actualización de la AUH está previsto por ley, recibieron un aumento del 46% mediante el decreto 186/19, en el mes de marzo, que adelantó los aumentos que tendrían lugar durante 2019, fijando en ese monto y de una sola vez el aumento para todo el año. Ante la reciente depreciación de la moneda, el Poder Ejecutivo nacional dispuso un bono transitorio de $1.000 por mes, para los pagos de septiembre y octubre. En esos dos meses, quienes perciben la AUH recibirán $3.121. Dicho aumento dejará de percibirse en el mes de noviembre. 

Actualmente la AUH es de $2.121, cubre un 19,8% de la Canasta Básica Total ($10.683,89) y un 49,3% de la Canasta Básica Alimentaria ($4.290,72); mientras el acceso a la primera define la línea de pobreza, la segunda determina que una persona es o no indigente. Con el aumento asignado por el Poder Ejecutivo en septiembre y octubre, la asignación alcanzará un 29% de la CBT y un 72% de la CBA. 

Las medidas de “alivio” recientemente adoptadas por el Ejecutivo son insuficientes

De las medidas anunciadas por el Poder Ejecutivo nacional para atender a las consecuencias de la depreciación monetaria, sólo dos contemplan a niñas y niños que se encuentran en situación de pobreza y enfrentan dificultades para acceder a la alimentación: el bono temporal que incrementa en mil pesos la AUH, y la reducción del pago de impuestos al valor agregado a ciertos alimentos. 

La primera medida resulta insuficiente porque sólo incorpora un monto fijo para dos meses, y no permite enfrentar los gastos mínimos de alimentación y cuidado de niñas y niños. 

La segunda, pese a generar una reducción sustancial en los ingresos que colecta el Estado, no beneficiará a las personas que más lo necesitan porque no implica una reducción del precio de lista de los alimentos, sino respecto de la diferencia entre su valor de compra y venta, previo al consumo final. Además, porque las variaciones de precios hacen que su efecto se licúe rápidamente; y por último, porque tendrá más efectos en aquellas personas que compran en mercados formales, pero no alcanzará a quienes acceden a alimentos en circuitos informales. 

Las medidas necesarias para garantizar la seguridad alimentaria de la infancia

Garantizar el derecho de niñas y niños a un nivel de vida digno supone asegurar las condiciones que les permitan salir de la pobreza y realizar en lo inmediato su seguridad alimentaria. Es necesario contar con una estructura de protección social de la infancia que sea equitativa y asegure que en Argentina no haya niñas y niños atravesando su infancia con hambre. 

Además, es urgente incrementar la asignación presupuestaria para programas destinados a comedores escolares y comunitarios de manera que no sólo alcancen la inflación y equiparen sus recursos a los vigentes en 2017, sino que tengan recursos suficientes para atender el incremento en la demanda de asistencia. 

El Estado cuenta con alternativas para financiar estas políticas alimentarias 

El Estado argentino se comprometió a asignar el máximo de los recursos de los que dispone para velar por los derechos de la niñez y adolescencia, se obligó a garantizar partidas presupuestarias no decrecientes y a respetar la intangibilidad de los fondos destinados a la infancia, adolescencia y familia, establecidos en el presupuesto nacional. 

En contextos de austeridad, en lugar de recortes a servicios sociales clave, mediante la reducción del financiamiento o la licuación de su capacidad de compra, deben buscarse  alternativas que permitan ampliar la recaudación fiscal con el fin de identificar respuestas oportunas, adecuadas y suficientes para las familias mayormente afectadas por los impactos de las crisis. 

Implementar una reforma del sistema de transferencias que asegure recursos suficientes para eliminar la pobreza infantil, como se ha propuesto en este documento, llevaría una inversión del 2.5% del PBI y un 15% del presupuesto total de gastos.

Existen medidas que reducen la capacidad de recaudación del Estado cuya revisión permitiría evaluar alternativas de financiamiento del gasto social. Cada año, en Argentina se dejan de recaudar alrededor de 400 mil millones de pesos en gastos tributarios o exenciones que reducen la carga impositiva de determinados contribuyentes. Representan el 2,3% del PBI y el 22% del presupuesto total de gastos sociales. Sin embargo, el propio Estado reconoce que no implementa ningún mecanismo de evaluación que justifique la existencia de estos beneficios. Revisar estas diferencias de tratamiento impositivo o beneficios fiscales puede ser un camino en la búsqueda de parte de la financiación para erradicar el hambre en la infancia.

Otras reformas recientes, como la exención del impuesto sobre los bienes personales por los períodos fiscales 2016, 2017 y 2018 para las y los contribuyentes cumplidores, así como la reducción de la alícuota del impuesto a los bienes personales decidida en el año 2017; y la reducción de las retenciones para las exportaciones; han implicado reducciones de recursos del Estado. Mientras que la recaudación por Bienes Personales pasó de un 1,58% del total, a 0,53%, las retenciones pasaron de constituir un 16,71% de los recursos del Estado en 2014 a un 4,48% en 2018, a la vez que se ven erosionadas con la depreciación de la moneda local respecto del dólar.

Estos son sólo algunos de los sectores económicos que en Argentina poseen tratos diferenciales o han visto reducidos sus costos fiscales. En un contexto de constante amenaza y agravamiento de la situación de pobreza y vulneración de derechos que sufre la niñez, es necesario establecer medidas adecuadas para asegurar los recursos necesarios para erradicar el hambre en la infancia. 

#DefensoríaDelNiñoYa!

Colectivo Infancia en Deuda