La desidia en materia de política habitacional se cobró una nueva víctima

Cristian, de 17 años, murió el jueves al caer junto a dos amigos -que se encuentran estado crítico- desde un sexto piso del Complejo Habitacional Soldati en Villa Soldati luego que una baranda de contención cediera ante el peso de los 3 adolescentes.

Lo que pareciera ser un accidente, no lo es.  Nada de lo que sucedió correspondió a un suceso fortuito. Por el contrario, los vecinos sabían muy bien que una tragedia como esta era posible. El Gobierno de la Ciudad también.

El Complejo Habitacional Soldati depende para su mantenimiento del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA). En 2001 se dictó la ley 623, que obliga al Ejecutivo porteño a resolver las fallas estructurales y vicios de construcción de estas viviendas sociales.

Ocho años después, ante la falta de accionar por parte de las autoridades porteñas sobre el complejo, los vecinos impulsaron una demanda para el cumplimiento efectivo de la ley. Sin embargo, nunca se ejecutaron los fallos[1] de primera instancia (2011) y de la Cámara en lo Contencioso Administrativo (2014) donde se intimó al GCBA y al IVC a llevar un plan de trabajo para revertir el estado crítico del complejo.

Desde la gestión local se optó, en cambio, por responsabilizar a los habitantes del complejo, desligándose de su carga pública, o por invertir en la mejora de las fachadas de los edificios, disimulando apenas la crisis habitacional que padecen quienes allí residen. Los problemas con la instalación de gas, fisuras, filtraciones, zonas que se inundan, trozos de mampostería que caen, escaleras sin escalones, son algunos de los problemas con los que conviven cotidianamente. Ello, a pesar de que el Gobierno de la Ciudad cuenta con los recursos económicos suficientes para afrontar estos gastos, por lo que la falta de ejecución de estas obras responde a una lamentable asignación política de prioridades.

Una vez más, la omisión del Estado en términos de políticas habitacionales comprometidas se cobró una víctima. Cristian corrió la misma suerte que Gastón, que a principio de año falleció en el barrio Rodrigo Bueno por la falta de intervención estatal en la provisión y mantenimiento de servicios e infraestructuras básicas. Ambas fueron muertes que pudieron ser evitadas.

Desde ACIJ manifestamos nuestra solidaridad con la familia y vecinos de Cristian, y solicitamos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que cese en la inejecución de las sentencias judiciales y que tome la necesaria y urgente iniciativa de efectivizar un plan de trabajo que revierta las condiciones en las cuales los vecinos viven hoy en día. Asimismo, esperamos del Poder Judicial que asuma el rol que le compete para garantizar -aplicando las medidas sancionatorias que resulten necesarias- el cumplimiento de las obligaciones estatales en cuestión.

[1] Dictados en los Autos “”Andicoechea, María Eugenia y otro c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/Amparo”