Sus fundadores cuentan con amplia trayectoria en la Clínica Jurídica de la Universidad de Palermo. “Decidimos formar una ONG para poder tener más impacto público en la ciudadanía y litigar casos con mayor incidencia institucional de los que se pueden llevar desde un ámbito académico”, señaló Ezequiel Nino, abogado y precursor de ACIJ. La flamante institución ya comenzó a sumar reconocimiento: fue pre-seleccionada junto a otras 180 instituciones (sobre un total de 2700) presentados en una convocatoria realizada por el Banco Mundial que premiará 50 proyectos abocados a monitorear los servicios públicos.
Además, acompañará al CELS en la elaboración de sugerencias para la evaluación del FMI durante los ’90 y ya presentó una iniciativa para transparentar el funcionamiento de la AGN y lograr que sus informes lleguen y sean mejor aprovechados por la sociedad civil.
Para alcanzar sus objetivos, ACIJ cuenta con un Consejo Honorario único, compuesto por reconocidos académicos y practicantes del derecho local e internacional. Ellos son: Martín Böhmer (Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, Argentina); Víctor Ferreres (Profesor de la Universidad Pompeu Fabra, España); Owen Fiss (Profesor de la Universidad de Yale, Estados Unidos); Roberto Gargarella (Profesor de las Universidades Di Tella y de Buenos Aires, Argentina); Alejandro Garro. (Profesor de la Universidad de Columbia, Estados Unidos); Catalina Smulovitz (Profesora de la Universidad Di Tella, Argentina); Joan Vermeullen (Fundadora de New York Lawyers for the Public Interest (NYLPI), Estados Unidos).
En realidad, desde 1999, muchos de los miembros fundadores vienen trabajando en el ámbito de la Clínica Jurídica de la Universidad de Palermo, institución pionera en la promoción y defensa del Derecho de Interés Público, donde participaron en numerosos “leading cases”, en la defensa de grupos desaventajados. Algunos de los casos más resonantes en los que trabajaron los miembros de ACIJ fueron: la discriminación a homosexuales que no se les permitía donar sangre en el Hospital Naval, la discriminación de mujeres por parte del Instituto de Educación Física dependiente del Gobierno de la Ciudad, la discriminación del personal femenino por la empresa Freddo y la defensa de los derechos de la Comunidad Mapuche a obtener educación bilingüe.
Con todo, la nueva institución amplió sus miras y buscará alcanzar sus objetivos a través de cuatro áreas de trabajo:
* Control de Servicios Públicos. Se buscará controlar el cumplimiento de la prestación de los servicios públicos, monitoreando los actos del gobierno y sus relaciones con la sociedad civil patrocinando legalmente a asociaciones de consumidores; elaborando y difundiendo información esencial sobre el funcionamiento del sistema. Desde 2002, ACIJ viene trabajando en el control de la renegociación de los contratos de Servicios Públicos con el objetivo de asegurar la transparencia del proces, la participación de los usuarios y la defensa de sus derechos e intereses. En ese marco, se conformó un equipo jurídico asesor del representante de los Usuarios en la Comisión de Renegociación de los Contratos de Concesión de Servicios Públicos, Ariel Caplán.
* Defensa Legal de Casos de Interés Público. Se intentará solucionar problemas colectivos y de interés público utilizando acciones legales para la defensa de grupos desaventajados y de bajos recursos, medio ambiente, discriminación, y derechos económicos, sociales y culturales.
* Reforma Institucional. Se elaborarán y difundirán propuestas de reforma de políticas públicas, en especial, que hagan foco en cuestiones del sistema judicial, de acceso a la justicia y de reforma política. Al mismo tiempo, se desarrollarán actividades académicas y de promoción de consensos con otras entidades de la sociedad civil. En cooperación con la Fundación Cippec, ya se comenzó a realizar una investigación que culminará en un libro sobre diagnósticos y propuestas de políticas públicas relativas a la ampliación y mejora de las herramientas colectivas de acceso a la justicia.
* Construcción de Ciudadanía. Se difundirán los derechos cívicos y las herramientas necesarias para hacerlos valer a través de cursos, talleres, y seminarios destinados a actores sociales de sectores que carecen del conocimiento y de los medios necesarios para defender sus derechos. El 2 de junio comenzó un curso de alfabetización jurídica para líderes comunitarios en Moreno, Provincia de Buenos Aires, en las instalaciones de la Asociación Defensores del Chaco, y cuenta con la participación de 32 integrantes de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el segundo cordón del Area Metropolitana del Gran Buenos Aires.
Los directores que estarán a cargo del trabajo son Gustavo Maurino, Ezequiel Nino y Martín Sigal. Y el staff se completa con Alejandro Bhemby, María Florencia García de Santerain, Andrés Gomel, Laura Lopresti, Daniela Lovisolo, Mariana Roizen, Mariano Sadoc Nino, Solana Chehtman y Fernando De Leone.