Sin categoría20.10.04
ACIJ / Sin categoríaInician amparos por incumplimiento del decreto de acceso a la información
20/10/04
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Educación al Consumidor (CEC) presentaron dos acciones de amparo a fin de que se obligue a la empresa Telecom y a la Secretaría de Comunicaciones a brindar información pública sobre la renegociación parcial del servicio de telefonía.
Esta es la primera vez que se acciona judicialmente en el marco del decreto 1172/03, por no recibir la información requerida por las ONGs en el tiempo legalmente previsto de 10 días.
Los pedidos de información, realizados en agosto, estaban referidos a la Carta de Entendimiento firmada por Telecom, Telefónica y el Estado Nacional el 20 de mayo del 2004. Ese acuerdo establece obligaciones para las empresas y constituye uno de los pasos de la renegociación del contrato del servicio telefónico, que debe estar lista antes del próximo 31 de diciembre.
Mediante la Carta de Entendimiento, las empresas Telecom y Telefónica se comprometieron a brindar tarjetas telefónicas a beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de Hogar y jubilados que no posean líneas de teléfono, y ofrecer además el servicio de acceso a internet en el interior del país a precios promocionales. Para implementar estas acciones, las empresas debían presentar sus propuestas a la Secretaría de Comunicaciones.
Asimismo, Telefónica y Telecom debían incorporar a los Jefes y Jefas que tengan línea telefónica al programa “Jubilados, Pensionados y Casas de Familia de Bajo Consumo”, que prevé planes de descuentos en los abonos y llamadas.
ACIJ y el CEC quisieron conocer si las empresas habían cumplido con sus obligaciones, pero sólo Telefónica informó que había enviado sus propuestas, conforme a la Carta de Entendimiento, y que tanto la Secretaría de Comunicaciones como la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) se encontraban analizándolas desde mayo pasado. Respecto a la inclusión de los Jefes y Jefas en el Plan de Descuentos, esta empresa dijo que no había recibido aún por parte de las autoridades el padrón de los beneficiarios de ese programa social.
“Si la falta de información se produce en el marco de un mercado monopólico, como es el telefónico, las consecuencias desfavorables para el usuario o consumidor son evidentemente mayores. Por el contrario, cuando los usuarios están informados se encuentran en condiciones de ejercer el control de los excesos y abusos en que todavía incurren los proveedores de bienes y servicios”, argumentaron las ONGs en su presentación.
El decreto 1172 firmado en diciembre del 2003 por el presidente de la Nación, Néstor Kirchner, instrumentó dentro del Poder Ejecutivo el derecho de Acceso a la Información Pública, que constituye una herramienta para la efectiva participación ciudadana en los asuntos públicos y para el fortalecimiento de la democracia.
ACIJ es una organización apartidaria, sin fines de lucro, cuya misión es contribuir al fortalecimiento y saneamiento de las instituciones argentinas, promover el respeto de los derechos fundamentales y trabajar por la defensa de los grupos más vulnerables de la sociedad.
Esta es la primera vez que se acciona judicialmente en el marco del decreto 1172/03, por no recibir la información requerida por las ONGs en el tiempo legalmente previsto de 10 días.
Los pedidos de información, realizados en agosto, estaban referidos a la Carta de Entendimiento firmada por Telecom, Telefónica y el Estado Nacional el 20 de mayo del 2004. Ese acuerdo establece obligaciones para las empresas y constituye uno de los pasos de la renegociación del contrato del servicio telefónico, que debe estar lista antes del próximo 31 de diciembre.
Mediante la Carta de Entendimiento, las empresas Telecom y Telefónica se comprometieron a brindar tarjetas telefónicas a beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de Hogar y jubilados que no posean líneas de teléfono, y ofrecer además el servicio de acceso a internet en el interior del país a precios promocionales. Para implementar estas acciones, las empresas debían presentar sus propuestas a la Secretaría de Comunicaciones.
Asimismo, Telefónica y Telecom debían incorporar a los Jefes y Jefas que tengan línea telefónica al programa “Jubilados, Pensionados y Casas de Familia de Bajo Consumo”, que prevé planes de descuentos en los abonos y llamadas.
ACIJ y el CEC quisieron conocer si las empresas habían cumplido con sus obligaciones, pero sólo Telefónica informó que había enviado sus propuestas, conforme a la Carta de Entendimiento, y que tanto la Secretaría de Comunicaciones como la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) se encontraban analizándolas desde mayo pasado. Respecto a la inclusión de los Jefes y Jefas en el Plan de Descuentos, esta empresa dijo que no había recibido aún por parte de las autoridades el padrón de los beneficiarios de ese programa social.
“Si la falta de información se produce en el marco de un mercado monopólico, como es el telefónico, las consecuencias desfavorables para el usuario o consumidor son evidentemente mayores. Por el contrario, cuando los usuarios están informados se encuentran en condiciones de ejercer el control de los excesos y abusos en que todavía incurren los proveedores de bienes y servicios”, argumentaron las ONGs en su presentación.
El decreto 1172 firmado en diciembre del 2003 por el presidente de la Nación, Néstor Kirchner, instrumentó dentro del Poder Ejecutivo el derecho de Acceso a la Información Pública, que constituye una herramienta para la efectiva participación ciudadana en los asuntos públicos y para el fortalecimiento de la democracia.
ACIJ es una organización apartidaria, sin fines de lucro, cuya misión es contribuir al fortalecimiento y saneamiento de las instituciones argentinas, promover el respeto de los derechos fundamentales y trabajar por la defensa de los grupos más vulnerables de la sociedad.