Inicialmente, el proyecto tenía como objetivo urbanizar la manzana 5 del barrio, en beneficio de sus residentes: la zona se inunda cada vez que llueve y por eso se resolvió erradicar las viviendas y construir allí una plaza. A los vecinos que se les adjudicaba una nueva vivienda, se le demolía la casa, para que no vuelva a ser ocupada. El problema es que no hubo adjudicaciones para todos y unas treinta familias quedaron viviendo en medio de los escombros.
María, vive en una precaria casilla que ha quedado “en pie” entre las estructuras de dos viviendas mal demolidas. “Nos estafaron como a unos chicos. Para los vecinos urbanizar era hacer un polideportivo, una escuela o, hasta una plaza. Pero no destrozar todo”, relató la mujer a este diario.
A principio del año pasado, el gobierno porteño terminó de construir –a un costado del asentamiento– 340 departamentos que iban a ser adjudicados a los vecinos de la zona afectada. “Las demoliciones empezaron apenas entregaron las primeras viviendas: las hacían muchachos del barrio, con una maza, después de que el IVC entregaba las llaves”, aseguró Cristóbal.
Según Cecilia Calderón –de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)– “dados los reiterados incumplimientos e irregularidades por parte del IVC en la implementación de la política de vivienda, la falta total de respuesta ante los reclamos de los vecinos y las gravísimas consecuencias que generó en términos de habitabilidad y seguridad para las familias”, es que los habitantes del barrio Fátima “decidieron presentar una demanda judicial”.
El 9 de enero último, con la asesoría legal de la ACIJ y de la organización Enlace Cual Derecho, los vecinos presentaron un recurso de amparo ante el Juzgado Nº 1 en la Contencioso Administrativo, en pos de que se realice “la limpieza y el saneamiento del terreno donde se demolieron las viviendas, se garantice la seguridad y vigilancia en las zonas afectadas y se establezca un servicio diario de mantenimiento y control de la higiene en la manzana”. La demanda incluyó la “adecuación reglamentaria de las instalaciones cloacales, pluviales, de energía eléctrica y agua” puesto que, producto de los derrumbes, los caños, cables o desagües dentro de la manzana quedaron en desuso.
“Hace tres días nos avisaron que la medida judicial había salido”, se alegró Rosemary, una de las vecinas que, junto a sus pequeños hijos, vive en condiciones insalubres desde octubre. El juez Cataldo hizo lugar a la medida cautelar presentada por los habitantes del asentamiento e intimó al Gobierno de la Ciudad y al IVC a que “adopten de inmediato o en el plazo máximo de cinco días las medidas necesarias para el saneamiento de la zona” asegurando a sus residentes condiciones mínimas de higiene, provisión de agua, suministro eléctrico y seguridad. Además, la resolución insta a los demandados a que realicen un relevamiento de las condiciones de salud y nutrición de los vecinos. “La medida judicial es un avance para el barrio. Si no lo vemos como positivo, sólo nos queda esperar un milagro”, se esperanzó María.
Informe: Marina Seghezza.
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