Fallo de la Corte Suprema de Justicia pone límite a las comisiones inmobiliarias

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la sentencia contra el Colegio de Corredores Inmobiliarios de la CABA: no pueden cobrar comisiones inmobiliarias por encima del tope legal y deben controlar que ese tope se cumpla.

En 2018 el Tribunal Superior de Justicia de CABA (TSJ) confirmó la sentencia por la que las inmobiliarias no pueden cobrar comisiones superiores al tope legal (que al momento de iniciada la demanda era de 4,15% para alquileres de vivienda, y luego se redujo por ley al 0% para las y los inquilinos). En el año 2020, el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios (CUCICBA) se presentó en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que acaba de rechazar su pedido por incumplimientos formales. 

El rechazo de la queja deja firme lo resuelto por el TSJ en el año 2018 cuando confirmó que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires es la autoridad competente para regular en la materia, a la vez que destacó que la regulación en discusión: “(…) protege a la parte débil en la relación de consumo (el locatario de la vivienda), limita —a su vez— la restricción a la situación de personas físicas en busca de vivienda para alquilar (titulares de derechos humanos en su calidad de tal) (…)”.

Darle competencias a los colegios inmobiliarios para autorizar comisiones por encima del tope legal significaría consentir una grave barrera de ingreso al mercado de alquileres para más de un millón de inquilinas e inquilinos que residen actualmente en la Ciudad de Buenos Aires. Esta decisión judicial, en cambio, derriba un obstáculo significativo para el acceso a la vivienda que enfrentaban quienes precisan resolver su situación habitacional mediante contratos de locación.

En un contexto económico y social que dificulta otros accesos a la vivienda para sectores medios y vulnerables, la ratificación judicial del tope a las comisiones inmobiliarias debe ser un punto de partida con miras a la implementación del conjunto de políticas públicas necesarias para aportar soluciones a la problemática habitacional de quienes resuelven su derecho a la vivienda por medio del alquiler.