Estado Argentino reconoce violaciones de DDHH en hospitales psiquiátricos y se compromete a garantizar su cierre

Fue tras el pedido de organizaciones de derechos humanos en el marco de una audiencia temática en la CIDH donde el Estado Argentino tuvo que dar explicaciones sobre la situación de las personas institucionalizadas en hospitales psiquiátricos.

El 14 de febrero de 2019 se llevó a cabo una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre denuncias de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes en hospitales psiquiátricos de Argentina, que llevaron adelante nueve organizaciones.

La audiencia pública se realizó en la ciudad de Sucre, Bolivia, en el marco del 171° período de sesiones y contó con la presencia de funcionarios nacionales, quienes debieron responder ante la CIDH, en representación del Estado argentino.

Durante la audiencia, las organizaciones peticionarias brindaron información sobre las graves prácticas que prevalecen en los hospitales psiquiátricos y sobre la falta de dispositivos comunitarios para que las personas internadas  puedan salir. Destacaron que la situación en la que se encuentra esta población vulnera derechos humanos, impide vivir dignamente y contraviene las recomendaciones que los organismos internacionales han hecho al Estado Argentino.

Las organizaciones convocantes decimos frente a la @CIDH: “Hoy el encierro, las celdas de aislamiento, la sujeción mecánica y principalmente los psicofármacos, son los mecanismos de control que aún prevalecen en los #HospitalesPsiquiátricos argentinos. #BastaDeManicomios ? pic.twitter.com/ARJIWHsTIq

— ACIJ (@ACIJargentina) 14 de febrero de 2019

De este modo, las organizaciones sostuvieron que “el manicomio degrada, cosifica, humilla y desvaloriza a las personas mediante el control de todos los actos de su vida cotidiana” y que en ellos  “el encierro, las celdas de aislamiento, la sujeción mecánica y principalmente los psicofármacos, son los mecanismos de control”. Así, miles de personas son “víctimas de un sistema que opta por la privación de la libertad, la sobremedicación y la perpetuación de tortura y malos tratos, que arrasan con sus vidas”.

En este orden de ideas, Ulises Heredia de Confluir – Usuarixs en Acción por el Derecho a la Salud Mental, afirmó que “las personas en los hospitales neuropsiquiátricos viven en condiciones de indignidad total, otras mueren víctimas de la falta de atención que debería brindarse en cualquier centro de salud. Todo este maltrato provoca daño, sufrimiento, malestar y perturbación a nivel emocional, generando inducción a la depresión y al suicidio. La discriminación, la desinformación, la humillación y el desprecio general angustian, generan falta de esperanza y la denigración como persona…sentirse culpable, frágil…preguntarse ¿para qué estoy vivo? (…) Queremos una vida mejor, somos personas que queremos que nos traten como tal, tiene que haber un cambio de paradigma ya que se trabaja con el sufrimiento (…) Nuestro ‘delito’ es el sufrimiento y padecer una enfermedad mental”.

En relación a la falta de dispositivos comunitarios para la externación de las personas, se hizo hincapié en que “a nivel doméstico, la Ley 26.657 ordena al Estado la sustitución definitiva de los hospitales psiquiátricos para el 2020 y la creación de todas las alternativas comunitarias de atención necesarias para tal fin”, sin embargo, a nueve años de su sanción no se ha cerrado ni un solo manicomio ni se han creado viviendas asistidas, servicios de atención domiciliaria supervisada u otros dispositivos de apoyo”. En esta línea, se afirmó que “el Estado argentino hoy invierte una gran cantidad de dinero en el sostenimiento de los hospitales monovalentes, cuando debería reorientar sus recursos a la creación de dispositivos comunitarios” y que “los fondos destinados a actividades de promoción de la salud mental comunitaria se están reduciendo año a año de un modo alarmante”.

Se trató de una importante instancia para visibilizar la vulneración de derechos a la que se enfrenta este colectivo y reclamar políticas para que el Estado argentino otorgue una efectiva protección, de acuerdo a sus obligaciones internacionales. Asimismo, fue una oportunidad para impulsar a que la CIDH profundice en la incidencia, promoción y protección de los derechos de esta población. En este sentido, las organizaciones presentes solicitaron a la CIDH un monitoreo cercano de la situación de estas personas en Argentina, una visita al país para supervisar y la confección de un informe regional sobre el tema.

A su turno, el Estado argentino reconoció las violaciones de derechos humanos denunciadas y que “el proceso de transformación no es homogéneo y que la lógica manicomial aún perdura” ya que la concentración de trabajadores/as y presupuesto siguen en los hospitales psiquiátricos y no existen los dispositivos intermedios necesarios.

Por su parte, Joel Hernández García, el Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad manifestó su preocupación por la situación de las personas sometidas a torturas en hospitales psiquiátricos y solicitó al Estado argentino que informe sobre las medidas que tomará al respecto. Además, ofreció realizar una visita al país para recabar información in situ sobre la situación, constatar los avances y generar los consensos necesarios para superar los problemas.

Asimismo, Soledad García Muñoz, Relatora especial de DESCA, expresó la importancia de que esta temática tenga la cobertura presupuestaria que precisa para lograr las metas propuestas y se comprometió a continuar con el monitoreo de la situación. También expresó interés en visitar el país.

Por último, la CIDH resaltó la importancia de la recabación de datos precisos sobre todas las instituciones psiquiátricas del país, así como de la cantidad de personas recluidas en ellas, para el correcto desarrollo de políticas públicas en la materia.

Organizaciones solicitantes de la audiencia temática ante la CIDH
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Asamblea Permanente de Personas Usuarias de los Servicios de Salud Mental (APUSSAM), Asociación por los Derechos en Salud Mental (ADESAM), el Movimiento por la Desmanicomialización en Romero (MDR), Confluir, Xumek Asociación para la Promoción y Protección de Derechos Humanos y la Comisión Asesora de Discapacidad de la Universidad Nacional de Lanús.